El recargo de equivalencia es un régimen especial del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en España, diseñado específicamente para los comerciantes minoristas que venden productos sin realizar transformaciones significativas en ellos.
Este régimen simplifica las obligaciones fiscales de los pequeños comerciantes, permitiéndoles centrarse en su actividad principal sin preocuparse excesivamente por la gestión del IVA.
El recargo de equivalencia es obligatorio para los comerciantes minoristas que operan como personas físicas, comunidades de bienes o sociedades civiles. No obstante, existen excepciones.
Por ejemplo, no están obligados a acogerse a este régimen los comerciantes que vendan productos sujetos a impuestos especiales, como el tabaco o los hidrocarburos, ni aquellos que realicen actividades de fabricación o transformación de productos.
Bajo el régimen de recargo de equivalencia, los comerciantes minoristas no deben presentar declaraciones trimestrales de IVA ni llevar libros de registro del impuesto.
En su lugar, los proveedores de estos comerciantes son los responsables de repercutir el IVA y el recargo de equivalencia en las facturas de venta. Los tipos de recargo de equivalencia varían según el tipo de producto, siendo los más comunes:
El principal beneficio del recargo de equivalencia es la simplificación administrativa. Los comerciantes minoristas no tienen que preocuparse por la gestión del IVA, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos.
Sin embargo, esta simplificación también tiene sus desventajas. Al no poder deducir el IVA soportado en sus compras, los comerciantes pueden ver incrementados sus costes, lo que puede repercutir en sus márgenes de beneficio.
Para las pequeñas y medianas empresas, navegar por el complejo mundo de la fiscalidad puede ser un desafío. Aquí es donde entra en juego Clemente Rueda, una asesoría especializada en guiar a las empresas en sus procesos legales y fiscales.
Con un profundo conocimiento del recargo de equivalencia y otros regímenes fiscales, Clemente Rueda ofrece un servicio personalizado que asegura el cumplimiento normativo y optimiza la gestión fiscal de sus clientes. Conoce todos nuestros servicios.
Con su apoyo, las empresas pueden centrarse en lo que mejor saben hacer: crecer y prosperar en su sector.
Con la llegada del 2025, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha introducido una serie de cambios significativos en la declaración de la renta que afectarán a millones de contribuyentes en España.
Estas modificaciones buscan adaptarse a las nuevas realidades económicas y sociales, ofreciendo beneficios y ajustes que es crucial conocer antes de presentar la declaración. A continuación, te presentamos un resumen detallado de las principales novedades.
Una de las principales novedades es el incremento en la reducción por rendimientos del trabajo. Este beneficio fiscal ha pasado de 6.498 euros a 7.302 euros.
Este cambio está diseñado para aliviar la carga fiscal de los trabajadores con ingresos más bajos, permitiéndoles pagar menos impuestos y mejorar su situación económica.
Para aquellos contribuyentes que han tenido dos o más pagadores durante el año 2024, el límite exento para declarar ha aumentado. Anteriormente, este umbral estaba fijado en 15.000 euros, pero para la declaración de 2025, se ha elevado a 15.876 euros.
Es importante destacar que, para beneficiarse de esta exención, la suma de los ingresos recibidos por el segundo pagador y los siguientes no debe superar los 1.500 euros. En el caso de tener un solo pagador, el límite se mantiene en 22.000 euros.
Una de las medidas más relevantes es la obligatoriedad de declarar las prestaciones por desempleo, independientemente del importe recibido.
Esta medida, introducida por el Real Decreto-ley 2/2024, busca asegurar que todos los ingresos sean declarados y evitar posibles fraudes. Los desempleados que no cumplan con esta obligación podrían enfrentarse a la pérdida de la prestación.
Las deducciones por donaciones a organizaciones no gubernamentales (ONG) también han sido mejoradas. Los primeros 250 euros donados tendrán una deducción del 80%.
Para donaciones superiores, la deducción será del 40%, incrementándose desde el 35% anterior. Además, si se ha donado a la misma entidad durante varios años consecutivos, la deducción puede llegar hasta el 45%.
Los propietarios que alquilen sus inmuebles para uso de vivienda habitual del inquilino podrán beneficiarse de diversas reducciones, dependiendo de la fecha del contrato de alquiler:
Finalmente, es importante tener en cuenta que algunas deducciones estarán disponibles por última vez en esta declaración. Entre ellas se encuentran la deducción de hasta un 60% por la realización de obras para mejorar la eficiencia energética de las viviendas y el 15% por la compra de un vehículo eléctrico.
Estas deducciones no estarán vigentes en las próximas declaraciones, por lo que es crucial aprovecharlas este año.
Las novedades en la declaración de la renta 2025 reflejan un esfuerzo por parte de la AEAT para adaptarse a las necesidades actuales de los contribuyentes, ofreciendo beneficios y ajustes que buscan mejorar la equidad y eficiencia del sistema tributario.
