¿Qué es el IVA Franquiciado? El IVA franquiciado es un régimen tributario diseñado para simplificar las obligaciones fiscales relacionadas con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los autónomos que facturan menos de 85.000 euros al año, que se prevé su entrada en vigor en el año 2025.
Actualmente, el régimen franquiciado de IVA está en vigor en casi todos los países europeos a excepción de España y Holanda. En el caso del territorio español, veremos cómo se acabará implementando en los próximos años
Las asociaciones de autónomos y Hacienda se encuentran trabajando para llevar a cabo la transposición de la Directiva europea 2020/285, que consiste en eliminar la obligación de declarar el IVA trimestral para aquellos autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.
Algunas de sus características son:
De este modo, los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros podrán elegir entre el actual régimen general del IVA o acogerse al régimen especial de franquicia.
El IVA soportado por los suministros de un inmueble afecto parcialmente a la actividad es deducible de forma proporcional.
Para aquellos que desarrollen una actividad económica desde su vivienda: el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha establecido que cabe la deducción de las cuotas de IVA soportadas por los gastos de suministros (agua, luz, gas) a bienes inmuebles que formando parte del patrimonio de la empresa se utilicen tanto en las actividades empresariales como para uso privado. Eso sí, también aclara que la deducción de dichas cuotas deberá efectuarse de manera proporcional a su utilización a efectos de las actividades de la empresa.
En su resolución 06654/2022 de 19 de julio de 2023, el TEAC unifica criterio en contra del seguido por la Administración Tributaria, que continuamente ha denegado la deducción en IVA de las cuotas soportadas en los gastos por suministro de un inmueble que no se encuentra afectado de forma directa y exclusiva a la actividad económica del sujeto pasivo sino que se afecta de forma parcial. Según la normativa comunitaria en su articulo 168 bis de la Directiva IVA contempla expresamente la posibilidad de deducir las cuotas de IVA soportadas por los gastos relacionados con un bien inmueble que forma parte del patrimonio empresarial de un sujeto pasivo y que se utiliza por éste tanto para la actividad económica como para fines privados, por lo que atendiendo al principio de primacía del Derecho de la Unión Europea.
La Dirección General de Tributos ha modificado el criterio establecido respecto del tipo impositivo aplicable a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los servicios prestados por cantantes u otros artistas a particulares en la celebración de eventos privados, como bodas, bautizos, cumpleaños, etc.
En la consulta vinculante V1864-23, de 27 de junio de 2023, la Dirección General de Tributos cambia de criterio en base al informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura y Deporte, de fecha 26 de abril de 2023, a solicitud del propio Centro directivo y en consecuencia, a los servicios prestados por un cantante a particulares en la celebración de su boda se aplica el tipo impositivo reducido del IVA (10%). Este criterio sería asimilable a otro tipo de artistas, como los disc-jockeys, que sean contratados por los propios particulares que organizan la boda o cualquier otro tipo de evento privado como bautizos, cumpleaños, etc.
Ahora bien, para que sea de aplicación el tipo impositivo del 10% es requisito indispensable que la contratación se haga por el mismo organizador de la actuación, sean entidades públicas (Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos); asociaciones de diversa naturaleza (culturales, de vecinos, de padres de alumnos); colegios públicos o privados; sindicatos, comités de empresa o partidos políticos; empresas dedicadas habitualmente a la organización de tales obras (empresarios teatrales, propietarios de "pubs" o salas de fiesta; agentes artísticos, representantes y promotores, cuando asuman la organización de las obras no limitándose a la actividad de mediación); empresas que tienen otro objeto social pero que ocasionalmente organizan la representación de obras teatrales o musicales, cualquiera que sea la finalidad de dicha actividad (Cajas de Ahorro, empresas comerciales o industriales); o particulares en el ámbito de eventos privados que contratan actuaciones musicales o teatrales de artistas (bodas, bautizos, cumpleaños, etc.).
En otro caso, los servicios artísticos tributarían al tipo impositivo general del 21 por ciento de IVA, como sería el caso en que el contratante fuera un intermediario que no asuma la gestión y organización de la actuación.
El 29 de junio se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que abarca multitud de materias
Entre estas medidas encontramos varias decisiones que afectan al tipo de IVA a aplicar en el segundo semestre de 2023, medidas aprobadas por el Gobierno con carácter temporal que en unos casos sí se ha actualizado su vigencia, pero en otros supuestos han terminado con su aplicación para volver a tributar a los tipos habituales. En consecuencia, a continuación, repasamos aquellas medidas que afectan al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluidas en esta norma, en vigor desde el 30 de junio de 2023.
El presidente ha anunciado la prórroga de la rebaja del IVA de alimentos hasta junio de 2024, pero aún no hay publicación, y sobre la rebaja del IVA en la factura de luz y gas, no se ha pronunciado, medida que también expira el próximo 31 de diciembre.
Se prórroga para el 2024 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. Quedando para 2024:
Los sujetos pasivos del IVA que deseen renunciar a él o revocar su renuncia para el año 2024, dispondrán para ejercitar dicha opción de todo el mes de diciembre de 2023.
Recordamos las Ventas a Distancia:
Desde el 1 de Julio de 2021 hay un límite único para aplicar el régimen de ventas a distancia. Este límite es de 10.000,00€ , es decir:
Si en el año natural precedente o en el año en curso las ventas totales realizadas al conjunto de consumidores finales de otros países de la UE alcanzan los 10.000 euros, la empresa ya se verá obligada a aplicar el IVA de los países de destino. Teniendo en cuenta las ventas realizadas a todos los países de la Unión Europea, es decir si vendes a Alemania por 7.000,00 y a Italia por 5.000,00, al sumar ambas 12.000,00 te obliga a repercutir el IVA del país de destino.
· Más operaciones. Para computar dicho umbral también se deben tener en cuenta las ventas totales por prestaciones de servicios electrónicos a consumidores finales de otros países de la UE, así como los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión. Es decir, si vendes bienes a Alemania por 7.000,00 y prestas servicios electrónicos a Italia por 5.000,00, al sumar ambas 12.000,00 hay que aplicar el régimen especial.
Para esto se habilito la Ventanilla Única para liquidar todo el IVA que repercuta en la UE a través de la Hacienda española (de forma que será ésta la encargada de transferir a cada territorio el IVA que le corresponda).
