Una bodega de Castilla y León que vende un palé de vino a un distribuidor de Francia, Bélgica o Países Bajos emite su factura sin IVA. Hasta ahí, todo el mundo lo sabe. Lo que muchas bodegas no saben es que desde 2020 esa exención dejó de depender solo de que el vino salga de España: ahora depende también de dos trámites administrativos que, si fallan, hacen que Hacienda reclame el IVA que nunca se repercutió. Y el que lo paga es el vendedor, no el cliente. Te explicamos qué tiene que cumplirse, cómo se prueba y dónde están los errores que acaban en una liquidación.
La norma es el artículo 25.Uno de la Ley del IVA. Dice, literalmente, que están exentas las entregas de bienes expedidos o transportados a otro Estado miembro «siempre que el adquirente sea un empresario o profesional o una persona jurídica que no actúe como tal, que disponga de un número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido asignado por un Estado miembro distinto del Reino de España, que haya comunicado dicho número de identificación fiscal al vendedor».
Y añade, en párrafo aparte, la condición que cambió las reglas del juego:
«La aplicación de esta exención quedará condicionada a que el vendedor haya incluido dichas operaciones en la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias prevista en el artículo 164, apartado uno, número 5.º, de esta Ley, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.»
Resumido: para facturar sin IVA a un distribuidor europeo hacen falta tres cosas a la vez, no una.
| Requisito | Qué significa en la práctica |
|---|---|
| El vino sale de España | Expedido o transportado a otro Estado miembro, por ti, por el cliente o por un tercero |
| El cliente te ha dado su NIF-IVA | Un número de otro Estado miembro, que él te comunica |
| Tú has declarado la operación | En el modelo 349, correctamente |
Antes de marzo de 2020, el NIF-IVA y el modelo 349 eran requisitos formales: si fallaban, había una sanción por el incumplimiento, pero la exención se mantenía si el transporte era real. Desde entonces no.
La reforma llegó con el Real Decreto-ley 3/2020, que traspuso las llamadas quick fixes europeas con efectos del 1 de marzo de 2020. Su preámbulo lo dice sin rodeos:
«A tal efecto, para la aplicación de la exención, junto con la condición de que los bienes se transporten a otro Estado miembro, como condición material y no formal, será necesario que el adquirente disponga de un número de identificación a efectos del IVA atribuido por un Estado miembro distinto del Reino de España que haya comunicado al empresario o profesional que realice la entrega intracomunitaria y que este último haya incluido dichas operaciones en la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, efectuada a través del modelo 349.»
La propia Agencia Tributaria lo traduce a consecuencias: «La exención de la entrega intracomunitaria sólo se aplicará si el cliente ha comunicado al proveedor un número de operador intracomunitario (VAT number) válido de un Estado miembro distinto de España y el proveedor informa la operación en el modelo 349. En caso contrario, la entrega intracomunitaria está sujeta y no exenta en el territorio de aplicación del IVA español.»
Traducido a euros: si vendes 30.000 euros de vino a un distribuidor cuyo NIF-IVA resulta no estar vigente, o si ese envío se te queda fuera del 349, la exención queda en riesgo y la operación puede acabar regularizada con IVA español. Al tipo general son 6.300 euros que tendrías que ingresar tú y que difícilmente vas a repercutir a un cliente extranjero meses después. Cada caso hay que analizarlo por separado, porque la normativa europea contempla que determinados incumplimientos de la declaración recapitulativa puedan justificarse ante la Administración. Pero el riesgo es ese, y el importe también.
Aquí hay una diferencia entre la norma europea y la española que merece la pena señalar. La Directiva del IVA, en su artículo 138.1 bis, permite una salida cuando el fallo está en el modelo 349: la exención no se aplica si el estado recapitulativo falta o es incorrecto, «a menos que el proveedor pueda justificar debidamente sus carencias a satisfacción de las autoridades competentes».
Esa cláusula de escape no está transcrita en el artículo 25 de nuestra Ley del IVA, que se limita a condicionar la exención a la inclusión en la declaración recapitulativa. No es un detalle académico: si alguna vez tienes que defender una operación con un 349 presentado fuera de plazo o con un error, el argumento está en la Directiva, no en la ley española. Es el tipo de cosa que conviene tener identificada antes de recibir el requerimiento, no después.
El artículo 13.2 del Reglamento del IVA es más abierto de lo que suele creerse: la expedición «se justificará por cualquier medio de prueba admitido en derecho y, en particular, mediante los elementos de prueba establecidos en cada caso, por el artículo 45 bis del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011».
Es decir: la lista europea no es la única vía, pero sí la más segura, porque genera una presunción a tu favor. Funciona así.
Necesitas dos elementos del grupo A, o bien uno del grupo A más uno del grupo B:
| Grupo A — documentos del transporte | Grupo B — documentos de confirmación |
|---|---|
| Carta o documento CMR firmado · conocimiento de embarque · factura de flete aéreo · factura del transportista | Póliza de seguro del transporte o documento bancario que pruebe su pago · documento oficial de una autoridad pública, como un notario, que acredite la llegada · recibo del depositario en destino que confirme el almacenamiento |
Aquí hay un documento más, y es el que más se olvida. Además de la combinación anterior, necesitas una declaración escrita del adquirente certificando que los bienes han sido transportados por él, con el Estado miembro de destino, y que debe incluir: fecha de emisión, nombre y dirección del comprador, cantidad y naturaleza de los bienes, fecha y lugar de entrega, identificación del medio de transporte cuando proceda y quién recibe la mercancía en su nombre.
Y tiene plazo: «El adquiriente presentará al vendedor la declaración escrita […] a más tardar el décimo día del mes siguiente a la entrega». Conviene entender bien qué significa ese plazo: es el que fija el Reglamento para poder acogerse a la presunción. Que la declaración llegue más tarde no convierte automáticamente la entrega en gravada, pero te deja sin la presunción a favor y obliga a acreditar el transporte por otros medios. Es un terreno bastante más incómodo, así que lo sensato es pedirla a tiempo.
Los documentos tienen que ser no contradictorios entre sí y estar expedidos por «dos partes distintas que sean independientes entre sí, del vendedor y del adquiriente». Un CMR y una factura emitidos los dos por la misma empresa de transporte no suman dos pruebas: suman una. Las discrepancias entre documentos hay que mirarlas una a una: no toda diferencia de fecha entre un albarán y un CMR constituye una contradicción sobre el transporte realizado.
Conviene además no vender esto como un blindaje, porque no lo es. El propio Reglamento lo aclara: «Las autoridades tributarias podrán refutar una presunción realizada en virtud del apartado 1». Lo que consigues con la documentación completa es que la carga de la prueba se invierta y sea la Administración la que tenga que demostrar que el envío no se produjo. Que no es poco.
Y conviene no confundir dos planos: perder la presunción no es perder la exención. Si no reúnes la combinación documental del artículo 45 bis, todavía puedes acreditar que el vino salió de España por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, como permite expresamente el artículo 13.2 del Reglamento del IVA. Lo que pierdes es la comodidad de que se presuma a tu favor.
Desde que es requisito material de la exención, presentarlo bien dejó de ser un papeleo. Sus plazos, según la Agencia Tributaria:
Ojo al salto, porque es automático y pilla a bodegas que crecen: si a final de cualquier mes del trimestre superas esos 50.000 euros, pasas a mensual de inmediato y debes presentar el modelo por los meses ya transcurridos del trimestre dentro de los veinte días siguientes. Una campaña fuerte de otoño puede cambiarte la periodicidad sin que nadie te avise.
Para tener NIF-IVA y aparecer en el censo VIES hay que solicitar la inclusión en el Registro de Operadores Intracomunitarios mediante el modelo 036, marcando la casilla 582 y consignando en la 584 la fecha prevista de la primera operación. La Agencia Tributaria advierte de algo importante: si no resuelve en un plazo de tres meses, la solicitud puede entenderse denegada.
No es un trámite para hacer la semana antes de cargar el camión.
La AEAT permite consultar en el VIES la validez del NIF-IVA de un cliente europeo y, lo que de verdad importa, señala que la contestación sirve «para probar a la administración fiscal de un Estado miembro que ha verificado un Número de IVA a una determinada fecha y que ha obtenido una determinada respuesta».
La normativa no fija cada cuánto hay que comprobarlo. Nuestro criterio, por la experiencia con inspecciones, es consultar y guardar el justificante de la consulta en el momento de cada entrega, no una vez al dar de alta al cliente. Un distribuidor puede causar baja en el registro de su país sin comunicártelo, y la factura que emitas ese día ya no cumple el requisito. Ese PDF archivado junto al CMR es lo que separa una comprobación tranquila de una liquidación.
Todo lo anterior es IVA. La circulación del vino entre países de la UE está sujeta además a la normativa de Impuestos Especiales, con sus propios documentos de circulación y sus propias figuras autorizadas, y eso es un terreno distinto que llevan asesores especializados en la materia. Conviene no mezclar ambos planos: cumplir impecablemente con el IVA no resuelve la parte de circulación, ni al revés.
No. El artículo 25.Uno de la Ley del IVA exige que el adquirente disponga de un NIF-IVA de otro Estado miembro y te lo haya comunicado, y la Agencia Tributaria precisa que si falta ese requisito la entrega está sujeta y no exenta en España. En esa situación habría que repercutir IVA español.
Desde el 1 de marzo de 2020 la presentación correcta del 349 es condición material de la exención, no un requisito formal, así que la exención puede denegarse. La Directiva europea permite justificar las carencias ante la Administración, pero esa cláusula no está recogida en la ley española. Lo prudente es regularizarlo cuanto antes y documentar el motivo del error.
Para activar la presunción del artículo 45 bis del Reglamento 282/2011 hacen falta dos elementos de prueba no contradictorios, emitidos por dos partes independientes entre sí, del vendedor y del comprador. El CMR solo no basta: hay que acompañarlo de otro documento del transporte o de una póliza de seguro, un justificante bancario del porte o un recibo del depositario en destino.
Una declaración escrita en la que certifique que ha transportado los bienes y que indique el Estado miembro de destino, con la fecha de emisión, su nombre y dirección, la cantidad y naturaleza de los bienes, la fecha y el lugar de entrega y quién recibe la mercancía en su nombre. Debe llegarte como máximo el día 10 del mes siguiente a la entrega, y se suma a los otros dos elementos de prueba.
Mensualmente como regla general. Puedes presentarlo trimestralmente si ni en ese trimestre ni en los cuatro anteriores superaste los 50.000 euros, sin IVA, en entregas y prestaciones intracomunitarias. Si superas esa cifra a final de cualquier mes del trimestre, pasas a mensual y tienes veinte días para declarar los meses ya transcurridos.
En Clemente Rueda y Asociados llevamos más de 40 años asesorando a empresas de Valladolid y Castilla y León, y conocemos las particularidades fiscales del sector del vino. Nos ocupamos del alta en el ROI, de la presentación del modelo 349 y del resto de tus impuestos, de la contabilidad de tus operaciones intracomunitarias y de montar el circuito de documentación que te deja tranquilo ante una comprobación.
Si tu asesoría actual no te ha hablado nunca de los requisitos materiales de 2020 ni de la declaración escrita del adquirente, merece la pena revisarlo. El cambio de asesoría no tiene coste: nos encargamos de todo el traspaso.
Llámanos al 983 39 74 88 o escríbenos desde el formulario de contacto. Primera consulta sin compromiso.
Este artículo tiene carácter informativo, refleja la normativa vigente en la fecha de su publicación y no sustituye al asesoramiento profesional sobre un caso concreto.
El 5 de octubre de 2026 el Ministerio de Hacienda comunicó que prevé aplazar VERI*FACTU hasta octubre de 2028, para que coincida con la factura electrónica obligatoria de pymes y autónomos. Es una buena noticia para quien iba justo de tiempo, pero tiene letra pequeña: es un anuncio, no una norma publicada. Mientras no aparezca en el BOE, las fechas legalmente vigentes siguen siendo el 1 de enero de 2027 para las sociedades y el 1 de julio de 2027 para los autónomos. Te explicamos qué está aprobado, qué está solo anunciado y qué conviene hacer, según seas sociedad o autónomo.
La nota informativa del Ministerio habla de una previsión de modificación de los plazos. Lo que se retrasa son las obligaciones pendientes del Real Decreto 1007/2023, el reglamento de los sistemas informáticos de facturación que todos conocemos como VERI*FACTU, y el nuevo horizonte es octubre de 2028.