Es fundamental estar al tanto de estos cambios para cumplir con las obligaciones fiscales y aprovechar al máximo las deducciones y reducciones disponibles.
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En un mundo cada vez más digitalizado, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad esencial para empresas de todos los tamaños. La Unión Europea ha dado un paso significativo en esta dirección con la reciente implementación de la Ley de Ciberresiliencia, una normativa pionera que establece requisitos de obligado cumplimiento en ciberseguridad para cualquier producto digital.
Esta ley, que entró en vigor en diciembre pasado, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los productos con componentes digitales y proteger a los consumidores y negocios frente a ciberataques.
La nueva normativa afecta a una amplia gama de negocios, desde fabricantes y distribuidores hasta importadores de productos digitales. Esto incluye a empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos electrónicos, software empresarial y soluciones de IoT (Internet de las Cosas), así como a distribuidores de hardware informático y mayoristas de tecnología.
La ley establece que todos estos actores deben garantizar la ciberseguridad de sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida.
Entre las obligaciones más destacadas que deben cumplir los negocios del sector tecnológico se incluyen:
Las empresas tienen hasta diciembre de 2027 para cumplir con las nuevas obligaciones. La Comisión Europea ha adelantado que el incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones severas, incluyendo multas de hasta 15 millones de euros o del 2% de los ingresos anuales globales de la empresa.
Aunque la normativa impone requisitos estrictos, también ofrece beneficios significativos para los autónomos y pequeños negocios. Al exigir a los fabricantes y proveedores que mejoren la seguridad de sus productos y proporcionen actualizaciones regulares, se reduce la vulnerabilidad a ciberataques.
Esto promete un entorno digital más seguro, en el que los profesionales pueden operar con mayor confianza, minimizando los riesgos asociados a brechas de seguridad.
Además, la ley promueve una mayor transparencia, obligando a los negocios a informar a los usuarios sobre los riesgos potenciales de seguridad de sus productos.
Esto facilita a los autónomos y pequeños negocios la elección de herramientas y soluciones digitales adecuadas para su actividad, teniendo claros los posibles riesgos.
La Ley de Ciberresiliencia de la Unión Europea representa un avance crucial en la protección de la ciberseguridad para PYMEs y negocios emergentes. Aunque la adaptación a los nuevos requisitos puede suponer un desafío, los beneficios a largo plazo en términos de seguridad y confianza en el entorno digital son invaluables.
Los expertos recomiendan que las empresas comiencen cuanto antes a adaptar sus procesos y productos para cumplir con los nuevos requisitos, asegurando así un futuro más seguro y resiliente frente a las amenazas cibernéticas.
En un contexto laboral en constante evolución, la reciente aprobación desde el Consejo de Ministros al Anteproyecto de Ley para la reducción de la jornada ordinaria de trabajo marca un hito significativo en la búsqueda de un equilibrio entre la vida laboral y personal.
Esta normativa, que propone una jornada máxima de 37,5 horas semanales, no solo impacta a los trabajadores por cuenta ajena, sino que también tiene importantes implicaciones para autónomos y empresas. A continuación, exploraremos las obligaciones que esta ley podría imponer y cómo podría transformar el panorama laboral.
La reducción de la jornada laboral se presenta como una respuesta a las crecientes demandas de conciliación y bienestar en el trabajo. Con el respaldo de organizaciones sindicales como CCOO y UGT, esta ley busca beneficiar especialmente a aquellos trabajadores que no están cubiertos por convenios colectivos, como los empleados en sectores de hostelería, comercio y servicios. Sin embargo, la responsabilidad de implementar estos cambios recae también en autónomos y empresas.
Los autónomos, que a menudo enfrentan la presión de largas jornadas laborales, se verán obligados a adaptarse a esta nueva normativa. Aunque la ley busca fomentar un equilibrio, los trabajadores por cuenta propia deberán gestionar su tiempo de manera más eficiente. Esto implica:
Las empresas, por su parte, tendrán que adaptarse a un nuevo marco regulatorio que exige una mayor responsabilidad en la gestión del tiempo de trabajo. Algunas de las obligaciones clave incluyen:
Aunque el nuevo anteproyecto de ley en España busca mejorar las condiciones laborales, la patronal ha expresado su preocupación por los posibles perjuicios que estas medidas podrían acarrear.
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y la obligatoriedad de implementar un registro horario digital podrían aumentar los costos operativos y administrativos para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Además, la imposición de sanciones económicas por incumplimiento de las normativas podría generar una carga adicional, dificultando la competitividad y sostenibilidad de los negocios en un entorno económico ya desafiante.
No obstante, con el trabajo conjunto de todos los actores involucrados, estas medidas podrían traducirse en un aumento de la productividad y en un entorno laboral más saludable y motivador. La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales podría permitir a los trabajadores disfrutar de un mejor equilibrio entre su vida personal y profesional, lo que a su vez podría incrementar su compromiso y eficiencia en el trabajo.