El ingreso se realiza por el nuevo modelo 369. En este modelo no es posible deducir el IVA que la empresa haya podido soportar en los países comunitarios de destino, debiendo solicitar la devolución a través del modelo 360 (“Solicitud de devolución a no Establecidos”).
Modelo 369 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
El IVA Franquiciado para los autónomos
El IVA soportado por los suministros de un inmueble afecto parcialmente a una actividad
El IVA en las actuaciones musicales en eventos privados
Prorroga hasta final de año de reducción del tipo de IVA para determinados alimentos
Modelo 369 y ventas a distancia Modelo 369 y ventas a distancia
Las entidades verificarán si pueden ser calificadas como entidades Patrimoniales (más del 50% de su activo constituido por valores no significativos y por elementos no afectos a la actividad económica por ejemplo inmuebles).
Tiene trascendencia tributaria debido a las limitaciones que implica la calificación como Entidad Patrimonial al no poderse beneficiar de los beneficios fiscales de empresas en el Impuesto sobre Sociedades, así como en otros impuestos como por ejemplo la no aplicación de la exención en el Impuesto de Patrimonio y la imposibilidad de beneficiarse de las reducciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En el caso de empresas con inmuebles arrendados, si tiene una persona empleada con contrato laboral y jornada completa y demostrando que hay trabajo efectivo para dicha persona contratada, se puede evitar que se considere como entidad patrimonial, y se considere como una actividad económica el arrendamiento de bienes inmuebles.
En segundo lugar, cabe destacar que la LIS es una norma especialmente restrictiva con la deducibilidad de las pérdidas por deterioro al regularse en el apartado 2 del artículo 13 de la LIS la no deducibilidad de:
Téngase en cuenta que esta no deducibilidad de las pérdidas por deterioro es temporal en la medida en la que podrán ser deducibles en los términos establecidos en el artículo 20 de la LIS. No obstante, ha de tenerse en consideración que las pérdidas por deterioro recogidas en el segundo de los puntos expuestos serán deducibles siempre que las circunstancias señaladas se den durante el año anterior al día en que se produzca la transmisión o baja de la participación.
Habremos de analizar además la deducibilidad de las pérdidas por deterioro derivadas de partidas a cobrar y de las existencias.
La LIS no establece ninguna limitación específica por lo que las mismas serán deducibles atendiendo a su regulación contable.
El artículo 13.1 de la LIS establece la deducibilidad de las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de posibles insolvencias de deudores, siempre y cuando concurra, a la fecha del devengo del impuesto, alguna de las siguientes circunstancias:
Tanto el PGC como en PGCPYMES admiten el FIFO y el Precio medio Ponderado, por tanto, se puede elegir el método de valoración más adecuado para influir en el resultado de la sociedad.
A estos efectos, se computarán las cantidades satisfechas por otras entidades que formen parte de un mismo grupo de sociedades en las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
Se limita la deducción de gastos financieros al menor de los siguientes importes:
El 30% del beneficio operativo del ejercicio o un millón de euros.
Si es un Grupo mercantil, esto se medirá a nivel de grupo.
Se detalla también cuales son las rentas positivas susceptibles de reducción
Para incentivar la reinversión y capitalización de las sociedades. Si una entidad va a incrementar sus fondos propios en 2022 respecto a los de 2021 puede reducir su base imponible en un 10% del importe del incremento de sus fondos propios si se mantiene en un plazo de 5 años y se dote una reserva por el importe de la reducción.
Importe de la exención: Se reduce la exención en un 5% (pasando del 100% al 95%) en concepto de los gastos de gestión de la participación. Dicha reducción se aplica tanto a filiales españolas como extranjeras.
La misma medida se prevé en el artículo 32 LIS y también se traslada al régimen de consolidación fiscal de forma que no se eliminarán fiscalmente las rentas que deban integrarse en la base imponible consolidada debido a esta limitación del 95%.
No hay límite temporal en relación con la compensación en el futuro de bases imponibles negativas, por lo que, en una entidad de nueva creación que al principio tenga pérdidas, será preferible aplazar dicha compensación al tercer ejercicio con resultados positivos para poder aprovechar el tipo especial del 15%.
El límite es del 70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a su propia compensación. Pueden compensar en el periodo impositivo base imponibles negativas hasta el importe de un millón de euros.
Cualquier entidad que genere en 2018 o anteriores bases imponibles negativas debe estar preparada para una comprobación plena de la misma en un período de prescripción ampliado de 10 años.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo nº recurso 4464/2020 de 30 septiembre, determina que la aplicación de las bases imponibles negativas no es una opción si no un derecho, por tanto, la compensación de bases imponibles negativas, no realizada durante el periodo voluntario de pago, periodo de presentación de la autoliquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades, puede realizarse de manera extemporánea al momento de llevar a cabo la autoliquidación.
Para empresas de reducida dimensión que permite la reducción de la base imponible hasta el 10% de su importe con un máximo de un millón de euros al año.
Si el contribuyente tiene una base negativa en los cinco ejercicios siguientes, se reduce la misma en el importe de la minoración aplicada por esta reserva y, en caso contrario, las cantidades minoradas se suman a la base positiva del quinto año.
Dotándola se puede ahorrar impuesto ahora y aplicar la reserva en caso de pérdidas en los 5 ejercicios siguientes y, si no se producen, se convertirá en un diferimiento del impuesto de 2021 a 2026.
Empresa podrá practicar una deducción en la cuota íntegra del 10% de las contribuciones empresariales imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros, siempre que las mismas se realicen a planes de pensiones de empleo, a planes de previsión social empresaria
“1. El tipo general de gravamen para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios del período impositivo inmediato anterior sea inferior a 1 millón de euros que será el 23 %.
A estos efectos, el importe neto de la cifra de negocios se determinará con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 101 de esta Ley.
Las empresas consideradas patrimoniales siguen tributando al 25%.
No obstante, las entidades de nueva creación que realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, al tipo del 15 por ciento, excepto si, de acuerdo con lo previsto en este artículo, deban tributar a un tipo inferior.
A estos efectos, no se entenderá iniciada una actividad económica:
No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen parte de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio (LA LEY 1/1885), con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
Los tipos de gravamen del 23 por ciento y del 15 por ciento previstos en este apartado no resultarán de aplicación a aquellas entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de esta Ley.”
