Del 1 al 20 de octubre se presentan las declaraciones del tercer trimestre de 2026: el IVA de julio, agosto y septiembre, los pagos a cuenta del IRPF y las retenciones que hayas practicado a trabajadores, profesionales o al dueño de tu local. Es el trámite más repetido del año para cualquier autónomo o pyme, y precisamente por rutinario es donde más se falla: por domiciliar tarde, por olvidar un modelo que solo aparece en algunos trimestres o por dar por hecha una novedad que este año no ha llegado. Repasamos qué vence, cuándo de verdad, qué ha cambiado y qué cuesta llegar tarde.
El plazo de presentación termina el martes 20 de octubre de 2026. Pero si quieres que el importe se cargue en tu cuenta por domiciliación, tienes que haber presentado la autoliquidación antes del jueves 15.
La Agencia Tributaria lo explica así: entre el fin del plazo con domiciliación y el fin del plazo general tiene que haber «un mínimo de tres días hábiles o cinco naturales». De ahí salen los cinco días de diferencia, que se repiten cada trimestre y que cada trimestre pilla a alguien.
| Si quieres… | Fecha límite |
|---|---|
| Domiciliar el pago en tu banco | 15 de octubre (jueves) |
| Presentar y pagar por otra vía (cargo en cuenta, tarjeta, NRC) | 20 de octubre (martes) |
| Presentar sin ingreso (a devolver, a compensar o sin actividad) | 20 de octubre |
Si llegas al día 18 y querías domiciliar, ya no puedes: tendrás que pagar por otro medio. No es una sanción, pero obliga a tener el dinero disponible ese día en lugar de esperar al cargo.
No todos los modelos son para todo el mundo. Esta es la correspondencia habitual:
| Tu situación | Modelos del 20 de octubre |
|---|---|
| Autónomo en estimación directa | 303 (IVA) y 130 (pago fraccionado del IRPF) |
| Autónomo en módulos | 303 y 131 (pago fraccionado en estimación objetiva) |
| Sociedad limitada | 303, y 202 cuando exista obligación de efectuar el pago fraccionado |
| Tienes trabajadores o pagas facturas de profesionales con retención | 111 |
| Alquilas un local, nave u oficina | 115 |
| Repartes dividendos o pagas intereses | 123 |
| Vendes o compras a empresas de otros países de la UE | 349 |
| Vendes online a particulares de la UE y estás acogido a la ventanilla única | 369, y vence el 31 |
El 202 merece una aclaración: no todas las sociedades están obligadas a presentarlo. El artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades exime del pago fraccionado y de su declaración a determinadas entidades, y en la modalidad general la obligación depende de que resulte cantidad a ingresar. Pero cuando toca, toca: solo se presenta tres veces al año —abril, octubre y diciembre— y es de los que más se pasan por alto justo en octubre.
| Fecha | Qué vence |
|---|---|
| 13 de octubre | INTRASTAT de septiembre, solo para obligados a suministrar información estadística |
| 15 de octubre | Último día para presentar con domiciliación bancaria |
| 20 de octubre | Retenciones del 3T (111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216) · Pagos fraccionados 130, 131, 202 y 222 · IVA del 3T: 303, 308, 309, 341, 349 y 380 · Impuestos especiales y medioambientales del trimestre |
| 30 de octubre | IVA mensual de septiembre (303, 322, 353, 380) y modelo 593 |
| 31 de octubre | Modelo 369, ventanilla única: régimen de importación de septiembre y regímenes exterior y de la Unión del 3T |
Hay un detalle del 369 que conviene conocer. El 31 de octubre de 2026 cae en sábado y, como regla general, cuando un vencimiento coincide con día inhábil el plazo pasa al siguiente día hábil. Pero la Agencia Tributaria señala expresamente una excepción: en el modelo 369 «el plazo de presentación no varía, aunque el último día del plazo coincida con fines de semana o festivos». Si vendes online dentro de la UE, ese sábado es el último día de verdad.
Es la confusión más extendida ahora mismo, y conviene aclararla porque hay quien está contratando software con prisa innecesaria. El nuevo sistema de facturación no empieza en 2026.
La disposición final cuarta del Real Decreto 1007/2023, en su redacción vigente, dice literalmente que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades deberán tener adaptados sus sistemas «antes del 1 de enero de 2027» y que el resto de obligados —entre ellos los autónomos en IRPF— deberán tenerlos operativos «antes del 1 de julio de 2027».
Dicho de otro modo: un autónomo de Valladolid tiene por delante hasta el verano de 2027. Eso no significa dejarlo para el final. Los fabricantes de software llevan obligados a ofrecer producto adaptado desde julio de 2025, así que la herramienta ya existe y se puede migrar con calma en lugar de a última hora. Lo que no tiene sentido es pagar hoy por una urgencia que no existe.
Cosa distinta es la factura electrónica obligatoria entre empresas, que viene de la Ley Crea y Crece y se desarrolló por el Real Decreto 238/2026. Ahí los plazos todavía no han empezado a contar: dependen de una orden ministerial que aún no se ha publicado, y a partir de ella habrá doce meses para las empresas que facturen más de 8 millones y veinticuatro para el resto. Cualquiera que te dé hoy una fecha cerrada para esto se la está inventando.
La Orden HAC/1425/2025, que desarrolla los módulos para 2026, permite «reducir el rendimiento neto de módulos obtenido en 2026 en un 5 por ciento», y aclara que esa reducción «se tendrá en cuenta para cuantificar el rendimiento neto a efectos de los pagos fraccionados correspondientes a 2026». Es decir, se aplica ya al modelo 131 que presentas este mes. Los signos, índices y módulos se mantienen sin variación respecto a 2025.
La prórroga de los límites ampliados de módulos para 2026 tuvo un recorrido normativo poco habitual: se aprobó primero por el Real Decreto-ley 16/2025 y después por el Real Decreto-ley 2/2026, y ninguno de los dos fue convalidado por el Congreso.
Para aclarar sus efectos, la Agencia Tributaria publicó una nota el 1 de abril de 2026, siguiendo los criterios de la Dirección General de Tributos, en la que confirma que «respecto al ejercicio 2026 se mantienen los límites para la aplicación del método de estimación objetiva vigentes en los ejercicios 2016 a 2024». La misma nota dice lo propio del IVA: se mantienen los límites del régimen simplificado y del especial de la agricultura, ganadería y pesca.