El motivo es alinear dos calendarios que hasta ahora iban por separado: el de VERI*FACTU y el de la factura electrónica obligatoria para empresarios y profesionales que facturan hasta 8 millones de euros al año. Así se evita que un mismo negocio tenga que adaptar su facturación dos veces en poco más de un año.
La nota añade dos cosas que conviene no pasar por alto:
Un anuncio no cambia la ley. A día de hoy, la norma en vigor es la que introdujo el Real Decreto-ley 15/2025, y la Agencia Tributaria lo mantiene así en su sede electrónica:
La propia Agencia Tributaria ha colgado la comunicación del Ministerio bajo el título de «previsión de ampliación del plazo». Todo indica que el aplazamiento se aprobará, pero hasta que la norma se publique no hay fecha nueva con valor legal. Y eso importa sobre todo a las sociedades, que son las que tienen el plazo vigente más cerca.
Conviene recordar también a quién no afecta VERI*FACTU: a quienes ya llevan sus libros registro de IVA a través del Suministro Inmediato de Información (SII), obligatorio, entre otros casos, para empresas con un volumen de operaciones superior a 6.010.121,04 euros.
Aquí no hablamos de anuncios. El mismo 5 de octubre se publicó en el BOE la Orden HAC/1028/2026, que regula la solución pública de facturación electrónica, y entró en vigor el día 6. Con ella se completa el desarrollo de la Ley Crea y Crece y del Real Decreto 238/2026, y empieza a contar el reloj de la factura electrónica obligatoria en las operaciones entre empresarios y profesionales:
El volumen de operaciones se calcula conforme al artículo 121 de la Ley del IVA. Y la solución pública servirá para tres cosas: emitir facturas, conectar entre sí las plataformas privadas de facturación y actuar como repositorio de todas las facturas electrónicas emitidas.
Es la confusión más habitual, y el nuevo calendario común la va a aumentar. Son dos obligaciones distintas que, si se confirma el anuncio, llegarán a la vez:
Dicho de forma sencilla: una mira cómo generas la factura y la otra cómo la envías. Un mismo negocio puede estar afectado por las dos.
Tu fecha vigente sigue siendo el 1 de enero de 2027, y quedan menos de tres meses. Nuestra recomendación es no desmontar nada de lo que tengas preparado hasta ver el aplazamiento publicado en el BOE. Si ya has elegido programa o lo estás implantando, continúa: el trabajo no se pierde, porque los requisitos técnicos se mantienen.
Con el plazo vigente en julio de 2027 y un aplazamiento anunciado a 2028, no tiene sentido contratar software con prisas. Sí lo tiene preguntar a tu proveedor actual si su programa está adaptado y cómo será la actualización, para que la fecha, sea la que sea, no te pille eligiendo a última hora.
No hay motivo para volver atrás. Los fabricantes de software están obligados a ofrecer producto adaptado desde el 29 de julio de 2025, de modo que lo normal es que cualquier programa actualizado ya cumpla. Además, la Agencia Tributaria mantiene el periodo previo como periodo de pruebas. Si facturas poco, también tienes disponible la aplicación gratuita de facturación de Hacienda.
Antes de cambiar de programa, comprueba que tu proveedor tiene previstas las dos cosas: el cumplimiento de VERI*FACTU y la emisión de factura electrónica. Con una segunda reforma técnica ya anunciada, lo prudente es elegir una herramienta que se actualice sola y no una solución cerrada.
No. A 9 de octubre de 2026 es una previsión comunicada por el Ministerio de Hacienda el día 5. Para que tenga efecto debe aprobarse y publicarse en el BOE la norma que modifique los plazos. Hasta entonces siguen vigentes el 1 de enero de 2027 para sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto.
Todavía no. Tu obligación vigente sigue fijada para antes del 1 de enero de 2027. Lo razonable es mantener la preparación en marcha y confirmar la nueva fecha cuando se publique oficialmente.
Si tu volumen de operaciones no supera los 8 millones de euros, la obligación de emitir factura electrónica a otras empresas y profesionales empieza el 6 de octubre de 2028. La obligación de informar sobre los estados de la factura se retrasa, en tu caso, al 6 de octubre de 2029.
No. Hacienda ha indicado que las garantías técnicas del sistema se mantendrán en términos equivalentes a los actuales, así que un programa adaptado seguirá siendo necesario. Lo que cambia es la fecha a partir de la cual será exigible.
No. VERI*FACTU regula los requisitos del programa de facturación y viene de la Ley Antifraude. La factura electrónica regula el formato de las facturas entre empresas y profesionales y viene de la Ley Crea y Crece. Son normas distintas que Hacienda quiere hacer coincidir en el tiempo.
En Clemente Rueda y Asociados llevamos más de 40 años acompañando a autónomos y empresas de Valladolid y Castilla y León en cada cambio de normativa. Seguimos de cerca la publicación del nuevo calendario y avisamos a nuestros clientes en cuanto hay una fecha con valor legal, para que nadie tenga que tomar decisiones a partir de titulares. Si quieres revisar cómo te afecta, nuestro equipo de asesoría fiscal y de asesoría contable lo estudia contigo, y si eres autónomo puedes ver cómo trabajamos en nuestra gestoría para autónomos.
Y si tu asesoría actual no te ha explicado todavía nada de esto, recuerda que el cambio de asesoría no tiene coste: nos encargamos de todo el traspaso.
Llámanos al 983 39 74 88 o escríbenos desde el formulario de contacto.
Este artículo tiene carácter informativo, refleja la normativa vigente y los anuncios oficiales conocidos a 9 de octubre de 2026 y no sustituye al asesoramiento profesional sobre un caso concreto. El aplazamiento de VERI*FACTU a octubre de 2028 está pendiente de aprobación y publicación en el BOE.
Del 1 al 20 de octubre se presentan las declaraciones del tercer trimestre de 2026: el IVA de julio, agosto y septiembre, los pagos a cuenta del IRPF y las retenciones que hayas practicado a trabajadores, profesionales o al dueño de tu local. Es el trámite más repetido del año para cualquier autónomo o pyme, y precisamente por rutinario es donde más se falla: por domiciliar tarde, por olvidar un modelo que solo aparece en algunos trimestres o por dar por hecha una novedad que este año no ha llegado. Repasamos qué vence, cuándo de verdad, qué ha cambiado y qué cuesta llegar tarde.
El plazo de presentación termina el martes 20 de octubre de 2026. Pero si quieres que el importe se cargue en tu cuenta por domiciliación, tienes que haber presentado la autoliquidación antes del jueves 15.
La Agencia Tributaria lo explica así: entre el fin del plazo con domiciliación y el fin del plazo general tiene que haber «un mínimo de tres días hábiles o cinco naturales». De ahí salen los cinco días de diferencia, que se repiten cada trimestre y que cada trimestre pilla a alguien.
| Si quieres… | Fecha límite |
|---|---|
| Domiciliar el pago en tu banco | 15 de octubre (jueves) |
| Presentar y pagar por otra vía (cargo en cuenta, tarjeta, NRC) | 20 de octubre (martes) |
| Presentar sin ingreso (a devolver, a compensar o sin actividad) | 20 de octubre |
Si llegas al día 18 y querías domiciliar, ya no puedes: tendrás que pagar por otro medio. No es una sanción, pero obliga a tener el dinero disponible ese día en lugar de esperar al cargo.
No todos los modelos son para todo el mundo. Esta es la correspondencia habitual:
| Tu situación | Modelos del 20 de octubre |
|---|---|
| Autónomo en estimación directa | 303 (IVA) y 130 (pago fraccionado del IRPF) |
| Autónomo en módulos | 303 y 131 (pago fraccionado en estimación objetiva) |
| Sociedad limitada | 303, y 202 cuando exista obligación de efectuar el pago fraccionado |
| Tienes trabajadores o pagas facturas de profesionales con retención | 111 |
| Alquilas un local, nave u oficina | 115 |
| Repartes dividendos o pagas intereses | 123 |
| Vendes o compras a empresas de otros países de la UE | 349 |
| Vendes online a particulares de la UE y estás acogido a la ventanilla única | 369, y vence el 31 |
El 202 merece una aclaración: no todas las sociedades están obligadas a presentarlo. El artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades exime del pago fraccionado y de su declaración a determinadas entidades, y en la modalidad general la obligación depende de que resulte cantidad a ingresar. Pero cuando toca, toca: solo se presenta tres veces al año —abril, octubre y diciembre— y es de los que más se pasan por alto justo en octubre.
| Fecha | Qué vence |
|---|---|
| 13 de octubre | INTRASTAT de septiembre, solo para obligados a suministrar información estadística |
| 15 de octubre | Último día para presentar con domiciliación bancaria |
| 20 de octubre | Retenciones del 3T (111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216) · Pagos fraccionados 130, 131, 202 y 222 · IVA del 3T: 303, 308, 309, 341, 349 y 380 · Impuestos especiales y medioambientales del trimestre |
| 30 de octubre | IVA mensual de septiembre (303, 322, 353, 380) y modelo 593 |
| 31 de octubre | Modelo 369, ventanilla única: régimen de importación de septiembre y regímenes exterior y de la Unión del 3T |
Hay un detalle del 369 que conviene conocer. El 31 de octubre de 2026 cae en sábado y, como regla general, cuando un vencimiento coincide con día inhábil el plazo pasa al siguiente día hábil. Pero la Agencia Tributaria señala expresamente una excepción: en el modelo 369 «el plazo de presentación no varía, aunque el último día del plazo coincida con fines de semana o festivos». Si vendes online dentro de la UE, ese sábado es el último día de verdad.
Es la confusión más extendida ahora mismo, y conviene aclararla porque hay quien está contratando software con prisa innecesaria. El nuevo sistema de facturación no empieza en 2026.
La disposición final cuarta del Real Decreto 1007/2023, en su redacción vigente, dice literalmente que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades deberán tener adaptados sus sistemas «antes del 1 de enero de 2027» y que el resto de obligados —entre ellos los autónomos en IRPF— deberán tenerlos operativos «antes del 1 de julio de 2027».
Dicho de otro modo: un autónomo de Valladolid tiene por delante hasta el verano de 2027. Eso no significa dejarlo para el final. Los fabricantes de software llevan obligados a ofrecer producto adaptado desde julio de 2025, así que la herramienta ya existe y se puede migrar con calma en lugar de a última hora. Lo que no tiene sentido es pagar hoy por una urgencia que no existe.
Cosa distinta es la factura electrónica obligatoria entre empresas, que viene de la Ley Crea y Crece y se desarrolló por el Real Decreto 238/2026. Ahí los plazos todavía no han empezado a contar: dependen de una orden ministerial que aún no se ha publicado, y a partir de ella habrá doce meses para las empresas que facturen más de 8 millones y veinticuatro para el resto. Cualquiera que te dé hoy una fecha cerrada para esto se la está inventando.
La Orden HAC/1425/2025, que desarrolla los módulos para 2026, permite «reducir el rendimiento neto de módulos obtenido en 2026 en un 5 por ciento», y aclara que esa reducción «se tendrá en cuenta para cuantificar el rendimiento neto a efectos de los pagos fraccionados correspondientes a 2026». Es decir, se aplica ya al modelo 131 que presentas este mes. Los signos, índices y módulos se mantienen sin variación respecto a 2025.
La prórroga de los límites ampliados de módulos para 2026 tuvo un recorrido normativo poco habitual: se aprobó primero por el Real Decreto-ley 16/2025 y después por el Real Decreto-ley 2/2026, y ninguno de los dos fue convalidado por el Congreso.
Para aclarar sus efectos, la Agencia Tributaria publicó una nota el 1 de abril de 2026, siguiendo los criterios de la Dirección General de Tributos, en la que confirma que «respecto al ejercicio 2026 se mantienen los límites para la aplicación del método de estimación objetiva vigentes en los ejercicios 2016 a 2024». La misma nota dice lo propio del IVA: se mantienen los límites del régimen simplificado y del especial de la agricultura, ganadería y pesca.
En la práctica, por tanto, en 2026 siguen vigentes los 250.000 euros de volumen de ingresos, los 125.000 euros por operaciones facturadas a empresarios y profesionales y los 250.000 euros de volumen de compras, sin perjuicio de las magnitudes específicas que la orden fija para cada actividad.
