La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal incorpora una disposición adicional relativa a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con el que se complementa la regulación de la Ley General Tributaria al respecto y se eleva a rango legal la exención de la obligación de aportar garantías hasta 30.000 euros.
Los plazos máximos de los aplazamientos y fraccionamientos de deudas recaudadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en período voluntario o ejecutivo se han reducido, estableciendo que los acuerdos de concesión que se dicten tendrán plazos con cuotas iguales y vencimientos mensuales.
Los plazos de fraccionamiento máximos serán los siguientes: El plazo es desde la finalización del plazo de pago en periodo voluntario original.
También se reconoce por ley la no necesidad de aportar garantías si la deuda total aplazada no supera los 30.000 euros. En estos casos, los aplazamientos serán de hasta 6 meses en todos los casos (hasta ahora, para personas físicas, el plazo era de hasta 12 meses).
La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, establece la obligación, para todas las empresas y profesionales a expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales.
También se ha aprobado que las facturas emitidas a particulares por empresas que presten servicios de especial trascendencia económica cuyo destinatario sea el público en general (servicios bancarios, seguros, suministros, transportes, comercio al por menor...) también estarán sujetas a esta obligación cuando el cliente sea un particular y éste acepte el formato electrónico o lo solicite expresamente. En el caso de las agencias de viaje, transporte y comercio al por menor, sólo existirá esta formalidad si la contratación se lleva a cabo por medios electrónicos.
¿Entrada en vigor? Todavía se desconoce cuándo entrará en vigor. Primero se tiene que aprobar el desarrollo reglamentario de la nueva obligación y, una vez que esto se produzca:
¿Qué formato tiene que tener la factura? No servirán en PDF. Las facturas electrónicas deberán emitirse a través de soluciones tecnológicas y plataformas de empresas especializadas.
También se regula que el destinario de una factura electrónica puede solicitar un duplicado o copia durante un plazo de 4 años desde la emisión de la factura, y que esto no llevará costes adicionales. Además el período durante el que el cliente puede consultar sus facturas será de al menos los últimos tres años (datos de cliente, historial de facturación y contrato suscrito) no alterándose por haber sido resuelto el contrato con la empresa o revocado el consentimiento para recibir facturas electrónicas. Tampoco caduca por esta causa su derecho a acceder a las facturas emitidas con anterioridad.
Sanciones por no emitir facturas o permitir acceso a ellas.
Las empresas obligadas que no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes a sus facturas, serán sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros.
Plazos de expedición de facturas. Recordemos los plazos de emisión de las facturas
Sanciones.
Las propinas se suelen entregar directamente por los clientes al personal de la empresa, como gratitud por un servicio prestado, o una atención personalizada, suelen ser habituales en las empresas del sector servicios y sobre todo en el sector de la hostelería y restauración. Aquellos empresarios que reciban propinas no deben olvidar sus obligaciones tributarias como empleadores y explotadores del negocio en cuestión.
En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la base imponible está constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones realizadas, según lo establecido en la Ley del IVA. Se incluye en el concepto de contraprestación cualquier otro crédito efectivo a favor de quien preste el servicio derivado de la prestación principal o de las accesorias a la misma. Es decir, cuando un cliente da una propina a un empleado, la empresa está actuando como mero intermediario, por tanto, no se trata de una retribución por la prestación de un servicio.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su Sentencia del 3 de marzo de 1994 concluyó que la propina que el cliente paga de forma espontánea y libremente a algunos de los empleados no forma parte de la base imponible del IVA, pues se trata de un pago meramente voluntario y aleatorio, cuya cuantía es prácticamente imposible de determinar.
Por tanto, las cantidades recibidas de esta forma no constituyen ingreso fiscal, más bien su reparto tiene la consideración de gasto fiscal, por lo que la empresa no tiene que declarar su IVA.
Las propinas que dan los clientes a los trabajadores por la buena práctica de sus servicios constituyen un ingreso contable que debe incluirse en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, aunque la intención sea distribuir estas cantidades entre los trabajadores. Eso sí, si esa remuneración en concepto de propina deriva del contrato firmado entre el empleado y la empresa, ésta podrá deducírselo como gasto.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tal y como se indica en el Reglamento del IRPF las propinas tienen la consideración de rendimientos del trabajo, y como tal estas las cantidades son objeto de retención por parte de la entidad empleadora en la medida en que tienen la consideración de rendimientos del trabajo y no se trata de operaciones de simple mediación de pago.
En definitiva, es importante la sociedad o autónomo controle la gestión de las propinas, ya que lo habitual es que se las repartan los propios trabajadores y queden sin declarar. Y, en caso de inspección, Hacienda podría sancionar al empresario.
Con el 2023 a la vuelta de la esquina, se habla mucho de los cambios que veremos en materia de impuestos para 2023. Los autónomos no solamente tendrán que enfrentarse a subidas en sus cotizaciones sociales, sino que es posible que aumente la cantidad destinada al pago de impuestos. Lo analizamos a continuación.