El artículo 22 del Real Decreto Ley 18/2022 introduce una nueva disposición adicional decimoséptima en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, por la que los contribuyentes podrán amortizar libremente las inversiones que se efectúen en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica, así como aquellas instalaciones para uso térmico de consumo propio, siempre que utilicen energía procedente de fuentes renovables y sustituyan instalaciones que utilicen energía procedente de fuentes no renovables fósiles y que sean puestas a disposición del contribuyente a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2022 (20 de octubre) y entren en funcionamiento en 2023.
Se amortizarán libremente en los períodos impositivos que se inicien o concluyan en dicho año, siempre que, durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del período impositivo en que los elementos adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la entidad se mantenga respecto de la plantilla media de los doce meses anteriores.
No obstante, los edificios no podrán acogerse a la libertad de amortización regulada en esta disposición.
La cuantía máxima de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad de amortización será de 500.000 euros.
Las entidades a las que les sean de aplicación los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión previstos en el capítulo XI del título VII de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, podrán optar entre aplicar el régimen de libertad de amortización previsto en el artículo 102 de esta Ley o aplicar el régimen de libertad de amortización regulado en esta disposición.
El artículo 22 del Real Decreto Ley 18/2022 introduce una nueva disposición adicional decimoséptima en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, por la que los contribuyentes podrán amortizar libremente las inversiones que se efectúen en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica, así como aquellas instalaciones para uso térmico de consumo propio, siempre que utilicen energía procedente de fuentes renovables y sustituyan instalaciones que utilicen energía procedente de fuentes no renovables fósiles y que sean puestas a disposición del contribuyente a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2022 (20 de octubre) y entren en funcionamiento en 2023.
Se amortizarán libremente en los períodos impositivos que se inicien o concluyan en dicho año, siempre que, durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del período impositivo en que los elementos adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la entidad se mantenga respecto de la plantilla media de los doce meses anteriores.
No obstante, los edificios no podrán acogerse a la libertad de amortización regulada en esta disposición.
La cuantía máxima de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad de amortización será de 500.000 euros.
Las entidades a las que les sean de aplicación los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión previstos en el capítulo XI del título VII de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, podrán optar entre aplicar el régimen de libertad de amortización previsto en el artículo 102 de esta Ley o aplicar el régimen de libertad de amortización regulado en esta disposición.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2022 los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo o que tributen en el régimen especial de consolidación, con independencia de su importe neto de la cifra de negocios, la cuota líquida no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 15 por ciento a la base imponible, minorada o incrementada, en su caso y según corresponda, por la reserva de nivelación, y minorada en la reserva por inversiones regulada en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Dicha cuota tendrá el carácter de cuota líquida mínima.
Entidades de nueva creación, la cuota líquida mínima será el 10 por ciento de la base imponible en lugar del 15%.
Prórroga de la Moratoria contable hasta el cierre del 2024, establecida en el artículo 13 de la Ley 3/2020.
A los solos efectos de la causa de disolución del artículo 363.1 e) del TRLSC, (cuando el importe de su patrimonio neto se encuentre por debajo de la mitad del capital social), no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2024.
Si el resultado de los ejercicios 2022,2023 o 2024, arroja pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social si, se apreciará la concurrencia de la causa legal de disolución por pérdidas, debiendo actuarse por los órganos de administración en los términos previstos en el artículo 363.1 e) del TRLSC.
Relevancia a efectos de aplicar causa de exclusión de grupo fiscal del artículo 58.4 d) LIS.
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Concepto de Entidad Patrimonial
Deterioros deducibles en el Imp sobre Sociedades
Compensación de Bases Imponibles negativas
Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades
Novedades IS 2023 Rebaja tipo de Gravamen
Tras las últimas modificaciones llevadas a cabo en las bases reguladoras del Programa Kit Digital, las Comunidades de Bienes y las Sociedades Civiles ya pueden solicitar su bono digital.
Así, tanto las Comunidades de Bienes como las Sociedades Civiles con objeto mercantil, las Sociedades Civiles profesionales y las explotaciones agrarias de titularidad compartida (entre 0 y menos de 50 empleados), ya pueden optar al Kit Digital.
Las ayudas se pueden solicitar hasta el próximo 31 de diciembre de 2024.
El 1 de enero de 2023 entró en vigor el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, aprobado por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y desarrollado por la Orden HFP/1314/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 592 "Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Autoliquidación" y el modelo A22 "Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Solicitud de devolución", se determinan la forma y procedimiento para su presentación, y se regulan la inscripción en el Registro territorial, la llevanza de la contabilidad y la presentación del libro registro de existencias.
Como indica su nombre, este nuevo impuesto grava la utilización de envases no reutilizables que contengan plástico, tanto si se presentan vacíos o junto con otros productos, con el fin de reducir la generación de residuos de este tipo y fomentar su reciclado. Dado el uso tan generalizado de esta clase de envases, el nuevo impuesto afecta a prácticamente toda la economía a diferencia de otros impuestos especiales que se circunscriben a sectores específicos.
Todos los fabricantes contribuyentes por este impuesto especial están obligados a la llevanza de la contabilidad de los productos objeto del impuesto de forma telemática a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con el suministro electrónico de los asientos contables dentro del mes siguiente al periodo de liquidación al que se refiera (a estos efectos el mes de agosto se considera inhábil).
Por su parte, los adquirentes intracomunitarios de productos objeto del impuesto que estén obligados a inscribirse en el registro territorial deben llevar un libro registro de existencias de forma telemática a través de la Sede electrónica de la AEAT dentro del mes siguiente al periodo de liquidación al que se refiera (el mes de agosto se considera inhábil) excepto en aquellos periodos de liquidación en los que no resulte cuota a ingresar.
El 29 de julio de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden HFP/886/2023, de 26 de julio, por la que se aprueba el modelo 721 "Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación y la Orden HFP/887/2023, de 26 de julio, por la que se aprueban el modelo 172 "Declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales" y el modelo 173 "Declaración informativa sobre operaciones con monedas virtuales", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación, finalizando así el desarrollo reglamentario de la obligación informativa relativa a la tenencia y operativa con monedas virtuales, regulada en la disposición adicional decimoctava de la Ley General Tributaria (LGT) y desarrollada en los artículos 39 bis, 39 ter y 42 quater del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (RGAT).