Durante 2026 hubo tipos reducidos temporales en varios suministros, y no todos terminaron a la vez. Según el cuadro de tipos que publica la Agencia Tributaria, el 10 % en electricidad, gas natural, briquetas y pellets de biomasa y leña estuvo vigente del 22 de marzo al 31 de mayo, y en combustibles y carburantes, del 22 de marzo al 30 de junio. La propia Agencia Tributaria lo resume así: «a partir de 1 de junio el IVA del gas y la electricidad pasó del 10 al 21 %».
Para el tercer trimestre rige, por tanto, el tipo general. Con dos cautelas: las normas preveían la posibilidad de retomar la rebaja si volvían a subir los precios, así que lo prudente es comprobar el tipo aplicable en la fecha de cada operación; y las facturas rectificativas o los abonos de operaciones del segundo trimestre conservan el tipo de la factura original.
Hay además algo que sí sigue vivo en el tercer trimestre y que no es IVA, pero conviene no confundirlo al revisar las facturas de carburante: el Real Decreto-ley 18/2026 rebajó el Impuesto sobre Hidrocarburos en 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre, y amplió hasta el 30 de septiembre las ayudas extraordinarias a las empresas de transporte por carretera por el gasóleo profesional, que gestiona la propia Agencia Tributaria.
Desde el segundo trimestre de 2026 el modelo 303 incorpora la casilla 112, para el pago a cuenta de entregas de gasolinas, gasóleos y biocarburantes tras la ultimación del régimen de depósito distinto del aduanero. Solo concierne a titulares de depósitos fiscales de carburantes y a extractores, que la Ley del IVA define como quienes sacan el producto del depósito, no quienes lo compran después.
Conviene aclararlo porque genera dudas en el sector del transporte: repostar en una estación de servicio o con tarjeta de carburante no te convierte en extractor. Tu factura lleva su IVA y se deduce como siempre, y no tienes que presentar el modelo 319. Solo entrarías en este régimen si tu empresa tiene su propia instalación en régimen de depósito distinto del aduanero y extrae el gásoleo ella misma, lo que obliga además a estar en el Registro de extractores. Lo que sí interesa a una empresa de transporte con el gasóleo es otra cosa distinta: la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por gasóleo profesional, que va por su propio censo.
Depende de dos cosas: del resultado de la declaración y de si Hacienda te había requerido antes. No es lo mismo un 303 que sale a pagar que uno sin actividad.
Si presentas por tu cuenta una autoliquidación con resultado a ingresar, sin requerimiento previo, no hay infracción: hay recargo. El artículo 27 de la Ley General Tributaria lo fija en «un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso», y añade que a partir de los doce meses «el recargo será del 15 por ciento» más intereses de demora. Ese recargo «se reducirá en el 25 por ciento» si pagas la autoliquidación y el propio recargo en los plazos que marca la ley.
Si la declaración no sale a ingresar —negativa, a compensar o sin actividad— la cosa cambia, y aquí sí puede haber infracción. El artículo 198 sanciona con 200 euros «no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones… siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública», y precisa que si se presentan fuera de plazo sin requerimiento previo «la sanción y los límites mínimo y máximo serán la mitad». Es decir, 100 euros si das tú el paso.
| Retraso | Recargo | Con la reducción del 25 % |
|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 1 % | 0,75 % |
| 1 mes completo | 2 % | 1,5 % |
| 3 meses completos | 4 % | 3 % |
| 6 meses completos | 7 % | 5,25 % |
| Más de 12 meses | 15 % + intereses de demora | 11,25 % + intereses |
La tabla se refiere a autoliquidaciones con resultado a ingresar presentadas voluntariamente. La reducción del 25 % exige cumplir los requisitos de pago del artículo 27.5 de la Ley General Tributaria.
La diferencia importante no está en el porcentaje, sino en quién da el primer paso. Si presentas tú, hay recargo o, como mucho, una sanción reducida a la mitad. Si te llega antes el requerimiento de Hacienda, el régimen es sancionador en cualquier caso, y es otro orden de magnitud. Cuando se ha pasado un plazo, lo peor que se puede hacer es esperar a ver si nadie se da cuenta.
Hasta el martes 20 de octubre de 2026, que es el plazo general para los modelos 303, 130, 131, 111, 115, 202 y el resto de autoliquidaciones trimestrales. El IVA mensual de septiembre vence el 30 y el modelo 369 de ventanilla única, el 31.
Porque para domiciliar el pago la autoliquidación tiene que estar presentada el 15 de octubre como máximo. La Agencia Tributaria exige un margen mínimo de tres días hábiles o cinco naturales entre el cierre del plazo con domiciliación y el plazo general. Después del 15 todavía se puede presentar, pero hay que pagar por otro medio.
No en 2026. La norma vigente obliga a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a tener los sistemas adaptados antes del 1 de enero de 2027, y al resto de obligados, incluidos los autónomos, antes del 1 de julio de 2027. Conviene preparar el cambio con tiempo, pero no hay ninguna obligación que venza este año.
Depende del resultado. Si sale a ingresar y lo presentas tú antes de recibir cualquier requerimiento, se aplica un recargo del 1 % más un 1 % adicional por cada mes completo de retraso, reducido un 25 % si pagas en plazo; pasados doce meses, el 15 % más intereses de demora. Si sale a cero, a compensar o a devolver, no hay recargo, pero sí puede haber una sanción de 200 euros, que se queda en 100 cuando lo presentas sin que te lo reclamen. Si la iniciativa la toma Hacienda, el régimen es sancionador en cualquier caso.
Sí: el rendimiento neto de 2026 se reduce un 5 %, y esa reducción se aplica ya al cálculo del pago fraccionado del modelo 131. En cuanto a los límites de exclusión, la Agencia Tributaria aclaró el 1 de abril de 2026 que para este ejercicio se mantienen los vigentes entre 2016 y 2024: 250.000 euros de ingresos y 125.000 por operaciones facturadas a empresarios y profesionales.
En Clemente Rueda y Asociados llevamos más de 40 años presentando los trimestres de autónomos y empresas de Valladolid y Castilla y León. Nos ocupamos de la contabilidad, de la presentación de todos los modelos y de la gestión laboral y las retenciones de tus trabajadores, y avisamos con antelación de lo que hay que preparar en cada fecha.
Si este trimestre vas justo, o si tu asesoría actual te deja las cosas para el día 19, el cambio de asesoría no tiene coste: nos encargamos de todo el traspaso.
Llámanos al 983 39 74 88 o escríbenos desde el formulario de contacto. Primera consulta sin compromiso.
Este artículo tiene carácter informativo, refleja la normativa vigente en la fecha de su publicación y no sustituye al asesoramiento profesional sobre un caso concreto. El calendario del contribuyente fue confeccionado por la Agencia Tributaria en diciembre de 2025, con proyectos normativos en tramitación.
Las dietas de los conductores son una de las partidas que más dudas generan en una empresa de transporte y una de las que más revisan la Seguridad Social y Hacienda. El Tribunal Supremo ha despejado una de esas dudas a favor del sector: si las dietas no superan los límites del IRPF y el desplazamiento cumple los requisitos legales, la empresa no tiene que guardar los tickets de cada comida para que no coticen. Lo que sí tiene que probar es que el viaje se hizo. El alojamiento, en cambio, tiene regla propia: para los conductores de transporte de mercancías por carretera no hace falta justificar su importe hasta 15 euros diarios en España o 25 euros en el extranjero; para que quede exenta una cantidad superior, hay que acreditar documentalmente el gasto. Te explicamos qué dice la sentencia, qué documentación conviene conservar y por qué no tributan igual las dietas de un conductor asalariado, las de un autónomo y las de un socio de una sociedad limitada. En Clemente Rueda y Asociados trabajamos a diario con empresas de transporte y transportistas autónomos de Valladolid, y esta es una de las cuestiones que más nos plantean.
La sentencia es la STS 1067/2025, de 21 de julio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera (recurso de casación 8637/2021; ECLI:ES:TS:2025:3789). La Tesorería General de la Seguridad Social había girado a una empresa de transporte un acta de liquidación de 108.561,24 euros por diferencias de cotización del periodo que va de junio de 2014 a mayo de 2018. Consideraba que las dietas pagadas a los conductores eran en realidad salario, porque la empresa no conservaba los justificantes de cada comida y cada alojamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le había dado la razón a la Administración.
El Supremo casa esa sentencia y confirma y aclara el criterio que ya había fijado en 2020. En sus propias palabras, para excluir las dietas de la base de cotización "la empresa debe justificar la realidad del viaje realizado conforme a su actividad mercantil de transporte, luego su origen y destino, viaje de retorno, vehículo, conductor y, en su caso, días de viaje". Y añade lo que de verdad cambia las cosas: "no resulta precisa la justificación del gasto previo realizado por el trabajador en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, cuando las dietas no superan los límites previstos en el artículo 9.A.3.a) del Real Decreto 439/2007".
Hay un detalle de la doctrina que suele pasarse por alto. El desplazamiento tiene que constituir "la ejecución de un contrato de transporte como objeto social de la misma y por el que cotiza según CNAE". Es decir, en el supuesto examinado, los desplazamientos deben corresponder a la ejecución de contratos de transporte propios de la actividad de la empresa: no basta con acreditar cualquier desplazamiento, hay que demostrar su vinculación con los servicios de transporte realizados.
El resultado práctico fue contundente: el Supremo anuló las resoluciones administrativas y condenó a la Tesorería a reintegrar lo cobrado, con los intereses legales desde la fecha de pago y los intereses abonados por el aplazamiento. La sentencia tampoco sale de la nada: continúa expresamente la línea de la STS 1716/2020, de 14 de diciembre (rec. 7692/2018).
El razonamiento es sencillo. La Ley General de la Seguridad Social (artículo 147) excluye las dietas de la base de cotización en la cuantía y con el alcance que prevé la normativa del IRPF, y esa normativa no exige tickets para la manutención dentro de los límites. Exigir para cotizar una prueba que Hacienda no pide para tributar no tenía sentido.
Los importes que marcan la frontera están en el artículo 9 del Reglamento del IRPF (Real Decreto 439/2007). Siempre que el desplazamiento sea a un municipio distinto del centro de trabajo habitual y del domicilio del conductor, quedan exentos de tributar:
En manutención, lo que exceda de esos límites tributa en el IRPF del conductor y cotiza a la Seguridad Social como cualquier otra retribución. En estancia la regla es distinta: un alojamiento superior a 15 euros puede seguir exento si está debidamente justificado. Esto es importante cuando el convenio colectivo aplicable fija dietas superiores: la empresa debe pagar lo que dice el convenio, pero la parte de manutención que supere el límite reglamentario no está exenta.
Hay además un límite temporal que conviene tener presente. El propio artículo 9.A.3 excluye la exención "cuando se trate de desplazamiento y permanencia por un período continuado superior a nueve meses" en un mismo destino, y aclara que no se descuenta el tiempo de vacaciones o enfermedad que no altere el destino. No es el caso de un conductor de ruta, pero sí puede aparecer en desplazamientos largos a un destino fijo.
Además, no toda cantidad que se llame «dieta» está exenta por el hecho de pagarse durante una ruta. El desplazamiento tiene que ser a un municipio distinto del centro de trabajo habitual y del de residencia del conductor, y la cantidad tiene que responder a ese desplazamiento concreto.
Ruta de ida y vuelta en el día. Un conductor de una empresa de Valladolid, que vive en Valladolid y tiene allí su centro de trabajo habitual, hace una ruta Valladolid–Madrid–Valladolid sin dormir fuera. Como se desplaza a un municipio distinto de su centro de trabajo y de su residencia, se cumple el requisito del desplazamiento. La empresa le abona 26 euros de dieta. Como no supera los 26,67 euros diarios de manutención sin pernocta, la cantidad no tributa ni cotiza. La empresa no necesita el ticket de la comida, pero sí la prueba de que la ruta se hizo: albarán, volcado del tacógrafo o registro GPS. Si la dieta hubiera sido de 35 euros, los 8,33 euros de diferencia irían a nómina como retribución sujeta a retención y cotización.
Ruta con noche fuera. El mismo conductor duerme una noche en Zaragoza en una ruta de reparto. Ese día la empresa puede abonarle hasta 53,34 euros de manutención y hasta 15 euros de estancia sin que haga falta justificante del alojamiento. Si se aloja en un hotel de 60 euros y la empresa le abona ese importe, los 60 euros pueden quedar exentos, pero solo si se justifican con la factura del hotel: en ese caso ya no basta con probar el viaje.