En la práctica, por tanto, en 2026 siguen vigentes los 250.000 euros de volumen de ingresos, los 125.000 euros por operaciones facturadas a empresarios y profesionales y los 250.000 euros de volumen de compras, sin perjuicio de las magnitudes específicas que la orden fija para cada actividad.
Durante 2026 hubo tipos reducidos temporales en varios suministros, y no todos terminaron a la vez. Según el cuadro de tipos que publica la Agencia Tributaria, el 10 % en electricidad, gas natural, briquetas y pellets de biomasa y leña estuvo vigente del 22 de marzo al 31 de mayo, y en combustibles y carburantes, del 22 de marzo al 30 de junio. La propia Agencia Tributaria lo resume así: «a partir de 1 de junio el IVA del gas y la electricidad pasó del 10 al 21 %».
Para el tercer trimestre rige, por tanto, el tipo general. Con dos cautelas: las normas preveían la posibilidad de retomar la rebaja si volvían a subir los precios, así que lo prudente es comprobar el tipo aplicable en la fecha de cada operación; y las facturas rectificativas o los abonos de operaciones del segundo trimestre conservan el tipo de la factura original.
Hay además algo que sí sigue vivo en el tercer trimestre y que no es IVA, pero conviene no confundirlo al revisar las facturas de carburante: el Real Decreto-ley 18/2026 rebajó el Impuesto sobre Hidrocarburos en 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre, y amplió hasta el 30 de septiembre las ayudas extraordinarias a las empresas de transporte por carretera por el gasóleo profesional, que gestiona la propia Agencia Tributaria.
Desde el segundo trimestre de 2026 el modelo 303 incorpora la casilla 112, para el pago a cuenta de entregas de gasolinas, gasóleos y biocarburantes tras la ultimación del régimen de depósito distinto del aduanero. Solo concierne a titulares de depósitos fiscales de carburantes y a extractores, que la Ley del IVA define como quienes sacan el producto del depósito, no quienes lo compran después.
Conviene aclararlo porque genera dudas en el sector del transporte: repostar en una estación de servicio o con tarjeta de carburante no te convierte en extractor. Tu factura lleva su IVA y se deduce como siempre, y no tienes que presentar el modelo 319. Solo entrarías en este régimen si tu empresa tiene su propia instalación en régimen de depósito distinto del aduanero y extrae el gásoleo ella misma, lo que obliga además a estar en el Registro de extractores. Lo que sí interesa a una empresa de transporte con el gasóleo es otra cosa distinta: la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por gasóleo profesional, que va por su propio censo.
Depende de dos cosas: del resultado de la declaración y de si Hacienda te había requerido antes. No es lo mismo un 303 que sale a pagar que uno sin actividad.
Si presentas por tu cuenta una autoliquidación con resultado a ingresar, sin requerimiento previo, no hay infracción: hay recargo. El artículo 27 de la Ley General Tributaria lo fija en «un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso», y añade que a partir de los doce meses «el recargo será del 15 por ciento» más intereses de demora. Ese recargo «se reducirá en el 25 por ciento» si pagas la autoliquidación y el propio recargo en los plazos que marca la ley.
Si la declaración no sale a ingresar —negativa, a compensar o sin actividad— la cosa cambia, y aquí sí puede haber infracción. El artículo 198 sanciona con 200 euros «no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones… siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública», y precisa que si se presentan fuera de plazo sin requerimiento previo «la sanción y los límites mínimo y máximo serán la mitad». Es decir, 100 euros si das tú el paso.
| Retraso | Recargo | Con la reducción del 25 % |
|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 1 % | 0,75 % |
| 1 mes completo | 2 % | 1,5 % |
| 3 meses completos | 4 % | 3 % |
| 6 meses completos | 7 % | 5,25 % |
| Más de 12 meses | 15 % + intereses de demora | 11,25 % + intereses |
La tabla se refiere a autoliquidaciones con resultado a ingresar presentadas voluntariamente. La reducción del 25 % exige cumplir los requisitos de pago del artículo 27.5 de la Ley General Tributaria.
La diferencia importante no está en el porcentaje, sino en quién da el primer paso. Si presentas tú, hay recargo o, como mucho, una sanción reducida a la mitad. Si te llega antes el requerimiento de Hacienda, el régimen es sancionador en cualquier caso, y es otro orden de magnitud. Cuando se ha pasado un plazo, lo peor que se puede hacer es esperar a ver si nadie se da cuenta.
Hasta el martes 20 de octubre de 2026, que es el plazo general para los modelos 303, 130, 131, 111, 115, 202 y el resto de autoliquidaciones trimestrales. El IVA mensual de septiembre vence el 30 y el modelo 369 de ventanilla única, el 31.
Porque para domiciliar el pago la autoliquidación tiene que estar presentada el 15 de octubre como máximo. La Agencia Tributaria exige un margen mínimo de tres días hábiles o cinco naturales entre el cierre del plazo con domiciliación y el plazo general. Después del 15 todavía se puede presentar, pero hay que pagar por otro medio.
No en 2026. La norma vigente obliga a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a tener los sistemas adaptados antes del 1 de enero de 2027, y al resto de obligados, incluidos los autónomos, antes del 1 de julio de 2027. Conviene preparar el cambio con tiempo, pero no hay ninguna obligación que venza este año.
Depende del resultado. Si sale a ingresar y lo presentas tú antes de recibir cualquier requerimiento, se aplica un recargo del 1 % más un 1 % adicional por cada mes completo de retraso, reducido un 25 % si pagas en plazo; pasados doce meses, el 15 % más intereses de demora. Si sale a cero, a compensar o a devolver, no hay recargo, pero sí puede haber una sanción de 200 euros, que se queda en 100 cuando lo presentas sin que te lo reclamen. Si la iniciativa la toma Hacienda, el régimen es sancionador en cualquier caso.
Sí: el rendimiento neto de 2026 se reduce un 5 %, y esa reducción se aplica ya al cálculo del pago fraccionado del modelo 131. En cuanto a los límites de exclusión, la Agencia Tributaria aclaró el 1 de abril de 2026 que para este ejercicio se mantienen los vigentes entre 2016 y 2024: 250.000 euros de ingresos y 125.000 por operaciones facturadas a empresarios y profesionales.