Además, la implementación del registro horario digital fomentará una mayor transparencia y equidad en las relaciones laborales, creando un clima de confianza y colaboración que beneficiará tanto a empleados como a empleadores a largo plazo.
Para garantizar el cumplimiento de las nuevas normativas, el anteproyecto incluye un régimen de sanciones para aquellos que no se adhieran a las disposiciones establecidas. Las sanciones económicas variarán en función de la gravedad de la infracción, y se aplicarán tanto a autónomos como a empresarios que no cumplan con las obligaciones de registro horario y reducción de la jornada laboral.
En caso de ser aprobado, el anteproyecto de ley entraría en vigor a partir del próximo año, permitiendo un periodo de adaptación para las empresas y trabajadores. No obstante, es fundamental señalar que esta propuesta aún debe ser debatida y aprobada por el Congreso de los Diputados.
Este proceso legislativo es esencial para garantizar que todas las partes interesadas puedan expresar sus opiniones y contribuir a la formulación final de la ley. Solo después de superar este trámite, la normativa podrá ser promulgada y comenzar a aplicarse.
En conclusión, la aprobación de esta ley representaría un paso hacia un modelo laboral más saludable. Tanto autónomos como empresas deberán adaptarse a estas nuevas obligaciones, lo que podría transformar la forma en que se concibe el trabajo en nuestra sociedad. La clave estará en la implementación efectiva y en la voluntad de todos los actores involucrados para hacer de este cambio una realidad positiva.
El 20 de diciembre de 2024, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la metodología del nuevo índice del Instituto Nacional de Estadística (INE) para actualizar el precio del alquiler a partir de 2025: el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV). Este índice se conoció 11 días antes de la fecha límite para su publicación, establecida para el 31 de diciembre de 2024, según lo dispuesto en la Ley de Vivienda.
Desde abril de 2022 y durante 2023, la renovación anual de las rentas del alquiler estaba limitada a una actualización del 2%, y durante 2024 al 3%. Estas medidas temporales fueron implementadas por el Gobierno para proteger a los inquilinos ante el aumento desproporcionado del Índice de Precios al Consumo (IPC), que alcanzó cifras récord debido a factores como el encarecimiento de la electricidad, el aumento de precios tras la pandemia y el impacto económico de la guerra en Ucrania.
El Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) es el nuevo índice del INE que se utilizará para actualizar los contratos de arrendamiento a partir de 2025. Este índice se define como el valor mínimo entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de variación anual de la inflación subyacente y la tasa de variación anual media ajustada.
La fórmula para calcular la tasa anual media ajustada incluye dos parámetros clave:
El nuevo índice del INE estará disponible en su página web oficial y se publicará mensualmente, a comienzos de cada mes. La primera publicación está programada para el 2 de enero de 2025. A partir de febrero, se publicará a mediados de cada mes y reflejará el valor del mes anterior.
Para calcular la nueva renta, se sumará el porcentaje del índice del INE al precio mensual actual del alquiler. Por ejemplo, si el alquiler es de 1.200 euros al mes y el contrato se firmó en junio de 2024, la actualización será efectiva en junio de 2025.
El propietario deberá notificar al inquilino en mayo de 2025 y utilizar el índice del INE publicado ese mismo mes para calcular la subida. Si el índice es del 2,2%, se calculará el 2,2% de 1.200 euros, que es 26,4 euros, y se sumará a la renta mensual, resultando en un alquiler actualizado de 1.226,4 euros.
El IRAV comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2025. Desde esa fecha en adelante, todas las actualizaciones de contratos de alquiler se realizarán utilizando este nuevo índice, considerado más estable que el IPC. La evolución del IRAV se publicará mensualmente, permitiendo a los arrendadores e inquilinos estar informados sobre las variaciones del índice.
El IRAV se aplicará exclusivamente a los contratos de alquiler de vivienda habitual firmados después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023. Los contratos anteriores a dicha fecha se actualizarán conforme a lo establecido en el contrato de arrendamiento. El índice no será aplicable a los alquileres temporales, de habitaciones, de locales comerciales, de oficinas, ni de garajes y trasteros.
El nuevo Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) representa un cambio significativo en la forma en que se actualizarán los alquileres en España a partir de 2025. Este índice busca ofrecer una mayor estabilidad y previsibilidad en el mercado de alquiler, protegiendo tanto a inquilinos como a arrendadores de fluctuaciones económicas extremas. Con su implementación, se espera que el mercado de alquiler se mantenga más equilibrado y justo para todas las partes involucradas.
El sistema de jubilación activa en España ha experimentado importantes modificaciones que buscan adaptarse a las nuevas realidades demográficas y laborales del país. Estas reformas, que entrarán en vigor próximamente, tienen como objetivo principal fomentar la prolongación de la vida laboral y mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones. A continuación, se detallan los tres cambios más significativos y la fecha de inicio de su vigencia.