La sentencia no elimina la obligación de probar: la traslada del gasto al viaje. El propio Reglamento del IRPF exige que el pagador acredite el día, el lugar y el motivo del desplazamiento. En la práctica, la empresa debería poder reconstruir cada ruta con:
Lo más prudente es conservar esta documentación durante los plazos de prescripción, porque la Inspección puede revisar varios ejercicios hacia atrás. Es justo lo que ocurrió en el caso que resolvió el Supremo, que se remontaba a 2014.
También aquí la jurisprudencia favorece al trabajador. El Tribunal Supremo ha establecido (entre otras, en la STS 96/2020, de 29 de enero, y la ha reiterado en la STS 110/2025, de 4 de febrero) que, en principio, no es el empleado quien debe probar la realidad de los desplazamientos para que sus dietas estén exentas. Si Hacienda tiene dudas, debe dirigirse a la empresa pagadora, que es la obligada a acreditarlos. Esto no significa que el trabajador quede liberado de cualquier obligación documental en todos los casos, pero sí sitúa el peso de la prueba en quien paga. Para el conductor es una buena noticia; para la empresa, una razón más para tener la documentación en orden.
Todo lo anterior se aplica a los conductores con contrato laboral. Cuando quien conduce es el propio transportista, el tratamiento cambia, y es uno de los puntos en los que más errores vemos.
Desde el 1 de enero de 2018 (Ley 6/2017, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo), el autónomo puede deducirse sus propios gastos de manutención si cumple cuatro requisitos: que sean gastos del propio titular, que se produzcan en el desarrollo de la actividad, que sean en establecimientos de restauración y hostelería y que se paguen por un medio electrónico (tarjeta, móvil o transferencia). El límite es el mismo que para los asalariados: 26,67 o 53,34 euros diarios en España, según haya o no pernocta, y 48,08 o 91,35 euros en el extranjero.
La diferencia con el asalariado es importante. El autónomo sí necesita un justificante fiscal válido del gasto y la acreditación del pago electrónico, y el gasto debe estar relacionado con la actividad y registrado en sus libros. Una comida de 18 euros en un restaurante de carretera, durante una ruta, con su factura y pagada con tarjeta se puede deducir; la misma comida pagada en efectivo, no. Además, la regla de los 15 euros de estancia sin justificar es solo para conductores asalariados: el alojamiento del autónomo se deduce como cualquier otro gasto de la actividad, con su factura.
En estimación objetiva el rendimiento no se calcula con los gastos reales, sino aplicando los módulos que la orden anual fija para cada epígrafe. En el epígrafe 722, transporte de mercancías por carretera, la Orden HAC/1425/2025 establece únicamente tres:
Conviene señalarlo porque se repite a menudo lo contrario: en el transporte de mercancías no existe un módulo de potencia fiscal. Ese módulo aparece en otras actividades, como las autoescuelas, pero no en el epígrafe 722. En los autotaxis (epígrafe 721.2) el módulo es la distancia recorrida.
En estimación objetiva, por tanto, los gastos de manutención y alojamiento no se deducen individualmente: el rendimiento se determina aplicando los módulos del epígrafe conforme a las reglas del régimen, no restando gastos reales. Conviene no confundirlo: no hay importes de dieta incorporados a los módulos. Y hay un límite propio del régimen que conviene tener presente: queda excluido de módulos quien disponga de más de cuatro vehículos cualquier día del año. Cuando un transportista valora si le compensa seguir en módulos o pasar a estimación directa, las dietas y los gastos reales de ruta son una de las partidas que hay que cuantificar antes de decidir.
Es el caso más delicado. El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 30 de enero de 2025 (RG 1475/2024), ha aclarado que un administrador no puede aplicar la exención a las dietas que cobra por sus funciones de administración, pero sí a las que deriven de una relación laboral con la sociedad. Hay que analizar el origen de cada dieta. Que el administrador conduzca los vehículos de su sociedad no le da derecho automáticamente a la exención, ni basta con acreditar que los viajes se hacen para la empresa: tiene que existir una relación laboral que reúna los requisitos legales y de la que procedan esas dietas. Si no, Hacienda puede considerarlas retribución y la exención se pierde.
Este es uno de los puntos que revisamos cuando un transportista nos plantea si le compensa constituir una sociedad: la forma de cobrar las dietas no es la misma y un error puede acabar en una regularización de varios ejercicios.
No, si las dietas de manutención no superan los límites del artículo 9 del Reglamento del IRPF y el desplazamiento cumple los requisitos legales. Según la STS 1067/2025, de 21 de julio, en ese caso basta con acreditar la realidad del viaje (origen, destino, retorno, vehículo, conductor y días) para que no coticen a la Seguridad Social.
En España, hasta 26,67 euros diarios de manutención sin pernocta o 53,34 euros con pernocta. Además, los conductores de transporte de mercancías por carretera que pernoctan fuera pueden percibir hasta 15 euros diarios de estancia sin justificar (25 euros en el extranjero). El exceso de manutención tributa y cotiza; un alojamiento de mayor importe puede quedar exento si se justifica con su factura.
Los volcados del tacógrafo, los albaranes o cartas de porte, los registros de GPS o de gestión de flota y unas nóminas que identifiquen los días de desplazamiento. El pagador debe poder acreditar el día, el lugar y el motivo de cada viaje.
Sí, si tributa en estimación directa, la comida es en un establecimiento de restauración u hostelería, está vinculada a la actividad, se paga con tarjeta u otro medio electrónico y dispone de justificante fiscal válido, con los mismos límites diarios que las dietas de los asalariados. En módulos no se deducen gastos reales: el rendimiento sale de los módulos del epígrafe 722 (personal asalariado, personal no asalariado y carga de vehículos).
Solo las que deriven de una relación laboral real con la sociedad, no las vinculadas a sus funciones de administrador, según el criterio del TEAC de 30 de enero de 2025. Conducir los vehículos de la empresa no da derecho, por sí solo, a la exención. Conviene revisar cada caso, porque es una de las partidas que más regularizaciones genera.
En Clemente Rueda y Asociados llevamos más de 40 años asesorando a empresas y autónomos de Valladolid, y conocemos las particularidades fiscales, contables y laborales del sector del transporte. Podemos revisar cómo está pagando las dietas tu empresa, si tu convenio te obliga a abonar cantidades que superan los límites exentos o si, como autónomo, te compensa seguir en módulos.
Llámanos al 983 39 74 88 o escríbenos desde nuestro formulario de contacto. La primera consulta es sin compromiso.
Este artículo tiene carácter informativo y no sustituye al asesoramiento profesional sobre un caso concreto.
Si diriges una empresa industrial o de fabricación y estás pensando en comprar maquinaria, renovar instalaciones o mejorar un proceso productivo, la fiscalidad de esa inversión no es un detalle contable: puede cambiar lo que pagas en el Impuesto sobre Sociedades de este año y de los siguientes.
Y sin embargo es lo último que se mira. Primero se decide la compra, después se pregunta al asesor. Cuando muchas veces el orden correcto es el inverso, porque hay incentivos que exigen requisitos previos —mantener plantilla, documentar un proyecto, obtener un informe— que ya no se pueden cumplir si la decisión está tomada.
Este artículo explica los dos mecanismos que más margen dan a una empresa industrial: la libertad de amortización, que permite adelantar la deducción de una inversión, y la deducción por I+D+i, que resta directamente de la cuota. Con los porcentajes y límites vigentes en 2026.
Amortizar es repartir el coste de una inversión a lo largo de su vida útil. Una máquina de 200.000 euros no se deduce entera el año que se compra: se va deduciendo por partes, según las tablas oficiales.
La libertad de amortización rompe esa regla. Permite deducir fiscalmente el importe que se decida, sin sujeción a coeficiente ni a plazo, con independencia de lo que se amortice contablemente.
Conviene entenderlo bien: no es una exención, es un diferimiento. Reduce la base imponible ahora y la aumenta en ejercicios posteriores. Lo que ganas es tesorería y capacidad de planificar, no dinero regalado, y el efecto económico final depende de la situación fiscal de cada empresa en los ejercicios siguientes. Pero en una empresa que acaba de hacer una inversión fuerte, adelantar esa deducción al año en que aprieta la caja vale mucho.
Son cosas distintas. La amortización acelerada no libera del sistema de amortización: simplemente multiplica por dos el coeficiente lineal máximo de tablas, y está prevista en el artículo 103 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para las empresas de reducida dimensión. La libertad de amortización va mucho más lejos.
Es el supuesto con más recorrido ahora mismo para una industria. La disposición adicional decimoséptima de la Ley del Impuesto sobre Sociedades permite amortizar libremente las inversiones en instalaciones de autoconsumo eléctrico y de uso térmico de consumo propio que utilicen energía procedente de fuentes renovables y que sustituyan a instalaciones de fuentes fósiles no renovables.
Estaba previsto que decayera, pero se ha prorrogado a 2026 por el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, convalidado por el Congreso. Condiciones a tener presentes:
Para una nave industrial que se plantee instalar fotovoltaica de autoconsumo o sustituir una caldera de gasóleo por una instalación térmica renovable, este incentivo puede permitir anticipar fiscalmente la amortización de la inversión. No opera de forma automática por el hecho de ser una instalación renovable: la disposición adicional decimoséptima establece condiciones distintas según el tipo de instalación, junto con exclusiones, requisitos técnicos y obligaciones documentales. Hay que verificarlas una a una, además del mantenimiento de plantilla.
La disposición adicional decimoctava, también prorrogada a 2026 por la misma norma, permite la libertad de amortización de vehículos nuevos eléctricos, híbridos enchufables y de pila de combustible afectos a la actividad, y de las nuevas infraestructuras de recarga. Relevante si estás renovando flota.
El artículo 102 de la Ley permite a las empresas de reducida dimensión amortizar libremente el inmovilizado material nuevo y las inversiones inmobiliarias cuando se incrementa la plantilla media respecto de la de los doce meses anteriores. Ese incremento debe producirse durante los 24 meses siguientes al inicio del período impositivo en que los bienes entran en funcionamiento, y mantenerse después durante otros 24 meses. El límite se calcula multiplicando 120.000 euros por el incremento de plantilla.
Ojo con esto: si el incremento no se mantiene, hay que revertir lo deducido con intereses de demora. No es un incentivo para aplicar a la ligera.
El más sencillo y el más olvidado: los elementos del inmovilizado material cuyo valor unitario no exceda de 300 euros se pueden amortizar libremente, con un límite de 25.000 euros por período impositivo. En un taller que compra herramienta menor durante todo el año, esa cifra se alcanza antes de lo que parece.
A diferencia de la amortización, la deducción por I+D+i no es un diferimiento. Resta directamente de la cuota del Impuesto sobre Sociedades. Es dinero que no se paga.
El primer error es creer que esto es solo para laboratorios y empresas tecnológicas. Muchas actividades de fabricación y de mejora de procesos o productos pueden calificar: un nuevo proceso productivo, la mejora tecnológica sustancial de un producto o de un proceso preexistente —así lo llama el artículo 35.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades— o la automatización de una línea cuando suponga un avance tecnológico real y no una simple mecanización convencional.
El segundo error es el contrario, y también sale caro: dar por hecho que cualquier modernización lo es. No toda compra de maquinaria nueva ni toda mejora de la productividad constituye I+D o innovación tecnológica a efectos fiscales. El artículo 35 define con precisión qué se entiende por cada cosa y exige unas características tecnológicas determinadas. Cada proyecto hay que examinarlo por separado.
Los porcentajes vigentes, según el artículo 35 de la Ley:
| Concepto | Deducción |
|---|---|
| Investigación y desarrollo (tipo general sobre los gastos del período) | 25 % |
| I+D, sobre el exceso respecto de la media de los dos años anteriores | 42 % |
| Deducción adicional por gastos de personal investigador cualificado adscrito en exclusiva a I+D | 17 % |
| Inversiones en inmovilizado afecto en exclusiva a I+D (excluidos edificios y terrenos) | 8 % |
| Innovación tecnológica | 12 % |
Fíjate en el 42 % sobre el exceso, y en la palabra exceso: ese porcentaje no se aplica a todos los gastos cuando se supera la media de los dos años anteriores, sino únicamente a la parte que excede de esa media. El resto sigue al 25 %. Aun así, premia crecer en I+D, no mantenerse.