Recordemos que se trata de tres obligaciones de información diferentes, de ahí que se hayan aprobado tres modelos distintos, que atañen a las siguientes personas y empresas:
Para los propietarios de monedas virtuales, la declaración sobre los Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y demás criptomonedas que dispongan sólo comprenderá a aquellas situadas en el extranjero, es decir, custodiadas por empresas no establecidas en España, a través del nuevo modelo 721, si el valor total de las criptomonedas en el extranjero supera los 50.000 euros a 31 de diciembre, mientras que las monedas digitales custodiadas por empresas españolas o por los propios titulares en monederos fríos no serían objeto de información.
El 6 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación, que desarrolla la obligación tributaria establecida en el artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria consistente en que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos, introducida por la Ley 11/2021, de 9 de julio (conocida coloquialmente como Ley antifraude), con el objetivo de acabar con el software de doble uso, es decir, aquellos programas que permiten llevar una doble contabilidad.
El nuevo Reglamento de programas de facturación es de aplicación en todo el territorio español a los siguientes obligados tributarios cuando tengan su domicilio fiscal en territorio común:
No obstante, no se aplicará a los contribuyentes que lleven los libros registros de facturación a través de la sede electrónica de la AEAT, en lo que se conoce como Suministro Inmediato de Información (SII).
Tampoco será de aplicación a las siguientes operaciones:
En este sentido, se puede solicitar al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT la no aplicación del Reglamento sobre programas de facturación en relación con sectores empresariales o profesionales o con contribuyentes determinados, cuando quede justificado por las prácticas comerciales o administrativas del sector de que se trate, o con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades económicas, así como en relación con las operaciones respecto de las cuales se aprecien circunstancias excepcionales de índole técnico que imposibiliten dicho cumplimiento.
Los programas de facturación:
Se modifica el Reglamento de Facturación para incluir en el contenido obligatorio de las facturas completas y simplificadas un código "QR" con la representación gráfica del contenido de las facturas emitidas mediante sistemas informáticos de facturación.
Por su parte, los registros de facturación indicados se podrán llevar a través de un sistema informático propio o mediante la aplicación informática que a tal efecto pueda desarrollar la Administración tributaria.
Por último, se articula la posibilidad de remitir de forma voluntaria a la Agencia Estatal de Administración Tributaria todos los registros de facturación generados, en cuyo caso las facturas deberán incluir la frase “Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT” o “VERI*FACTU”, así como su remisión por parte de los receptores de las facturas.
El Reglamento de los programas de facturación entró en vigor el 7 de diciembre de 2023 pero su aplicación efectiva se pospone hasta 2025.
Los productores y comercializadores de los sistemas y programas informáticos de facturación deberán ofrecer sus productos adaptados totalmente a este nuevo reglamento en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial que detalle técnicamente los aspectos recogidos en este Reglamento. No obstante, en relación con los sistemas informáticos incluidos en los contratos de mantenimiento de carácter plurianual contratados antes de este último plazo, deberán estar adaptados al contenido del Reglamento con anterioridad al 1 de julio de 2025.
Asimismo, el resto de obligados tributarios deberemos tener operativos los sistemas informáticos adaptados a las características y requisitos que se establecen en este nuevo reglamento y en su normativa de desarrollo antes del 1 de julio de 2025.
Por su parte, el servicio para la recepción de los registros de facturación remitidos por los Sistemas de emisión de facturas verificables estará disponible en la Sede electrónica de la AEAT en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial que detalle técnicamente los aspectos recogidos en este Reglamento.
Nuevo régimen de las autoliquidaciones rectificativas.
Por medio de la Ley 13/2023 se modificó el artículo 120 de la LGT que define y regula las autoliquidaciones tributarias. Lo que podría entenderse como una modificación encaminada a agilizar la corrección de errores y la devolución de ingresos, esconde un efecto pernicioso para el contribuyente.
Hasta ahora convivíamos con dos tipos de declaraciones tributarias cuando se trataba de modificar o corregir una presentada con anterioridad.
Por un lado, están las declaraciones complementarias, cuya finalidad es completar o modificar las ya presentadas y siempre que su resultado sea un importe a ingresar superior o una cantidad a devolver o a compensar inferior a la anteriormente autoliquidada.
Por otro lado, si el resultado de la declaración complementaria fuera un importe a ingresar inferior o una cantidad a devolver o a compensar superior a la previamente autoliquidada se instaba la rectficación.
Como consecuencia de la inseguridad jurídica derivada de la compleja interpretación de la normatva tributaria, es una práctica habitual que los contribuyentes, una vez presentada una autoliquidación tributaria con arreglo a criterios amparados por la Agencia Tributaria, presenten de forma simultánea y en periodo voluntario una solicitud de rectificación de esa misma autoliquidación, pero esta vez con los criterios defendidos por el contribuyente, lógicamente más beneficiosos para él, dando como resultado, por lo general, una menor cantidad a ingresar o una mayor cantidad a devolver a la previamente calculada.
En estos casos, si Hacienda no compartía los argumentos o los criterios del contribuyente no procedía a la rectificación solicitada y no sancionaba por ello.
Pues bien, este procedimiento es el que se ha visto modificado al introducir esta nueva declaración llamada “autoliquidación rectificativa” (a devolver). Así, será el contribuyente quien tenga que presentar una autoliquidación tributaria que modifica la previamente presentada, arriesgándose a un procedimiento de comprobación en el que podría ser sancionado si Hacienda no comparte los criterios del contribuyente. Huelga decir que, vista la voracidad tributaria de la Agencia Tributaria, hemos de situarnos en el lugar más desfavorable.
En este nuevo escenario el contribuyente pierde ese derecho o garantia que tenía de discutir con Hacienda su criterio sin ser sancionado, mediante el mecanismo de la solicitud de rectificación de una autoliquidación presentada bajo los criterios más favorables al contribuyente.
Sin lugar a duda, y salvo que a través del desarrollo reglamentario para su aplicación a cada impuesto se mitigue este desfavorable efecto, estaremos, una vez más, ante un retroceso de los derechos y garantías de los ciudadanos frente a Hacienda.
Se ha modificado el artículo 136 de la LGT, ampliándose el marco de las competencias de los órganos de gestión, pudiendo examinarse en los procedimientos de comprobación limitada la contabilidad mercantil a los solos efectos de constatar la coincidencia entre lo que figure en la misma y la información obrante en poder de la Administración.
Para ello, la contabilidad deberá ser examinada en el domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario, en presencia de este o de la persona que designe, salvo que aquel consienta su examen en las oficinas públicas, facultándose explícitamente a los órganos de gestión a realizar actuaciones de comprobación limitada fuera de las oficinas de la Administracion tributaria, en los casos en los que proceda el examen de la contabilidad.