Uno de los cambios más relevantes es el incremento del porcentaje de la pensión que los jubilados activos pueden percibir mientras continúan trabajando. Anteriormente, los jubilados activos podían recibir el 50% de su pensión, pero con la nueva normativa, este porcentaje se incrementará al 75%. Este cambio busca incentivar a los jubilados a mantenerse en el mercado laboral, aportando su experiencia y conocimientos, al mismo tiempo que disfrutan de una mayor estabilidad económica.
La segunda modificación importante es la flexibilización de los requisitos para acceder a la jubilación activa. Hasta ahora, los trabajadores debían haber alcanzado la edad legal de jubilación y cumplir con ciertos requisitos de cotización.
Con la nueva normativa, se permitirá el acceso a la jubilación activa a partir de los 63 años, siempre y cuando se cumplan con los años mínimos de cotización establecidos. Esta medida pretende facilitar la transición hacia la jubilación activa y adaptarse a las diferentes trayectorias laborales de los trabajadores.
El tercer cambio significativo es la ampliación de la compatibilidad de la jubilación activa con el trabajo autónomo. Anteriormente, esta modalidad estaba principalmente dirigida a los trabajadores por cuenta ajena.
Con la nueva normativa, los trabajadores autónomos también podrán acogerse a la jubilación activa, permitiéndoles percibir su pensión mientras continúan desarrollando su actividad profesional. Esta medida es especialmente relevante en un contexto donde el trabajo autónomo ha ganado protagonismo en la economía española.
Estos cambios en la jubilación activa entrarán en vigor el 1 de enero de 2024. A partir de esta fecha, los jubilados que deseen acogerse a la jubilación activa podrán beneficiarse de las nuevas condiciones, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.
Las modificaciones en la jubilación activa representan un paso importante hacia la modernización del sistema de pensiones en España. Al incrementar el porcentaje de la pensión compatible con el trabajo, flexibilizar los requisitos de acceso y ampliar la compatibilidad con el trabajo autónomo, se busca fomentar la prolongación de la vida laboral y mejorar la sostenibilidad del sistema.
Estos cambios, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, ofrecen nuevas oportunidades para los jubilados que deseen seguir contribuyendo al mercado laboral mientras disfrutan de una mayor estabilidad económica.
El 24 de diciembre de 2024, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, que introduce una serie de medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social. Este decreto también prorroga determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. A continuación, se detallan las principales novedades introducidas en cada uno de estos ámbitos.
Modificación del límite para presentar la declaración con carácter obligatorio: A partir del 1 de enero de 2025, se eleva a 2.500 euros la cuantía total de los rendimientos íntegros del trabajo procedentes del segundo y restantes pagadores. Esto permite que opere el límite general de 22.000 euros de rendimientos íntegros del trabajo para estar obligado a presentar declaración por este impuesto.
Deducción por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas: Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para aplicar la deducción por mejora de la eficiencia energética de viviendas. El certificado de eficiencia energética habilitante para la deducción deberá ser expedido antes del 1 de enero de 2026.
Deducción por adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga: Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción para la adquisición de vehículos eléctricos "enchufables" y de pila de combustible, así como para puntos de recarga.
Límites para la aplicación del método de estimación objetiva: Para el período impositivo 2025, se prorrogan los límites cuantitativos para la aplicación del método de estimación objetiva en el IRPF, excepto para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Los límites se mantienen en:
Imputación de rentas inmobiliarias: Se fija en el 1,1% el porcentaje para determinar la imputación de rentas en municipios con valores catastrales revisados a partir del 1 de enero de 2012.
Libertad de amortización en inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables: Se amplía el plazo para aplicar la libertad de amortización en inversiones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica y uso térmico de consumo propio, siempre que utilicen energía renovable y sustituyan instalaciones que consuman energía no renovable fósil.
Límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: Se prorrogan para 2025 los límites de 150.000 euros para el régimen simplificado y 250.000 euros para el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. El plazo para presentar renuncias o revocaciones será del 25 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025.
Medidas en relación con los depósitos fiscales de gasolinas, gasóleos y otros carburantes: Se incluye el gasóleo bonificado en el sistema de gestión de extracciones de depósito fiscal y se rebaja a 550 millones el volumen de extracciones necesario para la calificación de operador confiable.
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: Se modifican los coeficientes máximos para determinar la base imponible a partir del 1 de enero de 2025.
Impuesto sobre los Líquidos de Cigarrillos Electrónicos y otros Productos relacionados con el Tabaco: Se retrasa al 1 de abril de 2025 la entrada en vigor del impuesto y se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas.
Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras (IMICEF): Se modifican aspectos técnicos del IMICEF con efectos para los periodos impositivos que se inicien desde el 1 de enero de 2024.
Impuesto sobre Actividades Económicas: Se incluye a los artistas de Arte Sacro en el grupo 861 de la sección segunda de las tarifas del impuesto, con una cuota de 115 euros.
Otras Cuestiones: Se establece el régimen fiscal aplicable a las finales de la "UEFA Champions League Femenina 2024" y de la "UEFA Europa League 2025".