Esta es la parte que desconoce mucha empresa industrial. Las deducciones por I+D+i están sometidas a los límites conjuntos en cuota del artículo 39, pero el artículo 39.2 permite quedar fuera de ese límite aplicando un descuento del 20 % sobre el importe de la deducción.
Y si aun así no hay cuota suficiente, se puede solicitar el abono a la Administración a través de la propia declaración del impuesto, una vez transcurrido al menos un año desde la finalización del período en que se generó la deducción.
Los topes anuales:
Es decir: una empresa con cuota escasa puede convertir su deducción por I+D+i en cobro. Pero no es automático. El propio artículo 39.2 impone cuatro condiciones, y conviene conocerlas antes de contar con ese dinero:
Repárese en la letra d): sin informe motivado o acuerdo previo de valoración no se puede monetizar la deducción. No es un documento opcional que dé tranquilidad; en este supuesto es la llave. Y hay que pedirlo a tiempo. La opción se ejerce, además, marcando la casilla correspondiente en el modelo 200.
El riesgo de la deducción por I+D+i no es aplicarla: es que, años después, una comprobación discuta si aquello era realmente I+D.
Para eso existe el informe motivado vinculante, regulado en el Real Decreto 1432/2003. Su artículo 9.3 lo dice sin rodeos:
"Los informes motivados emitidos en contestación a solicitudes que cumplan los requisitos de este real decreto vincularán a la Administración tributaria."
Lo emite el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y vincula en cuanto a la calificación científico-tecnológica de la actividad. Conviene precisar el alcance: la Administración tributaria queda vinculada sobre si la actividad es o no I+D+i, pero conserva sus facultades de comprobación sobre los gastos e inversiones declarados y su vinculación efectiva con esa actividad.
Hay varias modalidades: la más habitual es la que se solicita a posteriori, por anualidad, sobre actividades ya ejecutadas, con un plazo de seis meses y veinticinco días desde que finaliza el año fiscal de ejecución. Otras se piden antes, para respaldar consultas a la Dirección General de Tributos o acuerdos previos de valoración.
En febrero de 2026 se publicó además el convenio entre la Agencia Tributaria y el Ministerio de Ciencia para la evaluación de proyectos de I+D+i relacionados con estos incentivos. Señal de por dónde va la comprobación: la documentación técnica importa tanto como la contable.
Aplazar. Reduce la base imponible ahora y la aumenta después. Lo que ganas es tesorería en el ejercicio de la inversión, que suele ser cuando más falta hace.
Puede que sí, aunque no tengas departamento de investigación. El desarrollo de productos, las mejoras tecnológicas sustanciales y los nuevos procesos de fabricación pueden reúnir los requisitos legales. Pero la mera adquisición de maquinaria o la automatización convencional de una línea no da derecho por sí sola a la deducción. Cada proyecto hay que analizarlo y documentarlo individualmente: lo determinante no es tener un laboratorio, sino poder acreditar en qué consiste la novedad tecnológica.
La deducción por I+D+i no se pierde necesariamente. Puede quedar excluida del límite de cuota aplicando un descuento del 20 % y, si no hay cuota suficiente, solicitarse su abono. Pero solo si se cumplen las cuatro condiciones del artículo 39.2, entre ellas haber obtenido el informe motivado o el acuerdo previo de valoración, no reducir plantilla y reinvertir un importe equivalente en 24 meses. No es un derecho automático.
Si el importe de la deducción es relevante, sí. Es el único instrumento del artículo 35.4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que vincula a la Administración tributaria sobre la calificación científico-tecnológica de la actividad. El mismo artículo prevé otras dos vías vinculantes, pero con otro objeto: la consulta tributaria, que vincula sobre la interpretación de la deducción, y el acuerdo previo de valoración, que lo hace sobre los gastos e inversiones del proyecto. Sin informe motivado, la calificación se sostiene sobre tu propia documentación.
No se puede presumir. El artículo 39.4 es claro: "Una misma inversión no podrá dar lugar a la aplicación de más de una deducción en la misma entidad salvo disposición expresa, ni podrá dar lugar a la aplicación de una deducción en más de una entidad". Depende además de los requisitos de cada incentivo y de si la empresa cumple las condiciones de reducida dimensión. Es exactamente el tipo de análisis que conviene hacer antes de firmar la inversión, no después.
En Clemente Rueda y Asociados llevamos más de 40 años asesorando a empresas de Valladolid y Castilla y León. En empresa industrial nos ocupamos de la planificación de amortizaciones y del Impuesto sobre Sociedades, de la tramitación y documentación de las deducciones por I+D+i, de la contabilidad de costes por línea de producción y de la gestión laboral de tu plantilla conforme a los convenios sectoriales.
Si tienes una inversión prevista para los próximos meses, analízala antes de cerrarla. Después casi nunca se puede rectificar.
Habla con nosotros: 983 39 74 88. Primera consulta sin compromiso. Y si tu asesoría actual no te plantea estos incentivos, el cambio de asesoría no tiene coste: nos encargamos de todo el traspaso.
Este artículo tiene carácter meramente informativo y refleja la normativa vigente en la fecha de su publicación. No constituye asesoramiento personalizado. Para el análisis de un caso concreto, consulte con un profesional.
Si tienes una empresa de transporte de mercancías por carretera o eres autónomo transportista, cobrar tarde forma parte del paisaje. Un cargador que se retrasa dos meses, un cliente que impone sus condiciones de pago, una factura de portes que acaba sin cobrarse.
Lo que muchas empresas del sector no tienen claro es qué dice exactamente la ley sobre esto: cuánto puede tardar legalmente un cliente en pagarte un porte, desde cuándo estás cobrando intereses, cuándo el retraso deja de ser un problema comercial y pasa a ser una infracción sancionable, y qué se puede hacer con el IVA de una factura que ya no vas a cobrar.
Eso es lo que resume este artículo, con la normativa vigente en la mano: los plazos de pago del precio del transporte, las sanciones previstas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, lo que puedes reclamar sin ir a juicio y el procedimiento para recuperar el IVA de los impagados.
En el sector circula una idea muy repetida: "el plazo de pago son 30 días y no se puede pactar otra cosa". No es exacto, y confundirlo puede costarte una reclamación mal planteada.
Conviene separar dos planos que no son lo mismo:
El matiz importa porque lo que la Administración sanciona es superar los 60 días, no los 30. El propio preámbulo de la Ley 13/2021, que creó el régimen sancionador, lo dice sin ambigüedad: se crea un tipo infractor por el incumplimiento "del plazo máximo legal de pago de sesenta días previsto en la Ley 3/2004".
Cuándo empiezan a correr los intereses. El artículo 5 de la Ley 3/2004 los vincula al incumplimiento del pago "en el plazo pactado o legalmente establecido". Es decir: si no hay pacto, desde el día 31; si hay un pacto válido a 45 días, desde el día 46. Lo que no cabe es pactar por encima de 60.
Dicho de otro modo: un pago a 45 días válidamente pactado no constituye por sí mismo la infracción administrativa de la LOTT. Un pago a 75 días, sí.
El artículo 41.2 de la Ley 15/2009 fija desde cuándo se cuenta cuando la fecha de la factura no está clara: "los treinta días anteriormente señalados se computarán desde la fecha de entrega de las mercancías en destino". Y el 41.3 declara nulo el pacto en contrario cuando tenga contenido abusivo en perjuicio del porteador.
Desde el 3 de octubre de 2021, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres tipifica el impago fuera de plazo. La calificación depende del importe del porte:
| Precio del porte | Calificación | Multa |
|---|---|---|
| Menos de 1.000 € | Grave | 401 – 600 € |
| 1.000 – 1.500 € | Grave | 601 – 800 € |
| 1.501 – 3.000 € | Grave | 801 – 1.000 € |
| 3.001 – 4.000 € | Muy grave | 1.001 – 2.000 € |
| 4.001 – 6.000 € | Muy grave | 2.001 – 4.000 € |
| Más de 6.000 € | Muy grave | 4.001 – 6.000 € |
| Reincidencia: sancionado por otra infracción muy grave, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, en los 12 meses anteriores | — | 6.001 – 18.000 € |
La multa puede llegar a 30.000 euros, pero no por la simple reincidencia: hace falta además que la conducta "afecte significativamente a la capacidad y a la solvencia económica del acreedor" o que se haya superado en más de 120 días el plazo máximo legal de pago.
Y hay una consecuencia que suele pesar más que el dinero: el artículo 144 de la LOTT prevé la publicación periódica de las resoluciones sancionadoras por las infracciones muy graves del artículo 140.40 cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, si han sido recurridas, en vía judicial. Para un cargador con marca que cuidar, aparecer en esa lista es un argumento de negociación por sí solo.
El artículo 5 de la Ley 3/2004 es tajante: el deudor incurre en mora y debe pagar intereses "automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna".
El tipo es el del Banco Central Europeo más 8 puntos, y se publica cada semestre en el BOE. Para el segundo semestre de 2026 está en el 10,40 % (2,40 % del BCE más 8 puntos). En el primer semestre fue del 10,15 %.
El artículo 8.1 reconoce al acreedor "una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal". Y, por encima de esa cifra, la indemnización por los costes de cobro que puedas acreditar.
Y son 40 euros por cada factura, no por cada reclamación. Lo fijó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 20 de octubre de 2022 (asunto C-585/20), que interpretó el artículo 6 de la Directiva 2011/7/UE en el sentido de que esa cantidad "debe abonarse por cada operación comercial no pagada a su vencimiento, acreditada en una factura, incluso cuando esa factura se presente conjuntamente con otras facturas en una reclamación administrativa o judicial única". El Tribunal Supremo mantiene la misma línea, consolidada en su sentencia 1386/2025, de 30 de octubre.
Cuarenta euros por factura parecen poco. Multiplícalos por las facturas pendientes de un cliente que paga sistemáticamente tarde y deja de parecerlo.
El artículo 9 declara nulas las cláusulas abusivas sobre fecha de pago, tipo de interés o indemnización por costes de cobro. Y establece una presunción útil: se presume abusivo el interés pactado que sea inferior en un 70 % al interés legal de demora, salvo prueba en contrario.
Aquí está el dinero que la mayoría de transportistas da por perdido. Si una factura acaba siendo incobrable, el IVA que ya ingresaste se puede recuperar modificando la base imponible, según el artículo 80.Cuatro de la Ley del IVA.
Los plazos, tras la reforma de la Ley 31/2022, quedan así:
Y una novedad que mucha gente todavía no aplica: ya no hace falta demanda judicial ni requerimiento notarial. Basta haber instado el cobro por "cualquier otro medio que acredite fehacientemente la reclamación". Un burofax bien hecho sirve.
El error típico es esperar a ver si el cliente paga, dejar correr los meses y descubrir que el plazo de seis meses para rectificar ya ha caducado. El IVA impagado deja de ser recuperable por no haber mirado el calendario.
No. El límite de 60 días naturales del artículo 4.3 de la Ley 3/2004 no se puede superar ni con acuerdo entre las partes. Además de los intereses, es una infracción tipificada en la LOTT.
El pacto que supera el máximo legal no es válido. El artículo 9 de la Ley 3/2004 declara nulas las cláusulas abusivas sobre plazos de pago, y el artículo 41.3 de la Ley 15/2009 lo refuerza para el contrato de transporte.
No. Se devengan de forma automática desde el incumplimiento, sin necesidad de aviso ni intimación. Otra cosa es que, en la práctica, convenga documentar la reclamación.
Sí, si actúas dentro de plazo. Seis meses de espera si se cumplen los requisitos para aplicar ese plazo; en otro caso, el general es de un año. Y seis meses más para emitir la factura rectificativa. Pasados esos plazos, se pierde.
Es la duda de siempre, y es legítima. Por eso conviene ordenar primero lo que no genera conflicto: intereses devengados, los 40 euros por factura y la recuperación del IVA. La vía sancionadora es la última carta, no la primera.
En Clemente Rueda y Asociados llevamos más de 40 años asesorando a empresas de Valladolid y Castilla y León. En transporte nos ocupamos de la contabilidad y el control de tus cobros, del cálculo de intereses de demora, de la modificación de base imponible del IVA por créditos incobrables dentro de plazo, de la devolución del gasóleo profesional y de la gestión laboral de tus conductores conforme al convenio del transporte.