La norma prevé que “el examen de la contabilidad no impedirá ni limitará la ulterior comprobación de las operaciones a que la misma se refiere en un procedimiento de inspección”. En cierto modo esta reforma conculca el principio de “cosa juzgada”, si bien se hace a resguardo de que existe una limitación en las facultades de comprobación, limitándose estas a revisar la coincidencia entre los datos contables y los declarados, no pudiendo adentrarse en interpretaciones normativas, ni en si la contabilidad es o no correcta, facultad que sigue correspondiendo a los órganos de Inspección.
En definitiva, con la nueva modificación los órganos de gestión podrán examinar la contabilidad mercantil a los únicos efectos de contrastarlo con la información de las declaraciones presentadas, tanto del propio contribuyente como de terceros con quien se relacione, sin que ello impida que posteriormente los órganos de inspección puedan entrar a conocer sobre si dicha contabilidad es correcta y veraz, o sobre las interpretaciones normativas.
Implantación del nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales.
Estarán obligados a presentar la declaración del IRPF todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo (2023) hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, independientemente de sus ingresos y del tiempo que dure su situación.
En cuanto a la deducción en el IRPF, mejora en cinco puntos porcentuales en el caso de los rendimientos netos de los autónomos que tributan por el sistema de módulos y se incrementa hasta el 7% los gastos de difícil justificación para todos los trabajadores por cuenta propia.
En el caso de los contribuyentes en estimación objetiva, aumenta hasta el 10% la reducción aplicable sobre el rendimiento neto obtenido en 2023.
Con efectos desde la misma entrada en vigor de la Ley por el derecho a la vivienda se modifica el artículo 72.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el que se establece el recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pueden imponer los Ayuntamientos a aquellos inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados.
La modificación consiste en que este recargo, que actualmente está fijado como máximo en el 50% de la cuota líquida del IBI, se incrementa hasta un máximo del 150%, en función de la duración de la desocupación y del número de viviendas también desocupadas que sean del mismo titular en el término municipal.
Ahora bien, el recargo a los inmuebles desocupados sólo podrá aplicarse a propietarios con cuatro o más inmuebles de uso residencial, respecto de aquellas viviendas vacías durante más de dos años, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la Ley: el traslado temporal por razones laborales o de formación, el cambio de domicilio por situación de dependencia o razones de salud o emergencia social, inmuebles destinados a usos de vivienda de segunda residencia con un máximo de 4 años de desocupación continuada, inmuebles sujetos a actuaciones de obra o rehabilitación, u otras circunstancias que imposibiliten su ocupación efectiva, que la vivienda esté siendo objeto de un litigio o causa pendiente de resolución judicial o administrativa que impida el uso y disposición de la misma o que se trate de inmuebles cuyos titulares, en condiciones de mercado, ofrezcan en venta, con un máximo de un año en esta situación, o en alquiler, con un máximo de seis meses en esta situación, y en el caso de inmuebles de titularidad de alguna Administración Pública, se considerará también como causa justificada ser objeto el inmueble de un procedimiento de venta o de puesta en explotación mediante arrendamiento.
Hasta el 50% de la cuota líquida cuando el inmueble permanezca desocupado por un plazo superior a dos años, de forma continuada y sin causa justificada.
Hasta el 100% de la cuota líquida cuando el inmueble permanezca desocupado por un plazo superior a dos años, de forma continuada y sin causa justificada, y pertenezca a titulares con dos o más inmuebles de uso residencial desocupados en el mismo término municipal, o cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años.
Hasta el 150% de la cuota líquida cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años en inmuebles pertenecientes a titulares con dos o más inmuebles de uso residencial desocupados en el mismo término municipal.
Aunque la modificación entra en vigor el 26 de mayo de 2023, estos nuevos porcentajes deberán ser aprobados por los Ayuntamientos antes de ser de aplicación, como muy pronto en el recibo correspondiente a 2024, y además la declaración municipal como inmueble desocupado con carácter permanente exigirá la previa audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por el Ayuntamiento de los indicios de desocupación, regulados en la ordenanza municipal, dentro de los cuales pueden figurar los relativos a los datos del padrón municipal y/o los consumos de servicios de suministro.
Límites:
Si no se puede justificar algún cobro, Hacienda considera que se ha cobrado en efectivo, pudiendo sancionar con hasta un 25% del importe.
OTRAS NOVEDADES A TENER EN CUENTA
Impuesto sobre envases de plástico no reutilizables
Nuevo Régimen de las autoliquidaciones rectificativas
Modificación de las competencias de los órganos de gestión
Incremento del recargo del IBI a los inmuebles de uso residencial desocupados
Las empresas tienen una serie de obligaciones laborales que deben cumplir. Entra dentro de lo que se conoce como Compliance laboral, donde se recogen una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las empresas y que pueden acarrear importantes sanciones administrativas en caso de incumplimiento.
El compliance laboral se refiere a implementar ciertas políticas en una empresa para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y prevenir posibles sanciones.
El compliance laboral tiene tres funciones principales:
En la siguiente tabla te mostramos un resumen de las obligaciones laborales que tienen las empresas, a qué tipo de empresa o pyme afecta y la posible sanción económica en caso de incumplimiento:

Para implementarlo, se puede adoptar un modelo GRC (Gobierno, Riesgos y Cumplimiento). Este enfoque permite integrar todas las funciones, gestionar los riesgos y establecer las responsabilidades de cumplimiento.
Es primordial llevar a cabo una evaluación periódica del cumplimiento para asegurarse de que las medidas implementadas funcionan. También se debe medir la eficacia de las medidas existentes y/o desarrollar nuevas estrategias en caso de ser necesario.
¿Necesitas ayuda para cumplir con las obligaciones laborales de tu negocio?
En el momento en el que emprendes, es normal tener dudas. En nuestra asesoría te asesoramos y te guiamos desde el principio, para que puedas garantizar el cumplimiento de todas estas obligaciones laborales y así evitar posibles sanciones.
¿Te ha quedado alguna duda? Pregúntanos sin compromiso.
Con la Ley 13/2023 ha llegado un importante cambio que ha pasado completamente desapercibido, pero nosotros queremos informarte de ello. La novedad, es que ahora Hacienda puede solicitar en cualquier momento la contabilidad de tu negocio. ¿Cómo es esto posible? Te lo contamos a continuación.