En Clemente Rueda y Asociados llevamos más de 40 años presentando los trimestres de autónomos y empresas de Valladolid y Castilla y León. Nos ocupamos de la contabilidad, de la presentación de todos los modelos y de la gestión laboral y las retenciones de tus trabajadores, y avisamos con antelación de lo que hay que preparar en cada fecha.
Si este trimestre vas justo, o si tu asesoría actual te deja las cosas para el día 19, el cambio de asesoría no tiene coste: nos encargamos de todo el traspaso.
Llámanos al 983 39 74 88 o escríbenos desde el formulario de contacto. Primera consulta sin compromiso.
Este artículo tiene carácter informativo, refleja la normativa vigente en la fecha de su publicación y no sustituye al asesoramiento profesional sobre un caso concreto. El calendario del contribuyente fue confeccionado por la Agencia Tributaria en diciembre de 2025, con proyectos normativos en tramitación.
La Agencia Tributaria (AEAT) ha lanzado oficialmente su aplicación gratuita de facturación Verifactu, una herramienta diseñada para facilitar a autónomos, profesionales y pequeñas empresas el cumplimiento del Reglamento de los Sistemas Informáticos de Facturación (RRSIF), aprobado por el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre.
Esta aplicación de Hacienda Verifactu permite generar facturas electrónicas válidas, seguras y completamente adaptadas a la nueva normativa, enviando automáticamente los registros de facturación a la Agencia Tributaria.
El reglamento Verifactu desarrolla el artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria, introducido por la Ley Antifraude 11/2021, y establece los requisitos técnicos que deben cumplir todos los sistemas informáticos de facturación (SIF) utilizados por empresarios y profesionales.
Con esta nueva app de facturación de Hacienda, el objetivo principal es evitar el fraude fiscal, garantizando que las facturas emitidas sean íntegras, trazables e inalterables. Cada factura generada bajo este sistema incluye:
La aplicación gratuita de facturación Verifactu está disponible en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, dentro del apartado “Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) y VERI*FACTU”.
Está dirigida especialmente a autónomos, profesionales y pequeñas empresas con un número reducido de facturas o procesos de facturación sencillos.
Para utilizar la aplicación Agencia Tributaria Verifactu, solo necesitas:
El uso de sistemas que cumplan con el reglamento Verifactu será obligatorio para todos los empresarios y profesionales que emitan facturas, ya sea mediante software propio o a través de la aplicación gratuita de la AEAT.
Las sanciones por incumplimiento del artículo 29.2.j) de la LGT pueden alcanzar los:
La AEAT ofrece una guía de usuario, vídeos explicativos y canales de ayuda (chat, correo
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/sistemas-informaticos-facturacion-verifactu.html
La aplicación gratuita de facturación Verifactu de la Agencia Tributaria supone un gran avance en la digitalización y transparencia fiscal. Facilita el cumplimiento normativo a pymes y autónomos, evitando errores y garantizando la validez de cada factura emitida.
Sin embargo, su correcta implementación requiere conocer las obligaciones técnicas y legales que establece el Reglamento Verifactu y el Real Decreto 1007/2023.
En Clemente Rueda y Asociados (CR&A) llevamos más de 40 años asesorando a empresas y autónomos en todos los aspectos fiscales, contables, laborales y mercantiles.
Nuestro equipo en Valladolid te ayuda a implementar correctamente el sistema Verifactu y a cumplir con las nuevas exigencias de la Agencia Tributaria de forma segura, eficiente y adaptada a tu negocio.
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Tras las últimas modificaciones llevadas a cabo en las bases reguladoras del Programa Kit Digital, las Comunidades de Bienes y las Sociedades Civiles ya pueden solicitar su bono digital.
Así, tanto las Comunidades de Bienes como las Sociedades Civiles con objeto mercantil, las Sociedades Civiles profesionales y las explotaciones agrarias de titularidad compartida (entre 0 y menos de 50 empleados), ya pueden optar al Kit Digital.
Las ayudas se pueden solicitar hasta el próximo 31 de diciembre de 2024.
El 1 de enero de 2023 entró en vigor el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, aprobado por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y desarrollado por la Orden HFP/1314/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 592 "Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Autoliquidación" y el modelo A22 "Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Solicitud de devolución", se determinan la forma y procedimiento para su presentación, y se regulan la inscripción en el Registro territorial, la llevanza de la contabilidad y la presentación del libro registro de existencias.
Como indica su nombre, este nuevo impuesto grava la utilización de envases no reutilizables que contengan plástico, tanto si se presentan vacíos o junto con otros productos, con el fin de reducir la generación de residuos de este tipo y fomentar su reciclado. Dado el uso tan generalizado de esta clase de envases, el nuevo impuesto afecta a prácticamente toda la economía a diferencia de otros impuestos especiales que se circunscriben a sectores específicos.
Todos los fabricantes contribuyentes por este impuesto especial están obligados a la llevanza de la contabilidad de los productos objeto del impuesto de forma telemática a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con el suministro electrónico de los asientos contables dentro del mes siguiente al periodo de liquidación al que se refiera (a estos efectos el mes de agosto se considera inhábil).
Por su parte, los adquirentes intracomunitarios de productos objeto del impuesto que estén obligados a inscribirse en el registro territorial deben llevar un libro registro de existencias de forma telemática a través de la Sede electrónica de la AEAT dentro del mes siguiente al periodo de liquidación al que se refiera (el mes de agosto se considera inhábil) excepto en aquellos periodos de liquidación en los que no resulte cuota a ingresar.
El 29 de julio de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden HFP/886/2023, de 26 de julio, por la que se aprueba el modelo 721 "Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación y la Orden HFP/887/2023, de 26 de julio, por la que se aprueban el modelo 172 "Declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales" y el modelo 173 "Declaración informativa sobre operaciones con monedas virtuales", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación, finalizando así el desarrollo reglamentario de la obligación informativa relativa a la tenencia y operativa con monedas virtuales, regulada en la disposición adicional decimoctava de la Ley General Tributaria (LGT) y desarrollada en los artículos 39 bis, 39 ter y 42 quater del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (RGAT).
Recordemos que se trata de tres obligaciones de información diferentes, de ahí que se hayan aprobado tres modelos distintos, que atañen a las siguientes personas y empresas:
Para los propietarios de monedas virtuales, la declaración sobre los Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y demás criptomonedas que dispongan sólo comprenderá a aquellas situadas en el extranjero, es decir, custodiadas por empresas no establecidas en España, a través del nuevo modelo 721, si el valor total de las criptomonedas en el extranjero supera los 50.000 euros a 31 de diciembre, mientras que las monedas digitales custodiadas por empresas españolas o por los propios titulares en monederos fríos no serían objeto de información.