Si tienes facturas pendientes de más de seis meses, revísalas ahora: puede que todavía estés a tiempo de recuperar el IVA.
Habla con nosotros: 983 39 74 88. Primera consulta sin compromiso. Y si tu asesoría actual no controla estos plazos, el cambio de asesoría no tiene coste: nos encargamos de todo el traspaso.
Este artículo tiene carácter meramente informativo y refleja la normativa vigente en la fecha de su publicación. No constituye asesoramiento personalizado. Para el análisis de un caso concreto, consulte con un profesional.
El Real Decreto 684/2026, de 26 de agosto, publicado en el BOE el 27 de agosto y en vigor desde el 28 de agosto de 2026, modifica el Real Decreto 1338/2018 que regula el potencial de producción vitícola en España. No es un ajuste menor: cambia los plazos de validez de las autorizaciones, endurece las consecuencias del arranque subvencionado y elimina la fecha de caducidad del propio régimen de autorizaciones.
Para una bodega o un viticultor de Ribera del Duero, Rueda, Toro o Cigales, esto afecta a decisiones que se toman con años de antelación: cuándo plantar, cuándo replantar, si acogerse o no a una ayuda al arranque y cómo queda el balance después.
La nueva redacción del artículo 4.1 elimina la fecha de finalización del régimen. Hasta ahora el sistema de autorizaciones tenía horizonte temporal; ahora se mantiene sin límite previsto, en línea con el Reglamento (UE) n.º 1308/2013. Desde el 1 de enero de 2016 las plantaciones de viñedo solo pueden realizarse con autorización, y esa regla se consolida sin fecha de salida.
El artículo 11.6 fija la validez de las autorizaciones de nuevas plantaciones en tres campañas de comercialización posteriores a su concesión. El cómputo por campañas, y no por años naturales, da algo más de margen práctico para planificar la plantación.
Es el cambio más favorable de la reforma. El artículo 19.4 amplía la validez de las autorizaciones de replantación a ocho campañas contadas desde el final de la campaña en que se concedieron. Para una bodega que está reestructurando viñedo, cambiando variedades o adaptándose a condiciones climáticas distintas, ocho campañas son un horizonte de planificación muy diferente al anterior.
Aquí está el punto que más conviene analizar antes de firmar nada. Las ayudas al arranque previstas en la normativa europea tienen varias consecuencias sobre tus autorizaciones, y conviene distinguirlas porque la norma remite a preceptos distintos:
Dicho en claro: el arranque subvencionado deja de ser una decisión reversible. Antes, arrancar generaba potencial de replantación; ahora, cuando el arranque se realiza percibiendo una de las ayudas específicamente previstas en estas disposiciones, la superficie arrancada no genera autorización de replantación y pueden aplicarse además las limitaciones previstas para nuevas plantaciones.
Atención al matiz: no se trata de cualquier subvención ni de cualquier ayuda de la PAC. Son las ayudas al arranque concretamente previstas en los preceptos citados. Antes de dar por hecho que una ayuda tiene estas consecuencias, comprueba al amparo de qué norma se concede.
El nuevo artículo 11.6 bis permite una prórroga de hasta doce meses en zonas afectadas por causas de fuerza mayor, con posibilidad de renunciar sin sanción.
Y hay una fecha que conviene apuntar: los titulares de autorizaciones de nuevas plantaciones válidas concedidas antes del 1 de enero de 2025 no quedan sujetos a la sanción del artículo 26.1 si informan a la autoridad competente de que no van a hacer uso de ellas antes de la fecha de expiración de la autorización y, a más tardar, el 31 de diciembre de 2026 (artículo 11.6). Son dos condiciones, no una: si la autorización expira antes de esa fecha, el plazo real es más corto. El artículo 26.1 añade además una tolerancia: no se sanciona cuando la superficie no utilizada sea inferior al 10 %, con un máximo de 0,2 hectáreas.
| Concepto | Plazo | Artículo |
|---|---|---|
| Validez de autorización de nueva plantación | 3 campañas de comercialización | 11.6 |
| Validez de autorización de replantación | Máximo 8 campañas de comercialización | 19.4 |
| Bloqueo para solicitar tras arranque subvencionado (supuesto del art. 216.2) | 10 campañas de comercialización | 9.4 bis |
| Prórroga por fuerza mayor | Hasta 12 meses | 11.6 bis |
| Renuncia sin sanción (autorizaciones anteriores a 01/01/2025) | Antes de la expiración de la autorización y, a más tardar, el 31/12/2026 | 11.6 |
| Tolerancia de superficie no utilizada | Menos del 10 %, máx. 0,2 ha | 26.1 |
| Techo anual de nuevas plantaciones | Máx. 1 % de la superficie plantada | 6 |
El artículo 6 fija el techo en el 1 % de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio del año anterior, y permite limitar o incluso cerrar la superficie disponible en zonas geográficas delimitadas de denominaciones protegidas.
Conviene entender que ese 1 % es un máximo, no la cifra real. Para 2026, la Resolución de 12 de diciembre de 2025 de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios fijó en 903 hectáreas la superficie concedible para nuevas plantaciones en todo el territorio nacional, equivalente al 0,1 % de la superficie plantada a 31 de julio de 2025. Es decir: una décima parte del techo legal.
La consecuencia práctica para una bodega de Castilla y León es clara: la vía de crecimiento por nueva plantación es estrecha y competida. En la práctica, la replantación continúa siendo una vía fundamental para mantener y reorganizar el potencial productivo, junto con los supuestos de transferencia que permite expresamente la normativa. Conviene no confundirlo con un mercado libre de autorizaciones: el nuevo artículo 24.2.b) refuerza precisamente el control para que las fusiones y escisiones no se utilicen para crear condiciones artificiales.
La disposición transitoria única establece que los nuevos períodos de validez de los artículos 11.6 y 19.4 se aplican tanto a las autorizaciones concedidas desde el 18 de marzo de 2026 como a las que estuvieran válidas en esa fecha. Si tienes autorizaciones vivas, merece la pena revisar cómo quedan sus plazos con la nueva norma.
Esta reforma se ha leído en clave agronómica, pero tiene consecuencias directas en las cuentas de una bodega. Son cuestiones que conviene analizar con tu asesor antes de tomar la decisión, no después:
Tres campañas de comercialización las de nueva plantación y ocho campañas las de replantación, computadas desde el final de la campaña de concesión. Estos plazos también se aplican a las autorizaciones que estuvieran vigentes el 18 de marzo de 2026.
No sobre esa superficie. El artículo 13.3 impide conceder autorización de replantación por la superficie arrancada a los beneficiarios de la ayuda al arranque en virtud del artículo 216.1 del Reglamento (UE) 1308/2013 o del artículo 58.1.o) del Reglamento (UE) 2021/2115. Y en el supuesto del artículo 216.2, el artículo 9.4 bis impide además solicitar autorizaciones de nueva plantación durante las diez campañas siguientes. Comprueba siempre al amparo de qué precepto se concede tu ayuda.
Si se concedió antes del 1 de enero de 2025, no procede la sanción del artículo 26.1 siempre que informes a la autoridad competente antes de la fecha de expiración de la autorización y, en todo caso, a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Ojo: si tu autorización caduca antes de esa fecha, manda la de caducidad. Existe además una tolerancia general para superficies no utilizadas inferiores al 10 %, con un máximo de 0,2 hectáreas.
El artículo 6 permite limitar la superficie disponible en zonas geográficas delimitadas de denominaciones protegidas. Conviene consultar cada campaña la superficie efectivamente convocada, que en 2026 se fijó a nivel nacional en 903 hectáreas, muy por debajo del techo legal del 1 %.
La norma no es fiscal, pero las decisiones que induce sí lo son: arrancar, replantar o transferir autorizaciones afecta al inmovilizado, a la amortización, al tratamiento de subvenciones y a la valoración de existencias. Es el momento de revisarlo con tu asesor.
En Clemente Rueda y Asociados llevamos más de 40 años asesorando a empresas de Valladolid y Castilla y León. No tramitamos autorizaciones de plantación ni ayudas del sector, eso corresponde a la Administración y a consultoras especializadas, pero sí nos ocupamos de lo que ocurre después en tus cuentas: la contabilidad de existencias y costes de producción, la amortización y las bajas de inmovilizado, el tratamiento contable y fiscal de las subvenciones, el Impuesto sobre Sociedades y la gestión laboral de tu plantilla fija y de campaña.
Si estás valorando un arranque, una replantación o una transferencia de autorizaciones, analiza el impacto en tus cuentas antes de decidir.
Habla con nosotros: 983 39 74 88. Primera consulta sin compromiso. Y si tu asesoría actual no conoce el negocio del vino, recuerda que el cambio de asesoría no tiene coste: nos encargamos de todo el traspaso.
Este artículo tiene carácter meramente informativo y refleja la normativa vigente en la fecha de su publicación. No constituye asesoramiento personalizado. Para el análisis de un caso concreto, consulte con un profesional.
Desde el 1 de julio de 2026, los vehículos de transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 2,5 toneladas y hasta 3,5 toneladas —incluido cualquier remolque o semirremolque— están obligados a llevar tacógrafo cuando realizan transporte internacional o de cabotaje.
La obligación procede del Reglamento (UE) 2020/1054, que modificó el Reglamento (CE) n.º 561/2006, y España la ha incorporado mediante la Orden TRM/282/2026, de 25 de marzo (BOE de 28 de marzo, en vigor desde el 29 de marzo de 2026).
Es un cambio que afecta a un perfil de empresa que hasta ahora quedaba completamente fuera del control de tiempos de conducción: la furgoneta grande de reparto y la pequeña empresa de mensajería que cruza a Francia o a Portugal. Muchas de ellas no se han visto nunca como "empresa de transporte" en el sentido regulatorio, y ahora lo son a estos efectos.
No afecta a todas las furgonetas de más de 2,5 toneladas. La obligación depende de dos cosas: el tipo de operación que realiza el vehículo y la actividad de la empresa. Hay supuestos excluidos y exenciones expresas, y conviene comprobar en cuál encaja cada vehículo antes de dar nada por hecho.
| Situación | ¿Obligado? |
|---|---|
| MMA superior a 2,5 t y hasta 3,5 t · transporte internacional de mercancías | Sí |
| MMA superior a 2,5 t y hasta 3,5 t · cabotaje en otro Estado miembro | Sí |
| MMA superior a 2,5 t y hasta 3,5 t · transporte exclusivamente nacional | No |
| MMA igual o inferior a 2,5 t | No |
El punto que más confusión genera: el transporte exclusivamente nacional queda excluido. Una furgoneta de 3,5 toneladas que solo reparte por Castilla y León no necesita tacógrafo por esta norma. La obligación nace en el momento en que se cruza una frontera o se hace cabotaje.
Conviene recordar además que la masa que cuenta es la del conjunto: si la furgoneta arrastra un remolque, se suma.
El exigido es el tacógrafo inteligente de segunda generación, versión 2 (G2V2), el mismo que ya se exige a los vehículos pesados en transporte internacional. No sirve un modelo anterior.
Una nota práctica que suele pasar desapercibida: la Orden TRM/282/2026 modificó el artículo 4 de la Orden FOM/1190/2005 para admitir la obtención de la tarjeta de conductor con el permiso de conducción de clase B. Las clases admitidas pasan a ser B, B+E, C, C1, D y D1; antes la clase B simple quedaba excluida. Sin esa modificación, el conductor de una furgoneta no habría podido disponer de tarjeta. La modificación está en vigor desde el 29 de marzo de 2026.
Conviene distinguir dos cosas. El artículo 2.1.a bis) del Reglamento (CE) n.º 561/2006 define cuándo nace la obligación: operación internacional o de cabotaje y vehículo de más de 2,5 toneladas. Pero el artículo 3 deja fuera del ámbito del Reglamento determinados vehículos, y los Estados miembros pueden además establecer excepciones para transportes nacionales al amparo del artículo 13 (en España, el Real Decreto 640/2007). Las dos exclusiones del artículo 3 que más importan aquí son estas:
Las dos son exclusiones del ámbito del Reglamento, no permisos que se soliciten. Y en ambas las condiciones son acumulativas: basta que falle una para que decaigan.