Desde el 26 de mayo de 2023, la Administración tributaria tiene la capacidad de solicitar la contabilidad de una empresa en el marco de un procedimiento de comprobación limitada, algo que anteriormente requería la apertura de un procedimiento de inspección.
Otra novedad dentro de este mismo procedimiento, es que se ha ampliado la documentación que la Administración puede requerir a terceros para verificar la veracidad de la información que ya posee.
Este cambio en el procedimiento de comprobación limitada se introduce a través de la Ley 13/2023, de 24 de mayo, que modifica la Ley General Tributaria y otras normas tributarias para incorporar la Directiva (UE) 2021/514 sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, entre otros cambios significativos.
Hasta el 25 de mayo de 2023, el artículo 136 de la Ley General Tributaria excluía el examen de la documentación contable dentro del alcance de la comprobación limitada, a menos que fuera proporcionada voluntariamente por el contribuyente. Esto significaba que solicitar los libros contables en un procedimiento de gestión tributaria era considerado como una extralimitación por parte de la Administración.
Sin embargo, a partir de esta fecha, la Administración tributaria puede examinar la contabilidad a través de los libros originales en el lugar de trabajo del contribuyente o solicitando copias de la contabilidad en cualquier formato para su análisis en las oficinas de la Administración tributaria.
Este examen se limitará a verificar la coincidencia entre la contabilidad y la información en poder de la Administración tributaria.
Además, la Administración tributaria ahora puede contactar con terceros para que proporcionen cierta información o documentación con el fin de verificar la veracidad de la información que ya posee, excepto en lo que respecta a movimientos financieros.
Según los expertos, con este movimiento se busca mejorar la efectividad del procedimiento. ¿Qué opinas? ¿Lo ves bien? Si tienes dudas, recuerda que nuestro equipo de asesores estará encantado de atenderte.
Si eres autónomo societario, es posible que hayas recibido una notificación por parte de la Seguridad Social para actualizar ciertos datos que afectan únicamente a los autónomos societarios en relación al nuevo sistema de cuotas. Si no sabes cómo gestionarlo, no te preocupes, te contamos todo lo que tienes que hacer.
El 1 de enero de 2023 se implementó el nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos en función de sus ingresos reales. El nuevo sistema de cotización para autónomos calcula las cotizaciones en función de los ingresos netos obtenidos por el autónomo (rendimientos netos).
En el caso de autónomos que forman parte de sociedades, el cálculo de los rendimientos es un poco más complejo. En este caso, se deben tener en cuenta los rendimientos económicos obtenidos de la sociedad, los ingresos laborales de su trabajo en la empresa y los ingresos generados por su actividad económica personal.
Además, se deben considerar todos los rendimientos completos de trabajo o capital mobiliario, tanto en efectivo como en concepto de salario en especie, derivados de su condición de socio. Por lo que, de salida, es un tema más complejo que en el caso del autónomo a secas.
Para cumplir con este nuevo cálculo de cotizaciones y en cumplimiento con el Real Decreto 504/2022 del 27 de junio, la Seguridad Social ha realizado modificaciones en el artículo 30.2.b del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996 del 26 de enero.
Estos cambios tienen como objetivo recopilar información adicional sobre las sociedades a las que pertenecen los trabajadores autónomos en roles como administradores, apoderados, gerentes, socios u otras funciones que generen ingresos de la empresa para el trabajador autónomo.
Si eres autónomo societario, la presentación de esta información es obligatoria y debe realizarse antes del 31 de octubre de 2023.
En el caso de tener que presentar esta información, es posible que recibas un email de la TGSS con las instrucciones a seguir en función de la situación del destinatario. Recuerda que lo puedes realizar con certificado digital o a través de tu autorizado RED.
Recuerda que en nuestra asesoría para autónomos podemos presentar esta información por ti, para que no tengas que preocuparte por nada y te quedes más tranquilo. ¿Tienes alguna otra duda? Podemos ayudarte.
¿Acabas de recibir una notificación de la TGSS en relación a los cambios en tus cotizaciones para este 2023? Según informa en el BNR 5/2023 de 31 de marzo de 2023, la Tesorería General de la Seguridad Social llevará a cabo una actualización masiva de todas las liquidaciones afectadas por las modificaciones introducidas por la Orden PCM/313/2023, de 30 de marzo. Si te ha llegado el aviso, esto te interesa, infórmate en nuestra asesoría laboral.

Este proceso de actualización de la orden de cotización se iniciará con las liquidaciones de cuotas presentadas en febrero de 2023 (correspondientes a enero de 2023) y continuará con las de marzo de 2023 (febrero de 2023).
Una vez que la Tesorería actualice la liquidación, los usuarios recibirán un archivo que indica la rectificación de la liquidación, junto con la Lista de Trabajadores de la liquidación corregida y el Documento de Cálculo de la nueva liquidación.
Estos archivos se enviarán incluso si la rectificación de la liquidación tiene el mismo importe que la liquidación original. Si, como resultado de la actualización, el importe es mayor que el original y debe realizarse un pago adicional, se podrá obtener el documento de pago TC1/31 mediante el Servicio de "consulta y obtención de recibos fuera de plazo" en la oficina virtual del sistema RED.
Debido al volumen de registros, el TC1/31 estará disponible a partir del séptimo día después de recibir el aviso de actualización.
El plazo para pagar las diferencias de cotización resultantes de las modificaciones efectuadas por esta orden se realizará de acuerdo con la Disposición Transitoria Única de la Orden PCM/313/2023. Las diferencias de cotización podrán pagarse sin recargo hasta el último día del mes siguiente a la comunicación de la actualización de las liquidaciones de cuotas afectadas.
En caso de que se hayan presentado liquidaciones complementarias para cumplir con la DT 1ª de la Orden PCM/74/2023 antes de realizar el pago de las diferencias mediante el boletín TC1/31, se deberá regularizar la situación presentando un caso CASIA con la catalogación correspondiente.
En Clemente Rueda te ayudamos con este trámite. Contacta con nosotros y te atenderemos encantados. ¿Hablamos?
Si eres autónomo societario, es posible que hayas recibido una notificación por parte de la Seguridad Social para actualizar ciertos datos que afectan únicamente a los autónomos societarios en relación al nuevo sistema de cuotas. Si no sabes cómo gestionarlo, no te preocupes, te contamos todo lo que tienes que hacer.