El 6 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación, que desarrolla la obligación tributaria establecida en el artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria consistente en que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos, introducida por la Ley 11/2021, de 9 de julio (conocida coloquialmente como Ley antifraude), con el objetivo de acabar con el software de doble uso, es decir, aquellos programas que permiten llevar una doble contabilidad.
El nuevo Reglamento de programas de facturación es de aplicación en todo el territorio español a los siguientes obligados tributarios cuando tengan su domicilio fiscal en territorio común:
No obstante, no se aplicará a los contribuyentes que lleven los libros registros de facturación a través de la sede electrónica de la AEAT, en lo que se conoce como Suministro Inmediato de Información (SII).
Tampoco será de aplicación a las siguientes operaciones:
En este sentido, se puede solicitar al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT la no aplicación del Reglamento sobre programas de facturación en relación con sectores empresariales o profesionales o con contribuyentes determinados, cuando quede justificado por las prácticas comerciales o administrativas del sector de que se trate, o con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades económicas, así como en relación con las operaciones respecto de las cuales se aprecien circunstancias excepcionales de índole técnico que imposibiliten dicho cumplimiento.
Los programas de facturación:
Se modifica el Reglamento de Facturación para incluir en el contenido obligatorio de las facturas completas y simplificadas un código "QR" con la representación gráfica del contenido de las facturas emitidas mediante sistemas informáticos de facturación.
Por su parte, los registros de facturación indicados se podrán llevar a través de un sistema informático propio o mediante la aplicación informática que a tal efecto pueda desarrollar la Administración tributaria.
Por último, se articula la posibilidad de remitir de forma voluntaria a la Agencia Estatal de Administración Tributaria todos los registros de facturación generados, en cuyo caso las facturas deberán incluir la frase “Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT” o “VERI*FACTU”, así como su remisión por parte de los receptores de las facturas.
El Reglamento de los programas de facturación entró en vigor el 7 de diciembre de 2023 pero su aplicación efectiva se pospone hasta 2025.
Los productores y comercializadores de los sistemas y programas informáticos de facturación deberán ofrecer sus productos adaptados totalmente a este nuevo reglamento en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial que detalle técnicamente los aspectos recogidos en este Reglamento. No obstante, en relación con los sistemas informáticos incluidos en los contratos de mantenimiento de carácter plurianual contratados antes de este último plazo, deberán estar adaptados al contenido del Reglamento con anterioridad al 1 de julio de 2025.
Asimismo, el resto de obligados tributarios deberemos tener operativos los sistemas informáticos adaptados a las características y requisitos que se establecen en este nuevo reglamento y en su normativa de desarrollo antes del 1 de julio de 2025.
Por su parte, el servicio para la recepción de los registros de facturación remitidos por los Sistemas de emisión de facturas verificables estará disponible en la Sede electrónica de la AEAT en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial que detalle técnicamente los aspectos recogidos en este Reglamento.
Nuevo régimen de las autoliquidaciones rectificativas.
Por medio de la Ley 13/2023 se modificó el artículo 120 de la LGT que define y regula las autoliquidaciones tributarias. Lo que podría entenderse como una modificación encaminada a agilizar la corrección de errores y la devolución de ingresos, esconde un efecto pernicioso para el contribuyente.
Hasta ahora convivíamos con dos tipos de declaraciones tributarias cuando se trataba de modificar o corregir una presentada con anterioridad.
Por un lado, están las declaraciones complementarias, cuya finalidad es completar o modificar las ya presentadas y siempre que su resultado sea un importe a ingresar superior o una cantidad a devolver o a compensar inferior a la anteriormente autoliquidada.
Por otro lado, si el resultado de la declaración complementaria fuera un importe a ingresar inferior o una cantidad a devolver o a compensar superior a la previamente autoliquidada se instaba la rectficación.
Como consecuencia de la inseguridad jurídica derivada de la compleja interpretación de la normatva tributaria, es una práctica habitual que los contribuyentes, una vez presentada una autoliquidación tributaria con arreglo a criterios amparados por la Agencia Tributaria, presenten de forma simultánea y en periodo voluntario una solicitud de rectificación de esa misma autoliquidación, pero esta vez con los criterios defendidos por el contribuyente, lógicamente más beneficiosos para él, dando como resultado, por lo general, una menor cantidad a ingresar o una mayor cantidad a devolver a la previamente calculada.
En estos casos, si Hacienda no compartía los argumentos o los criterios del contribuyente no procedía a la rectificación solicitada y no sancionaba por ello.
Pues bien, este procedimiento es el que se ha visto modificado al introducir esta nueva declaración llamada “autoliquidación rectificativa” (a devolver). Así, será el contribuyente quien tenga que presentar una autoliquidación tributaria que modifica la previamente presentada, arriesgándose a un procedimiento de comprobación en el que podría ser sancionado si Hacienda no comparte los criterios del contribuyente. Huelga decir que, vista la voracidad tributaria de la Agencia Tributaria, hemos de situarnos en el lugar más desfavorable.
En este nuevo escenario el contribuyente pierde ese derecho o garantia que tenía de discutir con Hacienda su criterio sin ser sancionado, mediante el mecanismo de la solicitud de rectificación de una autoliquidación presentada bajo los criterios más favorables al contribuyente.
Sin lugar a duda, y salvo que a través del desarrollo reglamentario para su aplicación a cada impuesto se mitigue este desfavorable efecto, estaremos, una vez más, ante un retroceso de los derechos y garantías de los ciudadanos frente a Hacienda.
Se ha modificado el artículo 136 de la LGT, ampliándose el marco de las competencias de los órganos de gestión, pudiendo examinarse en los procedimientos de comprobación limitada la contabilidad mercantil a los solos efectos de constatar la coincidencia entre lo que figure en la misma y la información obrante en poder de la Administración.
Para ello, la contabilidad deberá ser examinada en el domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario, en presencia de este o de la persona que designe, salvo que aquel consienta su examen en las oficinas públicas, facultándose explícitamente a los órganos de gestión a realizar actuaciones de comprobación limitada fuera de las oficinas de la Administracion tributaria, en los casos en los que proceda el examen de la contabilidad.