La diferencia entre las dos importa. La del artículo 3.h bis) no tiene límite geográfico: una empresa de instalaciones de Valladolid que lleva su propio material a Francia en una furgoneta de 3 toneladas puede encajar en ella, siempre que no esté prestando transporte para terceros y que conducir no sea la actividad principal de quien va al volante. La del artículo 3.a bis), en cambio, sí lleva el radio de 100 kilómetros desde el centro de operaciones, un requisito que se olvida con frecuencia y que desde Castilla y León no alcanza ninguna frontera.
Donde no hay exclusión posible es en el transporte por cuenta ajena: una empresa de mensajería o de paquetería, cuya actividad consiste precisamente en transportar mercancía de terceros, está obligada sin más. Y "conducir no es mi actividad principal" no es una casilla que uno marca: es una situación de hecho que hay que poder acreditar ante una inspección. Analízalo vehículo a vehículo y operación a operación, no en bloque.
Si tu vehículo queda dentro del ámbito del Reglamento, no solo tienes que instalar el aparato: quedas sujeto a los límites de conducción y descanso de sus artículos 6 y 7, que hasta ahora no se te aplicaban.
| Concepto | Límite | Artículo |
|---|---|---|
| Conducción diaria | 9 horas | 6.1 |
| Ampliación de la conducción diaria | Hasta 10 horas, no más de 2 veces por semana | 6.1 |
| Conducción semanal | 56 horas | 6.2 |
| Conducción en dos semanas consecutivas | 90 horas | 6.3 |
| Pausa obligatoria | 45 minutos ininterrumpidos tras 4 horas y media de conducción | 7 |
Para una empresa acostumbrada a organizar el reparto sin más límite que la jornada laboral, esto cambia la planificación de rutas. Y, sobre todo, deja rastro: a partir de ahora esos tiempos quedan registrados.
Aquí está la parte que casi nadie está mirando. El tacógrafo no es solo un aparato: es un registro objetivo y verificable de la jornada de tus conductores. Y eso conecta directamente con obligaciones laborales que ya tenías:
No por esta obligación. El régimen se aplica al transporte internacional de mercancías y al cabotaje. El transporte exclusivamente nacional queda excluido.
La obligación va ligada a la operación. Si el vehículo va a realizar transporte internacional o cabotaje, debe cumplir. Planificar ese viaje sin el equipo instalado no es una opción.
Debe ser un tacógrafo inteligente de segunda generación versión 2 (G2V2). Los modelos anteriores no cumplen para este supuesto.
Sí. La Orden FOM/1190/2005 se modificó precisamente para permitir la obtención de la tarjeta de conductor con el permiso B.
No crea obligaciones laborales nuevas, pero sí genera una prueba objetiva de la jornada de tus conductores. En la práctica, eso eleva mucho el nivel de exigencia sobre el registro horario, las horas extraordinarias y las dietas.
En Clemente Rueda y Asociados llevamos más de 40 años asesorando a empresas de Valladolid y Castilla y León. No instalamos ni homologamos tacógrafos —eso es cosa de talleres autorizados—, pero sí nos ocupamos de todo lo que viene después: la gestión laboral de tus conductores conforme al convenio del transporte, el control de jornada, los contratos y las nóminas, la aplicación correcta de las dietas exentas de IRPF, la contabilidad y amortización de tus vehículos y la tramitación de la devolución del gasóleo profesional.
Si tienes vehículos de entre 2,5 y 3,5 toneladas y haces rutas fuera de España, revisa tu situación antes de que lo haga una inspección.
Habla con nosotros: 983 39 74 88. Primera consulta sin compromiso. Y si tu asesoría actual no conoce el sector del transporte, el cambio de asesoría no tiene coste: nos encargamos de todo el traspaso.
Este artículo tiene carácter meramente informativo y refleja la normativa vigente en la fecha de su publicación. No constituye asesoramiento personalizado. Para el análisis de un caso concreto, consulte con un profesional.
Julio es el mes del Impuesto de Sociedades. Y también, aunque no lo parezca, uno de los mejores momentos del año para tomar dos decisiones que muchos empresarios y autónomos llevan tiempo aplazando: constituir una Sociedad Limitada o cambiar de asesoría.
En Clemente Rueda lo vemos cada año. Cuando llega el cierre del declaración de la renta, muchos clientes que trabajan como autónomos hacen las cuentas y se dan cuenta de que están pagando más de lo necesario. Y muchas sociedades que ya tienen su SL constituida se preguntan si su asesoría actual les está acompañando de verdad o simplemente presentando modelos.
Este artículo es para los dos perfiles. Para el autónomo que lleva tiempo pensando si le conviene dar el salto a la SL. Y para el socio o administrador que siente que algo falla en su relación con su asesoría actual.
No hay una respuesta única. Depende de cada situación, de los ingresos, de la estructura del negocio y de los objetivos a medio plazo. Pero sí hay un umbral orientativo que en la práctica funciona como punto de referencia: cuando el beneficio neto anual supera los 45.000 o 50.000 euros, la Sociedad Limitada empieza a tener ventajas fiscales claras frente al régimen de autónomos.
La razón es sencilla. Un autónomo tributa por su beneficio a través del IRPF, que es progresivo y puede llegar al 47% en los tramos más altos. Una SL tributa por el Impuesto sobre Sociedades, que para las empresas de nueva creación es del 15% durante el primer ejercicio con beneficios y el siguiente, aplicado sobre los primeros 300.000 euros de base imponible. A partir del tercer año, las microempresas tributan al 21% y 22%, y las pymes al 24%. La diferencia, bien gestionada, puede ser muy significativa.
Pero más allá del tipo impositivo, hay otras razones por las que muchos profesionales dan el salto:
Y también hay razones para no precipitarse. Tener una SL implica más obligaciones: contabilidad oficial, presentación de cuentas anuales en el Registro Mercantil, Impuesto de Sociedades, libros de actas, reuniones de socios... Son trámites que con una buena asesoría no son un problema, pero que hay que conocer de antemano.
En Clemente Rueda analizamos cada caso de forma personalizada antes de recomendar el cambio. Porque el objetivo no es que tengas una SL, sino que tu negocio funcione mejor.
Menos de lo que mucha gente cree. Gracias a la Ley Crea y Crece (Ley 18/2022), desde 2022 es posible constituir una Sociedad Limitada con un capital social mínimo de 1 euro, aunque en la práctica recomendamos partir con al menos 3.000 € para dotar de solvencia inicial a la empresa y evitar las obligaciones especiales que aplican mientras no se alcanza esa cifra.
| Vía de constitución | Plazo aproximado |
|---|---|
| Sistema CIRCE con estatutos tipo (vía telemática) | 5 a 10 días hábiles |
| Escritura notarial con estatutos personalizados | 2 a 3 semanas |
| Concepto | Coste orientativo |
|---|---|
| Certificado de denominación (Registro Mercantil Central) | 16 € – 20 € |
| Notaría y Registro Mercantil (vía CIRCE) | 150 € – 200 € |
| Notaría y Registro Mercantil (estatutos personalizados) | 300 € – 500 € |
| Honorarios de asesoría (gestión completa del proceso) | Consultar sin compromiso |
Costes orientativos. Pueden variar según la complejidad de los estatutos y el capital social aportado.
Una nota importante sobre el capital de 1 euro: aunque es legalmente válido, mientras la sociedad no alcance los 3.000 € de capital social deberá destinar el 20% del beneficio anual a reserva legal, no podrá repartir dividendos hasta alcanzar ese umbral y los socios responden solidariamente en caso de liquidación por la diferencia. Por eso, en la mayoría de los casos recomendamos constituir con al menos 3.000 €.
Para que tengas una imagen clara del proceso, esto es lo que ocurre desde que decides crear tu SL hasta que estás operativo:
A partir de ahí, si lo deseas, nos encargamos de toda la gestión fiscal, contable y laboral de tu nueva sociedad: contabilidad, declaraciones trimestrales, Impuesto de Sociedades, presentación de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, nóminas y todo lo que una SL necesita para funcionar correctamente.
¿Estás pensando en crear tu SL antes de que acabe el año? Julio es un buen momento para empezar el proceso y estar operativo para el ejercicio 2026.
📞 983 39 74 88 | 📧
No es casualidad que muchos empresarios planteen este paso en verano. Hay una lógica fiscal detrás.
Si constituyes tu SL en julio o agosto y comienzas actividad antes del 31 de diciembre de 2026, el ejercicio 2026 será tu primer ejercicio fiscal completo como sociedad. Eso significa que en la declaración del IS de julio de 2027 podrías aplicar el tipo reducido del 15% como empresa de nueva creación, en lugar del tipo general o los tipos de autónomo que habrías pagado ese año.
Además, constituir con tiempo suficiente permite planificar bien la transición desde el régimen de autónomos: cuándo darse de baja, cómo facturar durante el cambio, qué activos o contratos conviene traspasar a la nueva sociedad y cómo optimizar la tributación de ese ejercicio de transición.
Improvisar esa transición a última hora puede salir caro. Planificarla con cuatro o cinco meses de margen, con una asesoría que conoce bien el proceso, es siempre la mejor opción.
Esta es la segunda gran decisión que muchas sociedades toman en julio. Y también la más difícil de reconocer, porque cambiar de asesoría implica admitir que algo no está funcionando.
En Clemente Rueda recibimos cada año, especialmente en verano, consultas de administradores y socios que llevan tiempo con dudas sobre su asesoría actual. Las señales que nos describen suelen ser siempre parecidas.
Ninguna de estas señales implica necesariamente mala fe. Muchas asesorías están desbordadas, o simplemente no tienen el enfoque preventivo y proactivo que una empresa necesita hoy. Pero el resultado es el mismo: tu sociedad no está recibiendo el asesoramiento que merece.
Cambiar de asesoría es más sencillo de lo que parece. En Clemente Rueda gestionamos el proceso de forma ordenada para que no pierdas ningún plazo ni ningún dato:
Julio es un buen momento para hacer ese cambio porque el IS del ejercicio 2025 ya está en marcha o a punto de cerrarse, y el segundo semestre del año ofrece tiempo suficiente para revisar la situación, ordenar la contabilidad de 2026 y llegar a enero en condiciones óptimas.
Llevamos más de 40 años en Valladolid asesorando a empresas, autónomos y particulares. Nuestro equipo está formado por más de 15 profesionales con formación especializada en fiscal, contable, laboral y mercantil. Y estamos ubicados en el centro de la ciudad, en la Plaza de España 6, 3º, lo que nos permite atender a nuestros clientes tanto de forma presencial como por medios digitales.
Para las sociedades, nuestros servicios incluyen:
Nuestro objetivo no es gestionar tu empresa desde fuera. Es entender tu negocio, acompañarte en las decisiones importantes y ayudarte a crecer con seguridad jurídica y fiscal.
Como referencia orientativa, cuando el beneficio neto anual supera los 45.000 o 50.000 euros, la SL empieza a ofrecer ventajas fiscales claras respecto al IRPF de autónomos. Pero hay otros factores relevantes: si tienes socios, si quieres proteger tu patrimonio personal, si buscas una imagen más profesional o si tienes planes de crecimiento. En Clemente Rueda analizamos tu situación concreta antes de hacer cualquier recomendación.
Sí, desde la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece (Ley 18/2022) es posible constituir una SL con solo 1 euro. Sin embargo, mientras no se alcancen los 3.000 euros de capital, la sociedad tiene obligaciones especiales: reservar el 20% del beneficio anual, no poder repartir dividendos hasta ese umbral y responder solidariamente en caso de liquidación. En la práctica, recomendamos constituir con al menos 3.000 euros para evitar estas restricciones y proyectar mayor solvencia.
Con estatutos tipo y a través del sistema CIRCE, el proceso puede completarse en 5 a 10 días hábiles. Con estatutos personalizados y escritura notarial, entre 2 y 3 semanas.
No. El proceso de cambio es más sencillo de lo que parece. Nos encargamos de solicitar la documentación a la asesoría anterior, revisar la situación contable y fiscal actual y garantizar la continuidad sin que pierdas ningún plazo. Muchos clientes que han cambiado nos dicen que ojalá lo hubieran hecho antes.
Porque si constituyes y comienzas actividad antes del 31 de diciembre de 2026, el ejercicio 2026 será tu primer ejercicio fiscal como sociedad. Eso te permite aplicar el tipo reducido del 15% en el IS como empresa de nueva creación en los dos primeros ejercicios con beneficios. Además, constituir con margen de tiempo permite planificar bien la transición desde el régimen de autónomos y optimizar la tributación del ejercicio de cambio.