Límite máximo para la percepción de pensiones públicas: Hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025, el límite máximo para la percepción de pensiones públicas será de 3.267,60 euros mensuales o 45.746,40 euros anuales.
Revalorización de prestaciones: Las pensiones contributivas y las del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado se revalorizarán en un 2,8% en 2025. El complemento de pensiones para la reducción de brecha de género será de 35,90 euros mensuales. Las pensiones no contributivas tendrán un importe anual de 7.905,80 euros.
Bases de cotización: Las bases mínimas de cotización se incrementarán automáticamente en el mismo porcentaje que el salario mínimo interprofesional incrementado en un sexto. Las bases máximas se fijarán aplicando el porcentaje de revalorización de pensiones más 1.2 puntos porcentuales.
Cotización al Mecanismo de Equidad Intergeneracional: La cotización será de 0,80 puntos porcentuales, distribuidos entre empresa (0,67%) y trabajador (0,13%).
Pluriactividad de trabajadores autónomos: Los trabajadores autónomos en régimen de pluriactividad tendrán derecho al reintegro del 50% del exceso de cotizaciones por contingencias comunes que superen 16.672,66 euros, con un tope del 50% de las cuotas ingresadas.
Exenciones en la cotización en expedientes de regulación temporal de empleo: Las exenciones estarán condicionadas al mantenimiento del empleo durante un mínimo de seis meses y un máximo de dos años. El incumplimiento de este compromiso implicará el reintegro de las cotizaciones exoneradas.
Prórroga del salario mínimo interprofesional: Se prorroga la vigencia del Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero, hasta la aprobación del nuevo salario mínimo interprofesional para 2025.
Prórroga de expedientes de regulación temporal de empleo en Canarias: Se prorrogan los expedientes de regulación temporal de empleo y el pago de cuotas de la Seguridad Social para empresas y trabajadores afectados por la erupción volcánica en Cumbre Vieja.
Suspensión de desahucios: Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2025 la posibilidad de que el arrendatario solicite la suspensión de su desahucio por vulnerabilidad económica. El juez podrá suspender de oficio los desahucios de ocupantes sin título jurídico en situación de vulnerabilidad.
Prórroga de la moratoria societaria: Se amplía hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026 la suspensión de la causa de disolución por pérdidas, permitiendo excluir las pérdidas de 2020 y 2021 del cómputo para determinar la concurrencia de la causa de disolución.
Ampliación de competencias de la CNMC: Se modifica la Ley 3/2013 para ampliar las competencias de la CNMC, designándola como Coordinador de Servicios Digitales en cumplimiento del Reglamento (UE) 2022/2065. Se crea una nueva Dirección de Servicios Digitales para asumir las facultades de supervisión, investigación y sanción.
Modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico: Se adaptan determinados artículos de la Ley 34/2002 para cumplir con el Reglamento europeo relativo a un mercado único de servicios digitales.
Este artículo proporciona una visión detallada de las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, abarcando los ámbitos económico, tributario, de transporte y de Seguridad Social, así como otras áreas relevantes.
En conclusión, el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, introduce una serie de cambios importantes que afectan diversos aspectos económicos, tributarios, de transporte y de Seguridad Social. Estos cambios pueden tener un impacto significativo en su situación personal y profesional, por lo que es esencial estar bien informado y preparado para adaptarse a las nuevas normativas.
Para asegurar que usted comprende y aplica correctamente todas las modificaciones introducidas por este decreto ley, le recomendamos contar con el apoyo de un experto en la materia. Clemente Rueda ofrece servicios de asesoría especializados que le ayudarán a navegar a través de estos cambios con confianza y seguridad. Su experiencia y conocimiento en el ámbito tributario y de la Seguridad Social le proporcionarán la orientación necesaria para cumplir con todas las obligaciones legales y aprovechar al máximo las oportunidades que estas nuevas medidas pueden ofrecerle.
No dude en ponerse en contacto con Clemente Rueda para recibir una asesoría personalizada y asegurarse de que está tomando las decisiones más informadas y beneficiosas para su situación.
Medidas Tributarias
IRPF
IS
IVA
Otros Impuestos
Medidas Laborales y de Seguridad Social
Medidas Civiles
Medidas Mercantiles
Medidas en Material de Derecho Digital
Conclusión
El pasado 21 de noviembre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó un Proyecto de Ley que introduce un Impuesto Complementario destinado a garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud. Este proyecto, que se encuentra en proceso de tramitación en el Senado, representa un paso significativo en la implementación del Pilar II de la Acción 1 del Proyecto BEPS, liderado por la OCDE desde 2008.