La norma prevé que “el examen de la contabilidad no impedirá ni limitará la ulterior comprobación de las operaciones a que la misma se refiere en un procedimiento de inspección”. En cierto modo esta reforma conculca el principio de “cosa juzgada”, si bien se hace a resguardo de que existe una limitación en las facultades de comprobación, limitándose estas a revisar la coincidencia entre los datos contables y los declarados, no pudiendo adentrarse en interpretaciones normativas, ni en si la contabilidad es o no correcta, facultad que sigue correspondiendo a los órganos de Inspección.
En definitiva, con la nueva modificación los órganos de gestión podrán examinar la contabilidad mercantil a los únicos efectos de contrastarlo con la información de las declaraciones presentadas, tanto del propio contribuyente como de terceros con quien se relacione, sin que ello impida que posteriormente los órganos de inspección puedan entrar a conocer sobre si dicha contabilidad es correcta y veraz, o sobre las interpretaciones normativas.
Implantación del nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales.
Estarán obligados a presentar la declaración del IRPF todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo (2023) hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, independientemente de sus ingresos y del tiempo que dure su situación.
En cuanto a la deducción en el IRPF, mejora en cinco puntos porcentuales en el caso de los rendimientos netos de los autónomos que tributan por el sistema de módulos y se incrementa hasta el 7% los gastos de difícil justificación para todos los trabajadores por cuenta propia.
En el caso de los contribuyentes en estimación objetiva, aumenta hasta el 10% la reducción aplicable sobre el rendimiento neto obtenido en 2023.
Con efectos desde la misma entrada en vigor de la Ley por el derecho a la vivienda se modifica el artículo 72.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el que se establece el recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pueden imponer los Ayuntamientos a aquellos inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados.
La modificación consiste en que este recargo, que actualmente está fijado como máximo en el 50% de la cuota líquida del IBI, se incrementa hasta un máximo del 150%, en función de la duración de la desocupación y del número de viviendas también desocupadas que sean del mismo titular en el término municipal.
Ahora bien, el recargo a los inmuebles desocupados sólo podrá aplicarse a propietarios con cuatro o más inmuebles de uso residencial, respecto de aquellas viviendas vacías durante más de dos años, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la Ley: el traslado temporal por razones laborales o de formación, el cambio de domicilio por situación de dependencia o razones de salud o emergencia social, inmuebles destinados a usos de vivienda de segunda residencia con un máximo de 4 años de desocupación continuada, inmuebles sujetos a actuaciones de obra o rehabilitación, u otras circunstancias que imposibiliten su ocupación efectiva, que la vivienda esté siendo objeto de un litigio o causa pendiente de resolución judicial o administrativa que impida el uso y disposición de la misma o que se trate de inmuebles cuyos titulares, en condiciones de mercado, ofrezcan en venta, con un máximo de un año en esta situación, o en alquiler, con un máximo de seis meses en esta situación, y en el caso de inmuebles de titularidad de alguna Administración Pública, se considerará también como causa justificada ser objeto el inmueble de un procedimiento de venta o de puesta en explotación mediante arrendamiento.
Hasta el 50% de la cuota líquida cuando el inmueble permanezca desocupado por un plazo superior a dos años, de forma continuada y sin causa justificada.
Hasta el 100% de la cuota líquida cuando el inmueble permanezca desocupado por un plazo superior a dos años, de forma continuada y sin causa justificada, y pertenezca a titulares con dos o más inmuebles de uso residencial desocupados en el mismo término municipal, o cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años.
Hasta el 150% de la cuota líquida cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años en inmuebles pertenecientes a titulares con dos o más inmuebles de uso residencial desocupados en el mismo término municipal.
Aunque la modificación entra en vigor el 26 de mayo de 2023, estos nuevos porcentajes deberán ser aprobados por los Ayuntamientos antes de ser de aplicación, como muy pronto en el recibo correspondiente a 2024, y además la declaración municipal como inmueble desocupado con carácter permanente exigirá la previa audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por el Ayuntamiento de los indicios de desocupación, regulados en la ordenanza municipal, dentro de los cuales pueden figurar los relativos a los datos del padrón municipal y/o los consumos de servicios de suministro.
Límites:
Si no se puede justificar algún cobro, Hacienda considera que se ha cobrado en efectivo, pudiendo sancionar con hasta un 25% del importe.
OTRAS NOVEDADES A TENER EN CUENTA
Impuesto sobre envases de plástico no reutilizables
Nuevo Régimen de las autoliquidaciones rectificativas
Modificación de las competencias de los órganos de gestión
Incremento del recargo del IBI a los inmuebles de uso residencial desocupados
Las empresas tienen una serie de obligaciones laborales que deben cumplir. Entra dentro de lo que se conoce como Compliance laboral, donde se recogen una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las empresas y que pueden acarrear importantes sanciones administrativas en caso de incumplimiento.
El compliance laboral se refiere a implementar ciertas políticas en una empresa para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y prevenir posibles sanciones.
El compliance laboral tiene tres funciones principales:
En la siguiente tabla te mostramos un resumen de las obligaciones laborales que tienen las empresas, a qué tipo de empresa o pyme afecta y la posible sanción económica en caso de incumplimiento:

Para implementarlo, se puede adoptar un modelo GRC (Gobierno, Riesgos y Cumplimiento). Este enfoque permite integrar todas las funciones, gestionar los riesgos y establecer las responsabilidades de cumplimiento.
Es primordial llevar a cabo una evaluación periódica del cumplimiento para asegurarse de que las medidas implementadas funcionan. También se debe medir la eficacia de las medidas existentes y/o desarrollar nuevas estrategias en caso de ser necesario.
¿Necesitas ayuda para cumplir con las obligaciones laborales de tu negocio?
En el momento en el que emprendes, es normal tener dudas. En nuestra asesoría te asesoramos y te guiamos desde el principio, para que puedas garantizar el cumplimiento de todas estas obligaciones laborales y así evitar posibles sanciones.
¿Te ha quedado alguna duda? Pregúntanos sin compromiso.
Con la Ley 13/2023 ha llegado un importante cambio que ha pasado completamente desapercibido, pero nosotros queremos informarte de ello. La novedad, es que ahora Hacienda puede solicitar en cualquier momento la contabilidad de tu negocio. ¿Cómo es esto posible? Te lo contamos a continuación.