Es uno de los aspectos que más preocupa y que conviene planificar con cuidado. Los contratos firmados como autónomo no se trasladan automáticamente a la nueva sociedad. Hay que analizar cada caso: qué contratos hay que renegociar, cómo comunicar el cambio a clientes y proveedores, qué activos o herramientas de trabajo conviene aportar a la sociedad y cómo hacerlo correctamente desde el punto de vista fiscal. En Clemente Rueda te acompañamos en todo ese proceso de transición.
Julio es el mes de los impuestos, sí. Pero también es el momento en que muchas empresas y profesionales toman decisiones que marcan el rumbo de los próximos años.
Si llevas tiempo pensando en dar el salto a la SL, ahora tienes tiempo suficiente para hacerlo bien antes de que acabe el año. Si sientes que tu asesoría actual no te está dando lo que tu empresa necesita, este es el momento de explorar otras opciones.
En Clemente Rueda estamos en el centro de Valladolid, llevamos más de 40 años acompañando a empresas y tenemos más de 15 profesionales preparados para ayudarte.
Si tienes dudas, cuéntanoslas. La primera consulta es sin compromiso.
📞 983 39 74 88
📧
Asesoría mercantil para sociedades en Valladolid
Plaza de España 6, 3º — Valladolid
Julio llega con calor, con las primeras ganas de vacaciones y, para cualquier sociedad, con una cita ineludible con Hacienda. El Modelo 200, la declaración anual del Impuesto sobre Sociedades, tiene que estar presentado antes del 27 de julio de 2026.
En Clemente Rueda llevamos más de 40 años viendo llegar este mes. Y cada año comprobamos lo mismo: las sociedades que llegan a julio con su contabilidad ordenada, revisada y planificada pagan menos y duermen mejor. Las que llegan con prisas, pagan más de lo que les corresponde o cometen errores que luego cuestan tiempo y dinero.
Por eso hemos preparado esta guía. No para asustarte, sino para que llegues a finales de julio con todo en orden y, si todavía no tienes una asesoría de confianza que te acompañe, para que veas lo que puede marcar la diferencia.
Nota importante: el Modelo 200 que se presenta este julio declara los beneficios obtenidos por tu sociedad durante el ejercicio 2025, es decir, lo que tu empresa ganó o perdió entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Los tipos de gravamen y las novedades que explicamos en este artículo son los que se aplicaron durante ese ejercicio.
Todas las entidades con personalidad jurídica residentes en España están obligadas a presentar el Impuesto sobre Sociedades, independientemente de si han obtenido beneficios o no durante el ejercicio. Esto incluye:
Si tienes una SL, aunque en 2025 no hayas ganado ni un euro, tienes que presentar el Modelo 200. Es un error muy habitual pensar que si no hay beneficio no hay obligación. No es así, y el olvido tiene recargos.
| Fecha | Qué debes hacer |
|---|---|
| Del 1 al 20 de julio | Modelos trimestrales del 2T 2026: 111, 115, 123, 303, 130 |
| Hasta el 22 de julio | Modelo 200 con domiciliación bancaria (pago automático en cuenta) |
| Hasta el 27 de julio | Plazo general Modelo 200 — Declaración IS ejercicio 2025 |
Julio es el mes fiscalmente más intenso del año para una sociedad. Se juntan los modelos del segundo trimestre y la declaración anual del IS del ejercicio 2025. Gestionar todo esto a la vez, sin una asesoría que lo tenga controlado, es donde suelen aparecer los errores.
Fuente oficial: Agencia Tributaria — Plazo de presentación IS 2025
Este es uno de los aspectos más relevantes de la campaña de este año. Desde 2025 se introdujo una reducción progresiva de tipos que beneficia especialmente a las empresas más pequeñas, regulada por la Ley 7/2024. Ya no existe un tipo único para todas las sociedades.
Estos son los tipos aplicables a los beneficios obtenidos en el ejercicio 2025, que se declaran ahora en julio de 2026:
| Tramo de base imponible (ejercicio 2025) | Tipo aplicable |
|---|---|
| Primeros 50.000 € | 21% |
| Resto de la base imponible | 22% |
| Base imponible (ejercicio 2025) | Tipo aplicable |
|---|---|
| Totalidad de la base | 24% |
| Base imponible (ejercicio 2025) | Tipo aplicable |
|---|---|
| Totalidad de la base | 25% |
| Condición | Tipo aplicable |
|---|---|
| Primer ejercicio con base imponible positiva y el siguiente | 15% |
Fuente: Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, modificada por la Ley 7/2024 — BOE
Esta reducción progresiva continuará en los próximos años. Las pymes pasarán al 23% en el ejercicio 2026, al 22% en 2027, y así hasta llegar al 20% en 2029. Las microempresas seguirán una senda similar. Es una rebaja real y sostenida que conviene tener bien aplicada desde el primer día.
Lo que vemos en consulta con frecuencia es que algunas sociedades presentan el Modelo 200 aplicando el tipo general del 25% cuando en realidad califican como microempresa o pyme y podrían tributar a un tipo inferior. Ese error, muchas veces por desconocimiento, se traduce en dinero pagado de más que Hacienda no devuelve a no ser que se solicite expresamente mediante una declaración rectificativa.
Nota: estos tipos reducidos no se aplican a las sociedades patrimoniales, es decir, aquellas en las que más de la mitad del activo está compuesto por valores o bienes no afectos a una actividad económica real. En esos casos el tipo sigue siendo el general del 25%.
El nuevo Modelo 200 incluye la obligación de declarar la actividad económica con el nuevo código CNAE 2025, sustituyendo al anterior CNAE 2009. Si tu asesoría no ha actualizado este dato, la declaración puede contener un error formal que conviene corregir antes de presentar.
Desde el ejercicio 2025, el porcentaje de reducción de la base imponible por reserva de capitalización sube con carácter general al 20% (antes era el 10%). Además, ese porcentaje puede incrementarse si la empresa ha aumentado su plantilla media:
Para micropymes con cifra de negocios inferior a 1 millón de euros, el límite de aplicación sobre la base imponible es del 25%. Es una de las deducciones más interesantes y menos utilizadas por las sociedades pequeñas, y en Clemente Rueda la revisamos en cada declaración.
Las sociedades que adquirieron vehículos eléctricos, híbridos enchufables o de autonomía extendida que entraron en funcionamiento en 2024 o 2025 pueden aplicar libertad de amortización sobre esa inversión. Es un incentivo relevante para negocios que hayan renovado su flota durante el ejercicio 2025.
Para sociedades con facturación superior a 20 millones de euros o grupos consolidados, se mantiene la tributación mínima efectiva del 15% sobre la base imponible ajustada, independientemente de las deducciones aplicadas.
Después de muchos años gestionando el Impuesto de Sociedades para empresas de Valladolid, hay errores que vemos repetirse cada julio. No los contamos para dar miedo, sino porque conocerlos de antemano es la mejor forma de evitarlos.
Como hemos explicado, los tipos han cambiado desde el ejercicio 2025. Una sociedad que facturó 800.000 € en 2024 ya no tributa al 25% por sus beneficios de 2025, sino al 21% y 22% por tramos. Si nadie lo ha revisado, estás pagando más de lo que corresponde.
Esta deducción permite reducir la base imponible hasta un 20% si se incrementan los fondos propios de la empresa y se mantienen durante tres años. Es legal, está pensada para premiar a las empresas que retienen beneficios y reinvierten. Y sin embargo, muchas SL no la aplican simplemente porque nadie les ha explicado que existe o que ha mejorado significativamente desde 2025.
El Impuesto sobre Sociedades no se calcula directamente sobre el beneficio contable del ejercicio 2025. Hay que realizar ajustes fiscales: gastos no deducibles, amortizaciones, operaciones vinculadas, compensación de bases negativas de años anteriores. Saltarse estos ajustes puede suponer pagar de más o, en el otro extremo, declarar menos de lo que corresponde y enfrentarse a una sanción.
Julio no es solo el Modelo 200. Los modelos 111, 115, 303 y 130 del segundo trimestre de 2026 vencen el 20 de julio. Es habitual que, con la urgencia del IS, alguno de estos modelos se presente fuera de plazo. El resultado: un recargo automático del 1% por cada mes de retraso.
Los últimos días de julio la sede electrónica de la AEAT registra picos de saturación. Presentar con margen de 4 o 5 días evita problemas técnicos que luego son muy difíciles de justificar ante Hacienda.
Si estás leyendo esto y todavía no has empezado a preparar el Modelo 200 de tu sociedad, ahora es el momento de llamarnos.
📞 983 39 74 88 | 📧
Es una pregunta que nos hacen a menudo y que merece una respuesta honesta, porque no todas las asesorías hacen lo mismo.
En Clemente Rueda, cuando gestionamos el Impuesto de Sociedades de una empresa, el proceso no empieza en julio. Empieza mucho antes.
Esa diferencia entre una asesoría que simplemente presenta el modelo y una asesoría que lo revisa, lo optimiza y te lo explica, puede suponer varios miles de euros al año en una sociedad mediana.
Presentarlo fuera de plazo genera recargos automáticos: un 1% adicional por cada mes completo de retraso, hasta un máximo del 15%, más intereses de demora. Si Hacienda te requiere antes de que presentes, el recargo mínimo sube al 5% y puede llegar al 20%. En cualquier caso, es una sanción completamente evitable con una mínima planificación.
Sí. La obligación de presentar el Modelo 200 no depende del resultado del ejercicio. Si tu sociedad tuvo actividad en 2025, o incluso si no la tuvo pero sigue activa, tienes que presentar la declaración. Además, declarar correctamente las pérdidas de 2025 permite compensarlas con beneficios de ejercicios futuros, lo que puede suponer un ahorro fiscal importante más adelante.
La clasificación se determina por la cifra de negocios del ejercicio anterior, es decir, de 2024. Si tu facturación en 2024 fue inferior a 1 millón de euros, eres microempresa en la declaración de 2025. Entre 1 y 10 millones, eres pyme. En ambos casos aplican tipos reducidos respecto al tipo general del 25%. Hay matices importantes, como el caso de las sociedades patrimoniales, que siguen tributando al tipo general. Si tienes dudas sobre tu clasificación, es importante consultarlo antes de presentar.
Es una reducción de la base imponible que premia a las empresas que no reparten todos sus beneficios sino que los retienen para fortalecer los fondos propios. Desde el ejercicio 2025, el porcentaje de reducción sube al 20% con carácter general, frente al 10% que se aplicaba antes. Además, si la empresa ha aumentado su plantilla, el porcentaje puede llegar hasta el 30%. Es completamente legal, está regulada en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y en Clemente Rueda la revisamos en cada declaración.
Sí, y julio es precisamente uno de los momentos en que más sociedades se plantean ese cambio. Si tu asesoría actual no te ha contactado todavía para preparar la declaración del ejercicio 2025, si no te ha explicado los cambios de tipos de este año o si simplemente sientes que no tienes el acompañamiento que tu empresa necesita, contacta con nosotros. Gestionamos el cambio de forma ordenada y sin que pierdas ningún plazo.
Depende del tamaño y la complejidad de tu sociedad. La mejor forma de saberlo es hablar con nosotros directamente. Lo que sí podemos decirte es que el coste de una buena asesoría siempre es menor que el de un error fiscal, una sanción o pagar más impuestos de los que corresponden por el ejercicio 2025. Llámanos y te damos una valoración sin compromiso.
El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2025 trae novedades reales que benefician a las empresas más pequeñas. Tipos más bajos, una reserva de capitalización reforzada, incentivos mejorados que muchas sociedades todavía no conocen. Aprovecharlos o no depende de quién tenga la declaración entre manos.
En Clemente Rueda no nos limitamos a rellenar el Modelo 200. Revisamos la contabilidad del ejercicio 2025, lo optimizamos y te explicamos qué estás pagando y por qué. Porque creemos que una buena asesoría no es la que presenta los impuestos a tiempo, sino la que hace que pagues lo justo.
Si tu sociedad todavía no tiene una asesoría de confianza para este julio, o si quieres una segunda opinión sobre tu situación fiscal, estamos aquí.
📞 983 39 74 88
📧
Plaza de España 6, 3º — Valladolid