La importancia de esta disposición legal no radica únicamente en el impuesto en sí, sino en las numerosas enmiendas que el Gobierno ha incorporado durante su tramitación, que afectan a otros impuestos como el Impuesto sobre Sociedades, el IRPF y los Impuestos Especiales. La intensa discusión parlamentaria ha evidenciado la relevancia de estas modificaciones, que podrían tener efectos inmediatos y retroactivos.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentran:
Impuesto sobre Sociedades: Se restablecen medidas recaudatorias que limitan la compensación de bases imponibles negativas para entidades con facturación superior a 20 millones de euros. Además, se introduce una nueva regulación sobre la reversión de deterioros en participaciones societarias.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): Se modifica la tarifa del ahorro, elevando el tipo impositivo marginal máximo al 30% para rendimientos superiores a 300,000 euros. También se introduce una nueva disposición para rendimientos de actividades artísticas, permitiendo una reducción del 30%.
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Aunque no se presentan cambios significativos, se implementan medidas para combatir el fraude fiscal relacionado con productos sujetos a impuestos especiales.
Nuevos Impuestos: Se crea un nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos, reflejando la creciente preocupación por la salud pública.
La tramitación del Proyecto de Ley que establece el Impuesto Complementario ha estado marcada por un intenso debate en el Congreso, donde se han presentado diversas enmiendas que han dado lugar a la aprobación de ciertas normas y al rechazo de otras. A continuación, se presenta un resumen de las principales disposiciones que han sido aceptadas y aquellas que no han logrado avanzar.
Régimen Económico-Fiscal de Canarias: Se ha modificado el artículo 27.4 de la Ley 19/1994, que regula la materialización de la inversión de la Reserva para Inversiones en Canarias, proporcionando una nueva regulación que busca mejorar la gestión de estas inversiones.
Ley General Tributaria: Se ha incorporado un nuevo supuesto de duración "larga" en el artículo 150, aplicable a las actuaciones de inspección que tengan como objeto la comprobación del Impuesto Complementario, lo que permitirá una mayor profundidad en las auditorías fiscales.
Plan General de Contabilidad y Normas sobre Formulación de Cuentas Consolidadas: Ambas normativas han sido modificadas para adaptarse a la nueva realidad del Impuesto Complementario, asegurando que las empresas cumplan con los requisitos contables establecidos.
Solución Pública de Facturación Electrónica: Se ha modificado la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, para instar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a desarrollar una solución pública de facturación que proporcione a las empresas una plataforma ajustada a los nuevos requisitos normativos.
Entrada en Vigor: La Ley establece que, para todas las disposiciones que no cuenten con una norma específica que regule su entrada en vigor, estas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
A pesar de las numerosas propuestas presentadas, algunas medidas no lograron obtener la aprobación del Congreso. Entre las más destacadas se encuentran:
Impuesto sobre las Grandes Herencias: Se rechazó la creación de un impuesto que hubiera unificado la regulación autonómica vigente, lo que habría supuesto un cambio significativo en la tributación de herencias (enmienda de SUMAR).
Exención en el Impuesto sobre Primas de Seguros: La propuesta para suprimir la exención que beneficia a los seguros de asistencia sanitaria y enfermedad fue desestimada (enmienda de SUMAR).
Equiparación de Tipos Impositivos en el Impuesto sobre Hidrocarburos: La enmienda que buscaba igualar los tipos impositivos entre gasolina y gasóleo de automoción a partir del 1 de abril fue rechazada (enmienda del Grupo Socialista).
Tipo Impositivo en el Impuesto sobre Sociedades: Se rechazó la supresión del tipo impositivo del 1% aplicable a Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria, así como la eliminación del régimen especial para las SOCIMI (enmienda de SUMAR).
Ajustes en el Impuesto sobre las Grandes Fortunas: La propuesta para ajustar ciertos preceptos en este impuesto fue desestimada (enmienda de SUMAR).
Endurecimiento del Tratamiento Fiscal a Pisos Turísticos: Se rechazó la enmienda que proponía un tratamiento fiscal más severo para los pisos turísticos y arrendamientos de temporada (enmienda de SUMAR).
Exención en el IVA de la Enseñanza Privada: La propuesta para suprimir la exención en el IVA de la enseñanza privada y la rebaja del tipo impositivo aplicable a los servicios de peluquería no fue aprobada (enmienda de SUMAR).
En este contexto de cambios fiscales, es fundamental contar con el apoyo de expertos en la materia. Clemente Rueda ofrece servicios de asesoría tributaria que pueden ayudar a las empresas y contribuyentes a navegar por las complejidades de la nueva legislación. Sus servicios incluyen:
La aprobación del Proyecto de Ley que establece un Impuesto Complementario marca un hito en la evolución del sistema fiscal español. Las modificaciones introducidas no solo afectan a grandes corporaciones, sino que también tienen implicaciones para pequeños y medianos contribuyentes. En este entorno cambiante, los servicios de asesoría tributaria de Clemente Rueda se presentan como una herramienta invaluable para garantizar el cumplimiento y la optimización fiscal.