Desde el 26 de mayo de 2023, la Administración tributaria tiene la capacidad de solicitar la contabilidad de una empresa en el marco de un procedimiento de comprobación limitada, algo que anteriormente requería la apertura de un procedimiento de inspección.
Otra novedad dentro de este mismo procedimiento, es que se ha ampliado la documentación que la Administración puede requerir a terceros para verificar la veracidad de la información que ya posee.
Este cambio en el procedimiento de comprobación limitada se introduce a través de la Ley 13/2023, de 24 de mayo, que modifica la Ley General Tributaria y otras normas tributarias para incorporar la Directiva (UE) 2021/514 sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, entre otros cambios significativos.
Hasta el 25 de mayo de 2023, el artículo 136 de la Ley General Tributaria excluía el examen de la documentación contable dentro del alcance de la comprobación limitada, a menos que fuera proporcionada voluntariamente por el contribuyente. Esto significaba que solicitar los libros contables en un procedimiento de gestión tributaria era considerado como una extralimitación por parte de la Administración.
Sin embargo, a partir de esta fecha, la Administración tributaria puede examinar la contabilidad a través de los libros originales en el lugar de trabajo del contribuyente o solicitando copias de la contabilidad en cualquier formato para su análisis en las oficinas de la Administración tributaria.
Este examen se limitará a verificar la coincidencia entre la contabilidad y la información en poder de la Administración tributaria.
Además, la Administración tributaria ahora puede contactar con terceros para que proporcionen cierta información o documentación con el fin de verificar la veracidad de la información que ya posee, excepto en lo que respecta a movimientos financieros.
Según los expertos, con este movimiento se busca mejorar la efectividad del procedimiento. ¿Qué opinas? ¿Lo ves bien? Si tienes dudas, recuerda que nuestro equipo de asesores estará encantado de atenderte.
Si eres autónomo societario, es posible que hayas recibido una notificación por parte de la Seguridad Social para actualizar ciertos datos que afectan únicamente a los autónomos societarios en relación al nuevo sistema de cuotas. Si no sabes cómo gestionarlo, no te preocupes, te contamos todo lo que tienes que hacer.
El 1 de enero de 2023 se implementó el nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos en función de sus ingresos reales. El nuevo sistema de cotización para autónomos calcula las cotizaciones en función de los ingresos netos obtenidos por el autónomo (rendimientos netos).
En el caso de autónomos que forman parte de sociedades, el cálculo de los rendimientos es un poco más complejo. En este caso, se deben tener en cuenta los rendimientos económicos obtenidos de la sociedad, los ingresos laborales de su trabajo en la empresa y los ingresos generados por su actividad económica personal.
Además, se deben considerar todos los rendimientos completos de trabajo o capital mobiliario, tanto en efectivo como en concepto de salario en especie, derivados de su condición de socio. Por lo que, de salida, es un tema más complejo que en el caso del autónomo a secas.
Para cumplir con este nuevo cálculo de cotizaciones y en cumplimiento con el Real Decreto 504/2022 del 27 de junio, la Seguridad Social ha realizado modificaciones en el artículo 30.2.b del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996 del 26 de enero.
Estos cambios tienen como objetivo recopilar información adicional sobre las sociedades a las que pertenecen los trabajadores autónomos en roles como administradores, apoderados, gerentes, socios u otras funciones que generen ingresos de la empresa para el trabajador autónomo.
Si eres autónomo societario, la presentación de esta información es obligatoria y debe realizarse antes del 31 de octubre de 2023.
En el caso de tener que presentar esta información, es posible que recibas un email de la TGSS con las instrucciones a seguir en función de la situación del destinatario. Recuerda que lo puedes realizar con certificado digital o a través de tu autorizado RED.
Recuerda que en nuestra asesoría para autónomos podemos presentar esta información por ti, para que no tengas que preocuparte por nada y te quedes más tranquilo. ¿Tienes alguna otra duda? Podemos ayudarte.
¿Acabas de recibir una notificación de la TGSS en relación a los cambios en tus cotizaciones para este 2023? Según informa en el BNR 5/2023 de 31 de marzo de 2023, la Tesorería General de la Seguridad Social llevará a cabo una actualización masiva de todas las liquidaciones afectadas por las modificaciones introducidas por la Orden PCM/313/2023, de 30 de marzo. Si te ha llegado el aviso, esto te interesa, infórmate en nuestra asesoría laboral.

Este proceso de actualización de la orden de cotización se iniciará con las liquidaciones de cuotas presentadas en febrero de 2023 (correspondientes a enero de 2023) y continuará con las de marzo de 2023 (febrero de 2023).
Una vez que la Tesorería actualice la liquidación, los usuarios recibirán un archivo que indica la rectificación de la liquidación, junto con la Lista de Trabajadores de la liquidación corregida y el Documento de Cálculo de la nueva liquidación.
Estos archivos se enviarán incluso si la rectificación de la liquidación tiene el mismo importe que la liquidación original. Si, como resultado de la actualización, el importe es mayor que el original y debe realizarse un pago adicional, se podrá obtener el documento de pago TC1/31 mediante el Servicio de "consulta y obtención de recibos fuera de plazo" en la oficina virtual del sistema RED.
Debido al volumen de registros, el TC1/31 estará disponible a partir del séptimo día después de recibir el aviso de actualización.
El plazo para pagar las diferencias de cotización resultantes de las modificaciones efectuadas por esta orden se realizará de acuerdo con la Disposición Transitoria Única de la Orden PCM/313/2023. Las diferencias de cotización podrán pagarse sin recargo hasta el último día del mes siguiente a la comunicación de la actualización de las liquidaciones de cuotas afectadas.
En caso de que se hayan presentado liquidaciones complementarias para cumplir con la DT 1ª de la Orden PCM/74/2023 antes de realizar el pago de las diferencias mediante el boletín TC1/31, se deberá regularizar la situación presentando un caso CASIA con la catalogación correspondiente.
En Clemente Rueda te ayudamos con este trámite. Contacta con nosotros y te atenderemos encantados. ¿Hablamos?
Si eres autónomo societario, es posible que hayas recibido una notificación por parte de la Seguridad Social para actualizar ciertos datos que afectan únicamente a los autónomos societarios en relación al nuevo sistema de cuotas. Si no sabes cómo gestionarlo, no te preocupes, te contamos todo lo que tienes que hacer.