Para este año que entra esperamos que aterricen nuevos impuestos, algunos más y otros menos polémicos. Uno de los que más han dado de qué hablar es el Impuesto a las grandes fortunas, que afecta al 0,1% de los contribuyentes. Con esta medida el Gobierno pretende recaudar unos 1.500 millones de euros.
Otro impuesto que también ha dado mucho de qué hablar es el Impuesto a la banca y a las eléctricas. Con este impuesto esperan recaudar 1.500 millones de euros cada año por parte de la banca y en torno a 2.000 millones al año por parte del sector energético. Esto hace una suma de 3.500 millones más al año.
Las personas que más ganen también pagarán más de IRPF. Concretamente, se incrementa un punto hasta el 27% el gravamen para rentas del capital entre 200.000 euros y 300.000 euros. Así como 28% a capitales superiores a 300.000 euros. Una medida con la que el Gobierno embolsará más de 200 millones de euros.
En la lucha de eliminar los plásticos nos encontramos con el Impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. Afectará al sector alimentario y prevén recaudar en torno a 491 millones de euros.
Aparte de estos nuevos impuestos que veremos introducir en el 2023, se le suman los ya existentes. Esto es, el IRPF, el IVA y Sociedades. Sin olvidarnos de la parte de las cotizaciones sociales, que también recaudará más que nunca.
A nivel de comunidades autónomas, muchos presidentes autonómicos han asegurado que sus contribuyentes podrán deflactar el IRPF el próximo año. De tal forma que la inflación no les afecte al pago de IRPF y no pierdan tanto poder adquisitivo.
En cualquier caso, queda mucho 2023 por delante y poco a poco iremos conociendo más novedades en torno a materia fiscal. De salida, sí parece que haremos frente a más impuestos, que a priori podrían terminar repercutiendo en el ciudadano de a pie, con la correspondiente pérdida de poder adquisitivo.
La nueva Ley Crea y Crece incorpora importantes medidas para luchar contra la morosidad. Principalmente, medidas legislativas enfocadas a combatir la morosidad en las operaciones comerciales.
El objetivo de estas medidas es tratar de recortar los plazos medios de pago que se barajan actualmente. ¿Cómo? Lo vemos a continuación.
El actual Gobierno plantea crear una especie de Observatorio Estatal de la Morosidad Privada para apostar por la transparencia en los periodos de pago. Además de fijar lo que llaman buenas prácticas.
Entre sus funciones, cada año mostrarán un listado de empresas que han incumplido los plazos de pago y que a 31 de diciembre del año anterior tengan facturas impagas de más de 600.000 euros en su totalidad. Y si el porcentaje de pagos el año anterior es inferior al 90%.
También se apuesta por el uso de la factura electrónica independientemente del sector de la actividad, con el objetivo de agilizar los pagos y poder controlar mejor la fecha de pago, incluso con softwares de facturación. La factura electrónica será de carácter obligatorio para todos a partir de 2025 y no hacerlo dará lugar a importantes sanciones.
Aparte de las novedades mencionadas, también se añaden incentivos para el cumplimiento de los plazos de pago. Por ejemplo, esta condición será de obligatorio cumplimiento para acceder a ciertas subvenciones Y no solo eso, sino también al establecimiento de un derecho indemnizatorio. Esto es, el cobro de los intereses de demora y los costes de cobro en la Ley de Contratos del Sector Público.
Estas novedades sin duda ayudarán a combatir la morosidad que lamentablemente forma parte del día a día de muchos autónomos y empresas, y que pueden poner en jaque muchos negocios. Con estas novedades esperamos ver reducida notablemente la morosidad entre los profesionales.
No cabe duda de que son medidas interesantes, pero en esta materia todavía queda mucho por hacer. Esperamos que en los próximos años se contemplen posibles multas y sanciones adicionales a las empresas morosas, con el objetivo de detener la lacra de la morosidad y que las empresas y autónomos no tengan que lidiar con ello.
Una morosidad que recordemos que siempre sube en épocas de crisis y que afecta a buena parte de los autónomos.
Si necesitas ayuda para tramitar facturas impagadas, recuerda que en nuestra asesoría podemos ayudarte.
El nuevo sistema de cotización de autónomos no ha estado exento de polémica. A falta de unos meses para que entre en vigor, cada vez son más los que se preguntan cuánto pagarán de cuota el próximo año. Lo analizamos en detalle.
El nuevo sistema de cotización para los autónomos consta de 15 tramos. Unos 12 tramos se corresponden con la tabla general y 3 tramos hacen referencia a una tabla reducida, para las personas que prevean rendimientos netos inferiores al SMI.