El pasado día 28 de octubre de 2024 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden que desarrolla técnicamente el Reglamento "Verifactu", se trata de la Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre, por la que se desarrollan las especificaciones técnicas, funcionales y de contenido referidas en el reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación, aprobado por el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre; y en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, en vigor desde el 29 de octubre de 2024.
Esta obligación está en vigor desde el 11 de octubre de 2021, pero su aplicación efectiva, de tal forma que los programas de facturación cumplan con los requisitos del nuevo reglamento, se pospuso de forma diferente para los productores y comercializadores de los programas y para el resto de empresarios y profesionales que los usamos:
Así, el 1 de julio de 2025 los programas de facturación que utilicemos deben estar adaptados al Reglamento "Verifactu", con su correspondiente declaración responsable por escrito que certifique que cumple los requisitos y estándares aprobados, firmada por el productor del sistema informático (sea propio o de un tercero) bajo las infracciones y sanciones pertinentes. Mientras que los productores y comercializadores tienen de margen hasta el 29 de julio de 2025 para ofrecerlos adaptados, una vez que la Orden entra en vigor el 29 de octubre de 2024, cuando la lógica dice que el plazo dado a los usuarios de los programas debería ser mayor que el fijado para quienes deben adaptarlos y no al revés.
El Reglamento Verifactu también articula la posibilidad de remitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria CIRCULAR todos los registros de facturación generados (lo que se haría constar en factura con la mención “Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT” o "Verifactu"), así como su remisión por parte de los receptores de las facturas. No obstante, no se trata de una obligación si no de un proceder voluntario (salvo en el caso de que se utilice el servicio que facilitará gratuitamente la AEAT para cumplir con las especificaciones de los programas de facturación que conllevará su remisión obligatoria).
La entrada en vigor de la obligación de emitir facturas electrónicas depende del volumen de operaciones de los empresarios y profesionales, de tal forma que:
Y este desarrollo reglamentario aún no ha sido publicado. Actualmente el Proyecto de Reglamento de factura electrónica B2B se encuentra en tramitación por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa con la participación de la Agencia Tributaria, por lo que si se publicase antes de finalizar el año no sería de aplicación hasta el 2026 para las empresas con más de 8 millones de facturación y hasta el 2027 para el resto, pero no son
más que conjeturas.
La obligación es para todos los empresarios y profesionales, de expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales (B2B) mientras que las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica (con independencia del tamaño de la plantilla o volumen anual de operaciones) también deberán expedir y remitir facturas electrónicas a particulares que
acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente (no obstante, las agencias de viaje, servicios de transporte y actividades de comercio al por menor sólo estarán obligadas a emitir facturas electrónicas a particulares cuando la contratación se haya llevado a cabo por medios electrónicos).

Recuerde que: Se espera que el plazo dado a los usuarios se retrase hasta el 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y al 1 de julio de 2026 para el resto, de acuerdo con la propuesta de modificación del Reglamento Verifactu que ha sido publicada en el trámite de consulta pública previa, si bien al no ser un texto definitivo puede sufrir modificaciones hasta su publicación oficial.
Verifactu es un sistema impulsado por la Agencia Tributaria que tiene el objetivo de luchar contra el fraude fiscal e impulsar la digitalización y controlar el proceso de emisión de facturas en tiempo real. Es un sistema de facturación electrónica que la Agencia Tributaria pone a disposición de los empresarios y profesionales.
Así, la AEAT pretende tener un mayor control sobre las operaciones comerciales, eliminando la posibilidad de que se emitan facturas falsas o duplicadas, reduciendo así el fraude fiscal. En la práctica, Verifactu obliga a empresas y autónomos a generar y registrar sus facturas en un formato electrónico específico y enviarlas de forma automática a la AEAT en el momento en que se emiten. Con ello, cada factura emitida recibirá un código único, lo que garantiza que todas las transacciones estén perfectamente identificadas y controladas por Hacienda. Además, el sistema funciona como una especie de “almacén centralizado de facturas”, permitiendo a la AEAT tener acceso directo a la información de todas las facturas emitidas y recibidas por una empresa o negocio. Así, cualquier anomalía o error puede detectarse rápidamente y rectificarse con eficacia.
El nuevo Reglamento de programas de facturación es de aplicación en todo el territorio español a los siguientes obligados tributarios cuando tengan su domicilio fiscal en territorio común:
No, esta medida es opcional para todos los empresarios y profesionales. Es decir, el contribuyente puede no utilizar el sistema VeriFactu, que pone a su disposición la Agencia Tributaria o puede enviar la factura electrónica mediante otro software. Pero, en caso de utilizar otro software de facturación electrónica, éste tendrá que cumplir con los nuevos requisitos establecidos en el reglamento. Es decir, para cumplir con el Reglamento VeriFactu hay dos opciones disponibles:
Para implementar Verifactu en tu negocio tendrás que seguir estos pasos:
1. Adquirir un software de facturación compatible: para poder emitir facturas a través de Verifactu, necesitarás un programa de facturación que cumpla con los requisitos establecidos por la AEAT. Muchas plataformas de facturación electrónica ya están adaptando sus sistemas para cumplir con este nuevo marco.