El 1 de enero de 2023 se implementó el nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos en función de sus ingresos reales. El nuevo sistema de cotización para autónomos calcula las cotizaciones en función de los ingresos netos obtenidos por el autónomo (rendimientos netos).
En el caso de autónomos que forman parte de sociedades, el cálculo de los rendimientos es un poco más complejo. En este caso, se deben tener en cuenta los rendimientos económicos obtenidos de la sociedad, los ingresos laborales de su trabajo en la empresa y los ingresos generados por su actividad económica personal.
Además, se deben considerar todos los rendimientos completos de trabajo o capital mobiliario, tanto en efectivo como en concepto de salario en especie, derivados de su condición de socio. Por lo que, de salida, es un tema más complejo que en el caso del autónomo a secas.
Para cumplir con este nuevo cálculo de cotizaciones y en cumplimiento con el Real Decreto 504/2022 del 27 de junio, la Seguridad Social ha realizado modificaciones en el artículo 30.2.b del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996 del 26 de enero.
Estos cambios tienen como objetivo recopilar información adicional sobre las sociedades a las que pertenecen los trabajadores autónomos en roles como administradores, apoderados, gerentes, socios u otras funciones que generen ingresos de la empresa para el trabajador autónomo.
Si eres autónomo societario, la presentación de esta información es obligatoria y debe realizarse antes del 31 de octubre de 2023.
En el caso de tener que presentar esta información, es posible que recibas un email de la TGSS con las instrucciones a seguir en función de la situación del destinatario. Recuerda que lo puedes realizar con certificado digital o a través de tu autorizado RED.
Recuerda que en nuestra asesoría para autónomos podemos presentar esta información por ti, para que no tengas que preocuparte por nada y te quedes más tranquilo. ¿Tienes alguna otra duda? Podemos ayudarte.
Con la Ley 13/2023 ha llegado un importante cambio que ha pasado completamente desapercibido, pero nosotros queremos informarte de ello. La novedad, es que ahora Hacienda puede solicitar en cualquier momento la contabilidad de tu negocio. ¿Cómo es esto posible? Te lo contamos a continuación.

Desde el 26 de mayo de 2023, la Administración tributaria tiene la capacidad de solicitar la contabilidad de una empresa en el marco de un procedimiento de comprobación limitada, algo que anteriormente requería la apertura de un procedimiento de inspección.
Otra novedad dentro de este mismo procedimiento, es que se ha ampliado la documentación que la Administración puede requerir a terceros para verificar la veracidad de la información que ya posee.
Este cambio en el procedimiento de comprobación limitada se introduce a través de la Ley 13/2023, de 24 de mayo, que modifica la Ley General Tributaria y otras normas tributarias para incorporar la Directiva (UE) 2021/514 sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, entre otros cambios significativos.
Hasta el 25 de mayo de 2023, el artículo 136 de la Ley General Tributaria excluía el examen de la documentación contable dentro del alcance de la comprobación limitada, a menos que fuera proporcionada voluntariamente por el contribuyente. Esto significaba que solicitar los libros contables en un procedimiento de gestión tributaria era considerado como una extralimitación por parte de la Administración.
Sin embargo, a partir de esta fecha, la Administración tributaria puede examinar la contabilidad a través de los libros originales en el lugar de trabajo del contribuyente o solicitando copias de la contabilidad en cualquier formato para su análisis en las oficinas de la Administración tributaria.
Este examen se limitará a verificar la coincidencia entre la contabilidad y la información en poder de la Administración tributaria.
Además, la Administración tributaria ahora puede contactar con terceros para que proporcionen cierta información o documentación con el fin de verificar la veracidad de la información que ya posee, excepto en lo que respecta a movimientos financieros.
Según los expertos, con este movimiento se busca mejorar la efectividad del procedimiento. ¿Qué opinas? ¿Lo ves bien? Si tienes dudas, recuerda que nuestro equipo de asesores estará encantado de atenderte.
Las empresas tienen una serie de obligaciones laborales que deben cumplir. Entra dentro de lo que se conoce como Compliance laboral, donde se recogen una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las empresas y que pueden acarrear importantes sanciones administrativas en caso de incumplimiento.

El compliance laboral se refiere a implementar ciertas políticas en una empresa para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y prevenir posibles sanciones.
El compliance laboral tiene tres funciones principales:
En la siguiente tabla te mostramos un resumen de las obligaciones laborales que tienen las empresas, a qué tipo de empresa o pyme afecta y la posible sanción económica en caso de incumplimiento:
|
OBLIGACIÓN |
¿A QUIÉN AFECTA? |
SANCIÓN (€) |
|
Registro horario |
A todas las empresas |
De 751 a 225.018 € |
|
Registro retributivo |
A todas las empresas |
De 751 a 225.018 € |
|
Protocolo de acoso |
A todas las empresas |
De 751 a 225.018 € |
|
Protocolo de desconexión digital |
A todas las empresas |
De 751 a 7.500 €. Hasta 984.000 € por falta de medidas preventivas |
|
Plan de igualdad |
50 personas en plantilla |
De 751 a 225.018 € |
|
Auditoría retributiva |
50 personas en plantilla |
De 751 a 225.018 € |
|
Canal de denuncias |
50 personas en plantilla |
De 100.000 hasta 1.000.000 € |
|
Prevención de riesgos laborales / Evaluaciones y medidas |
A todas las empresas |
Hasta 984.000 euros |
¿Cómo implantar el compliance laboral en tu organización?
Para implementarlo, se puede adoptar un modelo GRC (Gobierno, Riesgos y Cumplimiento). Este enfoque permite integrar todas las funciones, gestionar los riesgos y establecer las responsabilidades de cumplimiento.
Es primordial llevar a cabo una evaluación periódica del cumplimiento para asegurarse de que las medidas implementadas funcionan. También se debe medir la eficacia de las medidas existentes y/o desarrollar nuevas estrategias en caso de ser necesario.
En el momento en el que emprendes, es normal tener dudas. En nuestra asesoría en Valladolid Clemente Rueda y Asociados te asesoramos y te guiamos desde el principio, para que puedas garantizar el cumplimiento de todas estas obligaciones laborales y así evitar posibles sanciones.
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La pensión por jubilación activa es un mecanismo interesante que te permite percibir la totalidad de la pensión, en vez de la mitad. Claro que, es considerada como algo ‘excepcional’ y hay requisitos a cumplir si quieres acceder a ella.