Dado que los autónomos, por lo general, tienen ingresos variables, resulta difícil fijar un tramo constante para todo el año. Por ese motivo se podrá ajustar la base de cotización cada dos meses, hasta unas 6 veces al año. En cualquier caso, habrá que realizar una previsión al alza o a la baja.
Claro que, esta posibilidad se podrá utilizar en el caso de que los rendimientos obtenidos varíen a lo largo del año. De ser así habrá que comunicar los cambios a la Seguridad Social, para así evitar sufrir posibles sanciones económicas por no cotizar en el tramo en el que se están obteniendo los ingresos reales.
En enero de 2023 los autónomos tendrán que hacer una estimación de los rendimientos netos que prevén conseguir a lo largo de ese año natural. Para ello, deberán deducir de los ingresos los gastos que genere la actividad profesional.
Tras obtener dicha cantidad, se le aplicará una deducción del 7% (3% en el caso de autónomos societarios). La cantidad que resulte será la que determine la base de cotización y la cuota.
Por lo tanto, partiendo de estos ingresos la cuota a pagar oscila entre los 230 euros de cuota por la base mínima (para quienes no lleguen al SMI) y hasta 500 euros de cuota en su base máxima. Unas cantidades que irán variando año tras año, al menos hasta 2025.
A partir de 2025 veremos a ver qué decide el nuevo Gobierno para los futuros tramos de cotización de los autónomos.
Por supuesto, estos incrementos en las cuotas de los autónomos también se traducen en más coberturas y mayores pensiones para su jubilación.
En Clemente Rueda Asesoría Valladolid, somos conscientes de que las nuevas cotizaciones para los autónomos te pueden preocupar. Si necesitas asesoramiento, estamos a tu disposición.
Un año después de la presentación del Anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, el Congreso ha aprobado la nueva Ley Crea y Crece, cuyo objetivo principal es agilizar la constitución de nuevas sociedades mercantiles, reduciendo al mínimo posibles obstáculos regulatorios. También se introducen importantes novedades y cambios para el tejido empresarial en España.
La Ley Crea y Crece supone una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para facilitar la creación de empresas. Ha sido llevada a cabo por el actual Gobierno y ya se encuentra en vigor.
La Ley Crea y Crece impulsada por el actual Gobierno destaca por las siguientes novedades:
Estas son las principales novedades que recoge la ley.
La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (Ley Crea y Crece), entró en vigor el 19 de octubre. Ya está vigente.
Los profesionales que quieran constituir una sociedad, ahora lo tendrán mucho más sencillo. Principalmente por la reducción del capital social -ahora podemos crear empresas desde 1 euro- y la posibilidad de hacerlo de manera telemática.
¿Te ha quedado alguna duda sobre la nueva Ley Crea y Crece? Si planeas constituir una nueva sociedad en España, recuerda que en nuestra asesoría podemos ayudarte.
La nueva Ley Crea y Crece recoge una serie de medidas para agilizar la creación de empresas, reduciendo las principales trabas que lastran su crecimiento y maximizando la competencia, la productividad y la creación de empleos de calidad. A continuación analizamos las principales medidas que se llevarán a cabo.
La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas recogida en el BOE destaca los siguientes puntos.
En el Capítulo II de la Ley de “medidas para agilizar la creación de empresas” nos encontramos con modificaciones a la Ley de Sociedades de Capital (LSC). Entre ellas:
Los notarios deberán informar a quienes creen sociedades sobre los Puntos de Atención al Empleador (PAE), el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) y también la constitución de sociedades de responsabilidad limitada. También deberán informar de los costes, plazos y obligaciones.
Los notarios también deberán estar dispuestos a constituir sociedades mediante CIRCE. No podrán negarse bajo este sistema ni el DUE (Documento Único Electrónico), a no ser que tengan una causa justificada.
Por último, se producen mejoras en ambos sistemas. El poder hacer por fin todo el proceso de constitución e inscripción de la sociedad de manera telemática permite reducir la burocracia, los costes y el tiempo de constitución de una sociedad.
Sin duda, son muy buenas noticias para facilitar la creación de empresas en España. ¿Necesitas ayuda con los trámites?
De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado para 2022, se prevé que el próximo año se producirán las siguientes subidas de impuestos:
Una startup es una empresa de nueva creación o edad temprana que presenta grandes posibilidades de crecimiento y comercializa productos y servicios a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Son negocios que están arrancando y son parte de una idea innovadora, asociadas en general al desarrollo tecnológico, por ejemplo el diseño y desarrollo web.
El gobierno de España ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Startups, en virtud de la cual se espera aprobar distintas mejoras de la fiscalidad. Se espera que, tras la debida tramitación parlamentaria, la norma entre en vigor a mediados de 2022.
Hay también otras mejoras referidas a la regulación y la burocracia, se incluye la posibilidad de crear una compañía por medios telemáticos, en un plazo de unas seis horas. Y se establece una "ventanilla única" para este tipo de empresas.