El 1 de enero de 2023 se implementó el nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos en función de sus ingresos reales. El nuevo sistema de cotización para autónomos calcula las cotizaciones en función de los ingresos netos obtenidos por el autónomo (rendimientos netos).
En el caso de autónomos que forman parte de sociedades, el cálculo de los rendimientos es un poco más complejo. En este caso, se deben tener en cuenta los rendimientos económicos obtenidos de la sociedad, los ingresos laborales de su trabajo en la empresa y los ingresos generados por su actividad económica personal.
Además, se deben considerar todos los rendimientos completos de trabajo o capital mobiliario, tanto en efectivo como en concepto de salario en especie, derivados de su condición de socio. Por lo que, de salida, es un tema más complejo que en el caso del autónomo a secas.
Para cumplir con este nuevo cálculo de cotizaciones y en cumplimiento con el Real Decreto 504/2022 del 27 de junio, la Seguridad Social ha realizado modificaciones en el artículo 30.2.b del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996 del 26 de enero.
Estos cambios tienen como objetivo recopilar información adicional sobre las sociedades a las que pertenecen los trabajadores autónomos en roles como administradores, apoderados, gerentes, socios u otras funciones que generen ingresos de la empresa para el trabajador autónomo.
Si eres autónomo societario, la presentación de esta información es obligatoria y debe realizarse antes del 31 de octubre de 2023.
En el caso de tener que presentar esta información, es posible que recibas un email de la TGSS con las instrucciones a seguir en función de la situación del destinatario. Recuerda que lo puedes realizar con certificado digital o a través de tu autorizado RED.
Recuerda que en nuestra asesoría para autónomos podemos presentar esta información por ti, para que no tengas que preocuparte por nada y te quedes más tranquilo. ¿Tienes alguna otra duda? Podemos ayudarte.
Con la Ley 13/2023 ha llegado un importante cambio que ha pasado completamente desapercibido, pero nosotros queremos informarte de ello. La novedad, es que ahora Hacienda puede solicitar en cualquier momento la contabilidad de tu negocio. ¿Cómo es esto posible? Te lo contamos a continuación.

Desde el 26 de mayo de 2023, la Administración tributaria tiene la capacidad de solicitar la contabilidad de una empresa en el marco de un procedimiento de comprobación limitada, algo que anteriormente requería la apertura de un procedimiento de inspección.
Otra novedad dentro de este mismo procedimiento, es que se ha ampliado la documentación que la Administración puede requerir a terceros para verificar la veracidad de la información que ya posee.
Este cambio en el procedimiento de comprobación limitada se introduce a través de la Ley 13/2023, de 24 de mayo, que modifica la Ley General Tributaria y otras normas tributarias para incorporar la Directiva (UE) 2021/514 sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, entre otros cambios significativos.
Hasta el 25 de mayo de 2023, el artículo 136 de la Ley General Tributaria excluía el examen de la documentación contable dentro del alcance de la comprobación limitada, a menos que fuera proporcionada voluntariamente por el contribuyente. Esto significaba que solicitar los libros contables en un procedimiento de gestión tributaria era considerado como una extralimitación por parte de la Administración.
Sin embargo, a partir de esta fecha, la Administración tributaria puede examinar la contabilidad a través de los libros originales en el lugar de trabajo del contribuyente o solicitando copias de la contabilidad en cualquier formato para su análisis en las oficinas de la Administración tributaria.
Este examen se limitará a verificar la coincidencia entre la contabilidad y la información en poder de la Administración tributaria.
Además, la Administración tributaria ahora puede contactar con terceros para que proporcionen cierta información o documentación con el fin de verificar la veracidad de la información que ya posee, excepto en lo que respecta a movimientos financieros.
Según los expertos, con este movimiento se busca mejorar la efectividad del procedimiento. ¿Qué opinas? ¿Lo ves bien? Si tienes dudas, recuerda que nuestro equipo de asesores estará encantado de atenderte.
Las empresas tienen una serie de obligaciones laborales que deben cumplir. Entra dentro de lo que se conoce como Compliance laboral, donde se recogen una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las empresas y que pueden acarrear importantes sanciones administrativas en caso de incumplimiento.

El compliance laboral se refiere a implementar ciertas políticas en una empresa para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y prevenir posibles sanciones.
El compliance laboral tiene tres funciones principales:
En la siguiente tabla te mostramos un resumen de las obligaciones laborales que tienen las empresas, a qué tipo de empresa o pyme afecta y la posible sanción económica en caso de incumplimiento:
|
OBLIGACIÓN |
¿A QUIÉN AFECTA? |
SANCIÓN (€) |
|
Registro horario |
A todas las empresas |
De 751 a 225.018 € |
|
Registro retributivo |
A todas las empresas |
De 751 a 225.018 € |
|
Protocolo de acoso |
A todas las empresas |
De 751 a 225.018 € |
|
Protocolo de desconexión digital |
A todas las empresas |
De 751 a 7.500 €. Hasta 984.000 € por falta de medidas preventivas |
|
Plan de igualdad |
50 personas en plantilla |
De 751 a 225.018 € |
|
Auditoría retributiva |
50 personas en plantilla |
De 751 a 225.018 € |
|
Canal de denuncias |
50 personas en plantilla |
De 100.000 hasta 1.000.000 € |
|
Prevención de riesgos laborales / Evaluaciones y medidas |
A todas las empresas |
Hasta 984.000 euros |
¿Cómo implantar el compliance laboral en tu organización?
Para implementarlo, se puede adoptar un modelo GRC (Gobierno, Riesgos y Cumplimiento). Este enfoque permite integrar todas las funciones, gestionar los riesgos y establecer las responsabilidades de cumplimiento.
Es primordial llevar a cabo una evaluación periódica del cumplimiento para asegurarse de que las medidas implementadas funcionan. También se debe medir la eficacia de las medidas existentes y/o desarrollar nuevas estrategias en caso de ser necesario.
En el momento en el que emprendes, es normal tener dudas. En nuestra asesoría en Valladolid Clemente Rueda y Asociados te asesoramos y te guiamos desde el principio, para que puedas garantizar el cumplimiento de todas estas obligaciones laborales y así evitar posibles sanciones.
¿Te ha quedado alguna duda? Pregúntanos sin compromiso.