La jubilación activa consiste en poder recibir una pensión de jubilación al mismo tiempo que se realiza una actividad laboral.
Para acceder a la jubilación activa, se deben cumplir ciertos requisitos según el artículo 214 de la LGSS:
Recientemente el Tribunal Supremo en una sentencia emitida el 26 de abril de 2023, ha aclarado que los autónomos en jubilación activa podrán recibir la pensión completa si contratan a trabajadores por cuenta ajena en actividades vinculadas a su negocio.
La sala ha puesto sobre la mesa el caso de un trabajador autónomo dedicado al mantenimiento y reparación de vehículos que solicitó percibir el 100% de la pensión mientras estaba en jubilación activa. En este caso, la ley establece que pueden pasar de recibir la mitad de la pensión al total si cuentan con un trabajador contratado.
Sin embargo, no estaba claro si esta contratación debía estar directamente relacionada con la actividad específica del autónomo jubilado o si podía ser más genérica. Por ello, la Seguridad Social modificó su criterio en 2018 para aclarar que la contratación debía ser para desempeñar la misma actividad con la que se dio de alta en la Seguridad Social.
El Supremo reconoce que acceder al 100% de la pensión es un caso excepcional y busca proteger a los empleados contratados para evitar la pérdida de empleo y mantener la actividad.
No se aceptará en el caso de actividades que no estén relacionadas. Por ejemplo, el Supremo ya rechazó otorgar la pensión completa a un autónomo que contrató a una empleada del hogar, ya que su función no estaba ligada con el trabajo empresarial que realizaba el autónomo, sino a necesidades de higiene en el hogar.
¿Te ha quedado alguna duda sobre la pensión por jubilación activa? Si deseas más información, no dudes en contarnos tu caso para que podamos estudiarlo.
El Gobierno de España ha introducido a audiencia pública el reglamento relacionado con la Ley 17/2022, la cual establece la obligatoriedad de la facturación electrónica en las transacciones entre empresarios y profesionales. Es una medida interesante para los autónomos, porque uno de sus objetivos es la lucha contra la morosidad.
La nueva Ley Crea y Crece introduce la obligatoriedad de la factura electrónica. Es decir, los autónomos deberán empezar a crear facturas electrónicas desde el momento en el que sea obligatorio (algo que se podrá hacer cómodamente mediante distintos softwares de facturación).
No obstante, la implementación de esta norma se retrasará hasta la aprobación del reglamento correspondiente. Esta obligación entrará en vigor 1 año después de la aprobación del reglamento para las empresas con ingresos anuales superiores a 8 millones de euros, y hasta 2 años para las demás.
Están obligados a presentar las facturas electrónicas todos los empresarios y profesionales sin importar su tamaño. Es una medida que afecta a todas las transacciones entre empresarios o profesionales (B2B) cuando ambas partes operan desde España, lo cual abarca también los territorios de Canarias, Ceuta y Melilla.
Se espera que sea obligatorio en 2024 para las empresas que facturan más de 8 millones anuales y para 2025 en el caso de los demás autónomos. Por lo que estamos ante unos dos años de verlo vigente y obligatorio para todos los profesionales.
A través de una plataforma pública gestionada por la AEAT o mediante plataformas privadas, que deben estar integradas con la plataforma pública para poder enviarlas.
En estos momentos, hay herramientas como Holded que ya permiten crear facturas electrónicas, con lo cual es cuestión de tiempo hasta que lo veamos normalizado.
Esta medida de la obligatoriedad de presentar facturas electrónicas puede ser muy beneficiosa para los autónomos y puede que aún no sepas hasta qué punto. Pero Hacienda ha asegurado que meterá en una especie de lista negra a las empresas que no paguen las facturas a sus clientes en el plazo legal de 30 días.
Es decir, si las empresas no pagan dentro del plazo, automáticamente quedarán exentas de recibir subvenciones y otras ayudas. Por lo que permitirá acabar con la morosidad que sufren muchos autónomos o, al menos, intentarlo.
¿Qué te parece la medida?
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha respondido finalmente a las constantes demandas de expertos en fiscalidad al incrementar la cuantía exenta en el IRPF para gastos de viaje de empleados por cuenta ajena, autónomos y funcionarios. Te contamos todas las novedades a continuación.
Según recoge el artículo 18.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, se ha procedido a actualizar el importe de la indemnización a percibir como gasto de viaje por el uso de vehículo particular.
Para trabajadores y autónomos, la cantidad exenta por gastos de locomoción se establece ahora en 0,26 euros por kilómetro en automóviles, en comparación con los 0,19 euros por kilómetro desde 2005. Para motocicletas, la cantidad exenta es de 0,106 euros por kilómetro, en contraste con los 0,078 euros anteriores.
La Orden Ministerial publicada en el BOE explica que esta actualización es necesaria por la inflación, agravada por la situación económica y el aumento de los precios de los combustibles debido a la guerra de Ucrania. Esta medida también deroga la Orden Ministerial anterior de 2005 con las cuantías antiguas.
En cuanto a los funcionarios, la segunda Orden Ministerial publicada en el BOE excluye del IRPF la cantidad resultante de multiplicar 0,26 euros por kilómetro recorrido, siempre que se justifique el desplazamiento y se incluyan también los gastos de peaje y aparcamiento. Anteriormente, esta cuantía era de 0,19 euros por kilómetro para trabajadores de la Administración Pública.
Asesores fiscales del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) solicitaron al Gobierno una actualización de la cuantía exenta en los gastos de locomoción y vales de comida pensando en la próxima declaración de la Renta del 2022.
Desde Reaf han señalado que, de media, un litro de combustible en un coche permite recorrer unos 13 kilómetros. Si el litro cuesta 1,65 euros, el consumo será de 0,13 euros por litro, que sumados a los 0,34 euros de gastos de mantenimiento y amortización del coche supone un gasto total de en torno a 0,47 euros por kilómetro.
Concluyen que, aunque la subida de Hacienda no llega al total, se queda a la mitad. Pero es un importante paso adelante para seguir mejorando estas cantidades, que llevaba años pidiéndose a gritos.
¿Qué te parece esta subida? ¿Estás satisfecho o esperabas más? Recuerda que estos nuevos límites exentos de gastos de km ya están vigentes.