2. Capacitación y adaptación interna: tanto si eres autónomo como si tienes una pyme, será necesario que te formes en el uso del nuevo sistema de facturación para asegurarte de realizar correctamente todos los procesos de emisión de facturas.
3. Conexión con la AEAT: tu software de facturación debe estar conectado con la plataforma de Verifactu para enviar las facturas de forma automática. Así, no tendrás que preocuparte de hacerlo manualmente. Requisitos técnicos y legales que deben cumplir las empresas a la hora de emitir una factura electrónica y utilizar esta plataforma.
Se contemplan sanciones de hasta 150.000 euros para los proveedores de software que no cumplan con los requisitos y de hasta 50.000 € para los usuarios que utilicen sistemas no homologados.
5. ¿Qué datos se envían a la AEAT con este sistema?
Verifactu permite que la AEAT reciba una serie de datos de cada factura que emitas. Entre los más importantes se encuentran:
Estos datos serán usados por la AEAT para hacer un control riguroso de las operaciones comerciales, evitando fraudes fiscales y facilitando la supervisión en tiempo real de las transacciones económicas.
6. Ventajas del sistema "Verifactu"
Aunque la puesta en funcionamiento de Verifactu puede parecer otra pesada carga administrativa para autónomos y empresas, queremos terminar contándote algunas de sus principales ventajas:
Ya ves que Verifactu es un sistema que, aunque pueda parecer algo engorroso en un principio, va a suponer un importante avance en la transparencia y eficiencia de la facturación en España.
7. ¿Qué otras novedades incluye?
Se modifica el Reglamento de Facturación para incluir en el contenido obligatorio de las facturas completas y simplificadas un código "QR" con la representación gráfica del contenido de las facturas emitidas mediante sistemas informáticos de facturación.
La Administración tributaria podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de los programas informáticos de facturación a través de:
Por último, se articula la posibilidad de remitir de forma voluntaria a la Agencia Estatal de Administración Tributaria todos los registros de facturación generados, en cuyo caso las facturas deberán incluir la frase “Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT” o “Verifactu”, asi como su remisión por parte de los receptores de las facturas.
En conclusión, con el sistema "Verifactu", se permite a los programas de facturación conectarse en tiempo real con la Agencia Tributaria (AEAT), facilitando un seguimiento constante de las actividades económicas. Y además, los sistemas de facturación deben conectarse a Internet y contar con certificados electrónicos para garantizar la transmisión segura de los datos a la AEAT, permitiendo tanto al contribuyente como a un representante autorizado enviar la información.
Para adaptar a las sociedades a todas estas novedades, sigue en Vigor las subvenciones del programa KIT DIGITAL, que os recodarmos:
Es una subvención para autónomos y empresas (con un máximo de 250 trabajadores), que se puede solicitar esta ayuda para implementar una serie de soluciones digitales concretas o incluso software o hardware (programa de facturación propio para adaptarse a Verifactu, sitio web, presencia en internet, ordenador portátil o de sobremesa, comercio electrónico, ciberseguridad...).
La cuantía total de esta subvención (denominada bono digital ) depende del tamaño de su empresa y del número de trabajadores y oscila entre los 3.000 y los 29.000 euros, como resumen hay 4 tipos
Convocatorias abiertas:
Agente digitalizador. A estos efectos, deberá contratar dichas soluciones digitales con los proveedores incluidos en el programa Kit Digital (los denominados “agentes digitalizadores”), y la Administración abonará directamente a su agente los honorarios correspondientes (excepto el IVA, que deberá pagar su empresa, si bien podrá deducírselo en su declaración periódica).
Imputación. A estos efectos, recuerde que las subvenciones se imputan según su finalidad:
INFORME ELABORADO POR EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE CLEMENTE RUEDA Y ASOCIADOS, S.L
El pasado 28 de octubre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden que desarrolla técnicamente el Reglamento "Veri*factu". A continuación repasamos las principales novedades y vemos cómo afecta a las empresas y a los autónomos que emiten facturas en España a otros profesionales.
La Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre, publicada en el BOE el 28 de octubre de 2024, establece las especificaciones técnicas, funcionales y de contenido del reglamento “Veri*factu”.
Este reglamento complementa la Ley General Tributaria en lo referente a sistemas de facturación, con 2 objetivos principales:
El reglamento establece que los sistemas informáticos deben estar adaptados para antes del 1 de julio de 2025, esa es la fecha límite.
Sin embargo, se ha confirmado que los productores y comercializadores tienen un plazo de 9 meses desde la entrada en vigor de la orden para adaptar sus sistemas y ofrecerlos al mercado, por lo que finalmente podrán hacerlo hasta el 29 de julio de 2025. En este mismo plazo, la AEAT habilitará el servicio para la recepción de los registros de facturación.
Las obligaciones quedarían de la siguiente manera:
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