La pensión por jubilación activa es un mecanismo interesante que te permite percibir la totalidad de la pensión, en vez de la mitad. Claro que, es considerada como algo ‘excepcional’ y hay requisitos a cumplir si quieres acceder a ella.
La jubilación activa consiste en poder recibir una pensión de jubilación al mismo tiempo que se realiza una actividad laboral.
Para acceder a la jubilación activa, se deben cumplir ciertos requisitos según el artículo 214 de la LGSS:
Recientemente el Tribunal Supremo en una sentencia emitida el 26 de abril de 2023, ha aclarado que los autónomos en jubilación activa podrán recibir la pensión completa si contratan a trabajadores por cuenta ajena en actividades vinculadas a su negocio.
La sala ha puesto sobre la mesa el caso de un trabajador autónomo dedicado al mantenimiento y reparación de vehículos que solicitó percibir el 100% de la pensión mientras estaba en jubilación activa. En este caso, la ley establece que pueden pasar de recibir la mitad de la pensión al total si cuentan con un trabajador contratado.
Sin embargo, no estaba claro si esta contratación debía estar directamente relacionada con la actividad específica del autónomo jubilado o si podía ser más genérica. Por ello, la Seguridad Social modificó su criterio en 2018 para aclarar que la contratación debía ser para desempeñar la misma actividad con la que se dio de alta en la Seguridad Social.
El Supremo reconoce que acceder al 100% de la pensión es un caso excepcional y busca proteger a los empleados contratados para evitar la pérdida de empleo y mantener la actividad.
No se aceptará en el caso de actividades que no estén relacionadas. Por ejemplo, el Supremo ya rechazó otorgar la pensión completa a un autónomo que contrató a una empleada del hogar, ya que su función no estaba ligada con el trabajo empresarial que realizaba el autónomo, sino a necesidades de higiene en el hogar.
¿Te ha quedado alguna duda sobre la pensión por jubilación activa? Si deseas más información, no dudes en contarnos tu caso para que podamos estudiarlo.
La tributación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en donaciones varía dependiendo de diversos factores. Si quieres saber lo que te puede suponer una donación en cuanto a IRPF y plusvalía, en el siguiente artículo hacemos un repaso por los posibles escenarios.
Las donaciones de bienes como viviendas o acciones, en las que se cumplan los requisitos del artículo 33 de la Ley del Impuesto, implican el pago de impuestos por la ganancia patrimonial, pero no aplica en donaciones de dinero.
También hay casos exentos. Si el objeto de donación es una vivienda o propiedad habitual y el donante es una persona mayor de 65 años, la donación estará exenta de tener que declarar la ganancia patrimonial.
En los demás casos, la cantidad que se debe tributar en una donación depende de la ganancia patrimonial y se encuentra en un rango del 19% al 23% de la cantidad resultante.
Por ejemplo, si una transmisión de vivienda genera una ganancia patrimonial de 20.000 euros, se aplicarán los tramos correspondientes: hasta 6.000 euros: 19%, entre 6.000,01 y 50.000 euros: 21%, y entre 50.000,01 euros y 200.000 euros: 23%.
Para pagar menos impuestos en donaciones en el IRPF, es recomendable planificar la donación para reducir la ganancia patrimonial y tributar menos en el IRPF.
En cuanto al impuesto de Plusvalía Municipal, quien hace la donación debe declarar y tributar en el IRPF, independientemente de si hay ganancia patrimonial. Sin embargo, el impuesto de Plusvalía Municipal solo se aplica si hay una ganancia patrimonial.
Para calcular el pago de la plusvalía existen dos métodos: valoración objetiva y valoración real, y la elección dependerá del caso específico.
Hay casos en los que un familiar quiere ayudar a su hijo y le realiza una donación. Lo que no siempre sabe, es que este gesto podría ponerlo en una situación difícil, por las consecuencias fiscales que puede tener.
Por ello, a la hora de hacer una donación o de recibirla, es fundamental planificar la cesión, calcular lo que habrá que pagar de IRPF y también en el impuesto de sucesiones y donaciones. Así podrás saber de antemano si merece o no la pena hacer la donación en vida.
Cada caso puede ser diferente. Si tienes dudas sobre cómo gestionar una donación en términos de IRPF y plusvalía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para que estudiemos tu caso y podamos ayudarte.
El Gobierno de España ha introducido a audiencia pública el reglamento relacionado con la Ley 17/2022, la cual establece la obligatoriedad de la facturación electrónica en las transacciones entre empresarios y profesionales. Es una medida interesante para los autónomos, porque uno de sus objetivos es la lucha contra la morosidad.
La nueva Ley Crea y Crece introduce la obligatoriedad de la factura electrónica. Es decir, los autónomos deberán empezar a crear facturas electrónicas desde el momento en el que sea obligatorio (algo que se podrá hacer cómodamente mediante distintos softwares de facturación).
No obstante, la implementación de esta norma se retrasará hasta la aprobación del reglamento correspondiente. Esta obligación entrará en vigor 1 año después de la aprobación del reglamento para las empresas con ingresos anuales superiores a 8 millones de euros, y hasta 2 años para las demás.
Están obligados a presentar las facturas electrónicas todos los empresarios y profesionales sin importar su tamaño. Es una medida que afecta a todas las transacciones entre empresarios o profesionales (B2B) cuando ambas partes operan desde España, lo cual abarca también los territorios de Canarias, Ceuta y Melilla.
Se espera que sea obligatorio en 2024 para las empresas que facturan más de 8 millones anuales y para 2025 en el caso de los demás autónomos. Por lo que estamos ante unos dos años de verlo vigente y obligatorio para todos los profesionales.
A través de una plataforma pública gestionada por la AEAT o mediante plataformas privadas, que deben estar integradas con la plataforma pública para poder enviarlas.
En estos momentos, hay herramientas como Holded que ya permiten crear facturas electrónicas, con lo cual es cuestión de tiempo hasta que lo veamos normalizado.
Esta medida de la obligatoriedad de presentar facturas electrónicas puede ser muy beneficiosa para los autónomos y puede que aún no sepas hasta qué punto. Pero Hacienda ha asegurado que meterá en una especie de lista negra a las empresas que no paguen las facturas a sus clientes en el plazo legal de 30 días.
Es decir, si las empresas no pagan dentro del plazo, automáticamente quedarán exentas de recibir subvenciones y otras ayudas. Por lo que permitirá acabar con la morosidad que sufren muchos autónomos o, al menos, intentarlo.
¿Qué te parece la medida?